Valeria312
La Defensoria del Pueblo, velan por los derechos humanos
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carlossiu Instituciones nacionales de derechos humanos
Las instituciones nacionales de derechos humanos (INDDHH) son órganos administrativos creados para proteger y promover los derechos humanos en un país determinado. Hay unas 111 INDH, la mayoría de las cuales cumplen con las normas establecidas por los Principios de París y reconocidas por las Naciones Unidas.1 El cumplimiento de los Principios es requerido para la acreditación ante la ONU, que, únicamente para las instituciones nacionales, no se lleva a cabo directamente por un organismo de la ONU sino a través de revisión por pares realizado por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CUCIOC). Las instituciones acreditadas por el CUCIOC con 'estatus A', es decir, el pleno cumplimiento de los Principios de París, disfrutan de un acceso mucho mayor a los comités de tratado y otros órganos de derechos humanos de la ONU. La secretaría para el proceso de revisión (para la acreditación inicial y renovación de la acreditación cada cinco años) es proporcionada por la Sección Mecanismos Regionales e Instituciones Nacionales y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNDH).2
Las instituciones nacionales se pueden agrupar en dos grandes categorías: Comisiones de derechos humanos, y agencias de Defensor del pueblo u Ombudsman. Aunque la mayoría de las defensorías del pueblo ejercen sus facultades por una sola persona, las comisiones de derechos humanos tienen varios miembros, y son generalmente representativas de los diversos grupos sociales y tendencias políticas. A veces son como estos creadas para tratar temas específicos, tales como discriminación, aunque algunos son organismos con responsabilidades muy amplios. Instituciones nacionales especializadas existen en muchos países para proteger los derechos de un grupo particularmente vulnerable, por ejemplo las minorías étnicas y minorías lingüísticas, los pueblos indígenas, los niños, losrefugiados o las mujeres.
Sin embargo, en términos generales las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un mandato explícito y específico de promoción y protección de derechos humanos, lo que puede incluir la investigación de denuncias, la documentación, y la formación y educación en materia de derechos humanos, mientras que el modelo de ombudsman clásico tiende a trabajar más estrechamente en el manejo de quejas sobre deficiencias administrativas. Si bien todos las violaciones de los derechos humanos son casos de mala administración, sólo una pequeña proporción de la carga de trabajo de un Defensor del Pueblo trata de violaciones de derechos humanos.3
En la mayoría de los países, se prevé la creación de una institución nacional de derechos humanos por medio de la Constitución, una Ley de derechos humanos o una iniciativa específica de la legislación. El grado de independencia de las instituciones depende de la legislación nacional, y la mejor práctica requiere una base constitucional o legal en lugar de (por ejemplo) un Decreto Presidencial.
Instituciones nacionales de derechos humanos
Las instituciones nacionales de derechos humanos (INDDHH) son órganos administrativos creados para proteger y promover los derechos humanos en un país determinado. Hay unas 111 INDH, la mayoría de las cuales cumplen con las normas establecidas por los Principios de París y reconocidas por las Naciones Unidas.1 El cumplimiento de los Principios es requerido para la acreditación ante la ONU, que, únicamente para las instituciones nacionales, no se lleva a cabo directamente por un organismo de la ONU sino a través de revisión por pares realizado por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CUCIOC). Las instituciones acreditadas por el CUCIOC con 'estatus A', es decir, el pleno cumplimiento de los Principios de París, disfrutan de un acceso mucho mayor a los comités de tratado y otros órganos de derechos humanos de la ONU. La secretaría para el proceso de revisión (para la acreditación inicial y renovación de la acreditación cada cinco años) es proporcionada por la Sección Mecanismos Regionales e Instituciones Nacionales y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CNDH).2
Las instituciones nacionales se pueden agrupar en dos grandes categorías: Comisiones de derechos humanos, y agencias de Defensor del pueblo u Ombudsman. Aunque la mayoría de las defensorías del pueblo ejercen sus facultades por una sola persona, las comisiones de derechos humanos tienen varios miembros, y son generalmente representativas de los diversos grupos sociales y tendencias políticas. A veces son como estos creadas para tratar temas específicos, tales como discriminación, aunque algunos son organismos con responsabilidades muy amplios. Instituciones nacionales especializadas existen en muchos países para proteger los derechos de un grupo particularmente vulnerable, por ejemplo las minorías étnicas y minorías lingüísticas, los pueblos indígenas, los niños, losrefugiados o las mujeres.
Sin embargo, en términos generales las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un mandato explícito y específico de promoción y protección de derechos humanos, lo que puede incluir la investigación de denuncias, la documentación, y la formación y educación en materia de derechos humanos, mientras que el modelo de ombudsman clásico tiende a trabajar más estrechamente en el manejo de quejas sobre deficiencias administrativas. Si bien todos las violaciones de los derechos humanos son casos de mala administración, sólo una pequeña proporción de la carga de trabajo de un Defensor del Pueblo trata de violaciones de derechos humanos.3
En la mayoría de los países, se prevé la creación de una institución nacional de derechos humanos por medio de la Constitución, una Ley de derechos humanos o una iniciativa específica de la legislación. El grado de independencia de las instituciones depende de la legislación nacional, y la mejor práctica requiere una base constitucional o legal en lugar de (por ejemplo) un Decreto Presidencial.