Se trata de una fecha instituida para promover la toma de conciencia sobre los posibles riesgos que podría representar la transferencia, el manejo, el uso y la liberación de los organismos vivos modificados para el ambiente, la diversidad biológica, la salud humana y la estructura socioeconómica.
El tema de la bioseguridad nos remite a las potencialidades que tiene nuestro país por su diversidad biológica y la responsabilidad de preservarla para las generaciones futuras. El Perú es poseedor de una riqueza biológica de tal magnitud que nos ha situado entre los 10 países megadiversos del planeta.
En el campo de la biotecnología, la diversidad biológica ha contribuido al surgimiento de un nuevo modelo económico: la bioeconomía. Uno de los beneficios de este esquema es la inclusión de nuevos mercados para los países en vías de desarrollo, como el Perú.
Otro aspecto fundamental es que ha posibilitado el apoyo y promoción a las experiencias y tradiciones de las comunidades rurales y amazónicas en la cadena productiva, para utilizar de manera sostenible una especie, asegurando no solo su provisión alimenticia, sino su presencia en los mercados y su manejo sustentable.
Todos estos aspectos nos remiten a la necesidad de seguir impulsando políticas de apoyo a la preservación y de promoción de nuestros recursos, de manera responsable y en forma articulada con el respaldo del sector privado.
En la actualidad, rige en el país la reglamentación de la Ley N° 29811, que establece una moratoria nacional de 10 años para el ingreso y cultivo de organismos vivos modificados. Esta pausa es importante, pues con el apoyo del Estado los campesinos y productores tienen la oportunidad de identificar los centros de origen y diversificación de la biodiversidad nativa, además de fortalecer la investigación y la competitividad del país con base en sus cultivos nativos y sectores como la agrobiodiversidad.
Se trata de un escenario donde el Estado, la empresa privada y las comunidades campesinas deben avanzar hacia la creación de condiciones para una producción responsable que signifique la satisfacción de necesidades de alimento y subsistencia a las familias y, al mismo tiempo, preservación de los recursos.
Se trata de una fecha instituida para promover la toma de conciencia sobre los posibles riesgos que podría representar la transferencia, el manejo, el uso y la liberación de los organismos vivos modificados para el ambiente, la diversidad biológica, la salud humana y la estructura socioeconómica.
El tema de la bioseguridad nos remite a las potencialidades que tiene nuestro país por su diversidad biológica y la responsabilidad de preservarla para las generaciones futuras. El Perú es poseedor de una riqueza biológica de tal magnitud que nos ha situado entre los 10 países megadiversos del planeta.
En el campo de la biotecnología, la diversidad biológica ha contribuido al surgimiento de un nuevo modelo económico: la bioeconomía. Uno de los beneficios de este esquema es la inclusión de nuevos mercados para los países en vías de desarrollo, como el Perú.
Otro aspecto fundamental es que ha posibilitado el apoyo y promoción a las experiencias y tradiciones de las comunidades rurales y amazónicas en la cadena productiva, para utilizar de manera sostenible una especie, asegurando no solo su provisión alimenticia, sino su presencia en los mercados y su manejo sustentable.
Todos estos aspectos nos remiten a la necesidad de seguir impulsando políticas de apoyo a la preservación y de promoción de nuestros recursos, de manera responsable y en forma articulada con el respaldo del sector privado.
En la actualidad, rige en el país la reglamentación de la Ley N° 29811, que establece una moratoria nacional de 10 años para el ingreso y cultivo de organismos vivos modificados. Esta pausa es importante, pues con el apoyo del Estado los campesinos y productores tienen la oportunidad de identificar los centros de origen y diversificación de la biodiversidad nativa, además de fortalecer la investigación y la competitividad del país con base en sus cultivos nativos y sectores como la agrobiodiversidad.
Se trata de un escenario donde el Estado, la empresa privada y las comunidades campesinas deben avanzar hacia la creación de condiciones para una producción responsable que signifique la satisfacción de necesidades de alimento y subsistencia a las familias y, al mismo tiempo, preservación de los recursos.
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