una carta al presidente de la república Iván Duque en el que le solicitemos tomar medidas correspondientes frente a la difícil situación que están viviendo los colombianos más necesitados
Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y del ambiente abajo firmantes, manifestamos a Ud. Señor Presidente nuestra preocupación y rechazo por las medidas regresivas en materia de derechos humanos y del ambiente propuestas por algunos sectores del empresariado colombiano, como parte del denominado “paquete de alternativas para la prevención de la parálisis de la actividad económica en el escenario de la pandemia por el coronavirus COVID-19”.
El pasado 3 de abril, 25 empresarios asociados al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga remitieron a Ud. una comunicación con propuestas para ser implementadas en el marco de lo que han llamado la crisis socioeconómica causada por el COVID-19, manifestando especialmente la necesidad de adoptar medidas “para evitar que la actividad económica real caiga de forma drástica y persistente”.
El documento presenta medidas en diferentes niveles y temáticas, entre ellas una serie de medidas regresivas en materia de derechos humanos y del ambiente bajo la excusa de promover el desarrollo a partir del incremento en la productividad de algunos sectores.
Ellos proponen “aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalias (sic), de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país”. Encontramos esta propuesta con especial preocupación pues una vez más materializa los discursos antagónicos sobre los derechos humanos de comunidades étnicas, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Nuevamente se está usando un discurso que niega derechos y que entiende que el derecho a gozar de un ambiente sano y la garantía de la pervivencia física y cultural de los grupos étnicos, son asuntos que “frenan el desarrollo” del país, desconociendo abiertamente el reconocimiento constitucional que se da a la diversidad étnica y cultural de la Nación como un asunto de interés general en un Estado que se proclama como una república democrática, participativa y pluralista[1].
Le recordamos señor Presidente, al empresariado colombiano y a la opinión pública nacional e internacional, que la consulta previa, libre e informada no es un simple trámite, es un derecho de carácter fundamental[2], íntimamente vinculado con el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y su posibilidad de sobrevivir física y culturalmente.
En este sentido, avalar medidas que impliquen procedimientos abreviados no solo estaría contrariando los estándares internacionales y exponiendo al Estado de Colombia al incumplimiento de sus obligaciones internacionales[3], sino que implicaría indudablemente la adopción de medidas regresivas en materia de derechos humanos, que afectarían el interés general.
En esa misma dirección, manifestamos nuestro rechazo a la reciente directriz del Ministerio del Interior[4] que establece el uso de medios virtuales para la realización de la Consulta Previa, pues es contrario a la naturaleza y fin del derecho, al tiempo que desconoce las reales condiciones de vida en los territorios indígenas, donde el acceso a tecnologías de la información es generalmente excepcional. Además, el ejercicio del derecho a la consulta previa debe tomar en cuenta las formas propias de gobierno y toma de decisiones de las comunidades étnicas, por lo que desconocer esto implicaría la imposición de condiciones de desigualdad y privilegios en el diálogo intercultural.
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Respuesta:
Señor
Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
De nuestra consideración,
Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y del ambiente abajo firmantes, manifestamos a Ud. Señor Presidente nuestra preocupación y rechazo por las medidas regresivas en materia de derechos humanos y del ambiente propuestas por algunos sectores del empresariado colombiano, como parte del denominado “paquete de alternativas para la prevención de la parálisis de la actividad económica en el escenario de la pandemia por el coronavirus COVID-19”.
El pasado 3 de abril, 25 empresarios asociados al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga remitieron a Ud. una comunicación con propuestas para ser implementadas en el marco de lo que han llamado la crisis socioeconómica causada por el COVID-19, manifestando especialmente la necesidad de adoptar medidas “para evitar que la actividad económica real caiga de forma drástica y persistente”.
El documento presenta medidas en diferentes niveles y temáticas, entre ellas una serie de medidas regresivas en materia de derechos humanos y del ambiente bajo la excusa de promover el desarrollo a partir del incremento en la productividad de algunos sectores.
Ellos proponen “aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalias (sic), de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país”. Encontramos esta propuesta con especial preocupación pues una vez más materializa los discursos antagónicos sobre los derechos humanos de comunidades étnicas, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Nuevamente se está usando un discurso que niega derechos y que entiende que el derecho a gozar de un ambiente sano y la garantía de la pervivencia física y cultural de los grupos étnicos, son asuntos que “frenan el desarrollo” del país, desconociendo abiertamente el reconocimiento constitucional que se da a la diversidad étnica y cultural de la Nación como un asunto de interés general en un Estado que se proclama como una república democrática, participativa y pluralista[1].
Le recordamos señor Presidente, al empresariado colombiano y a la opinión pública nacional e internacional, que la consulta previa, libre e informada no es un simple trámite, es un derecho de carácter fundamental[2], íntimamente vinculado con el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y su posibilidad de sobrevivir física y culturalmente.
En este sentido, avalar medidas que impliquen procedimientos abreviados no solo estaría contrariando los estándares internacionales y exponiendo al Estado de Colombia al incumplimiento de sus obligaciones internacionales[3], sino que implicaría indudablemente la adopción de medidas regresivas en materia de derechos humanos, que afectarían el interés general.
En esa misma dirección, manifestamos nuestro rechazo a la reciente directriz del Ministerio del Interior[4] que establece el uso de medios virtuales para la realización de la Consulta Previa, pues es contrario a la naturaleza y fin del derecho, al tiempo que desconoce las reales condiciones de vida en los territorios indígenas, donde el acceso a tecnologías de la información es generalmente excepcional. Además, el ejercicio del derecho a la consulta previa debe tomar en cuenta las formas propias de gobierno y toma de decisiones de las comunidades étnicas, por lo que desconocer esto implicaría la imposición de condiciones de desigualdad y privilegios en el diálogo intercultural.
Explicación:
ESPERO HABERTE AYUDADO :)
Respuesta:
G
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