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Este trabajo surgió como respuesta a una preocupación acerca de la
situación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas en América
Latina. Es ampliamente conocido, y está profusamente documentado en la
literatura, el hecho de que la población indígena del continente ocupa, por lo
general, las posiciones más bajas en la escala de los índices socioeconómicos y
en la estratificación social de nuestros países. Los programas de gobierno,
conocidos genéricamente bajo el nombre de indigenismo, se han preocupado
fundamentalmente por elevar los niveles de vida de las poblaciones indígenas,
mediante proyectos de desarrollo de la comunidad, planes educativos, programas
médico-sanitarios, etc. Un problema complejo es el de la tierra de las
comunidades indígenas, vinculado como está a la problemática general de la
estructura agraria y a los diversos procesos de reforma y contrarreforma agraria
que han tenido lugar en distintos países del continente.
Sin embargo, la problemática de las poblaciones indígenas no se reduce a
carencias de orden material ni al desafío del desarrollo económico y social. Se
trata de algo mucho más profundo y complejo: la posibilidad de sobrevivencia de
más de cuatrocientos grupos étnicos indígenas del continente, que suman
alrededor de treinta millones de habitantes, como colectividades con identidad
étnica y cultura propias, en el marco de las sociedades nacionales. La violación de
los derechos humanos de los grupos indígenas no se manifiesta solamente por las
carencias de orden material y los procesos de despojo y explotación de los que
son víctimas, que han sido extensamente documentados en los últimos años, sino
también por que se les ha negado sistemáticamente la posibilidad de poder
conservar y desarrollar sus propias culturas (incluyendo lenguas, costumbres,
modos de convivencia y formas de organización social).
La mayoría de los indígenas en América Latina constituye colectividades de
campesinos pobres, cuyos deprimentes niveles de vida son el resultado de un
largo proceso histórico y de la forma en que fueron insertados primero en el
sistema colonial y posteriormente en la estructura económica de las republicas
independientes de América Latina. Su explotación ha sido doble: por una parte,
una explotación de su clase, por su condición precisamente de campesinos pobres
y marginados, carentes de tierras y de recursos, insertos en muchos casos en
sistemas de explotación de la mano de obra semifeudales (peonaje, pongueaje y
otras formas de servidumbre vinculadas a la existencia del latifundio en el agro
latinoamericano). Por otra parte, por su condición étnica de indígenas,
discriminados y despreciados por el racismo inherente y los sentimientos de
superioridad cultural de la sociedad nacional, dominada por los valores culturales
“occidentales”.
Ambos factores, la explotación de clase y la discriminación étnica, han
llegado a configurar un cuadro en el cual se presentan en ocasiones violaciones
masivas de los derechos humanos de los pueblos indígenas: asesinatos y
masacre que han sido incluso calificados de genocidio, despojo de tierras,