Las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en Argentina son víctimas del crimen de desaparición forzada antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar que hubo en Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983. Encerradas en centros clandestinos de detención, eran sometidas a torturas y en muchos casos asesinadas. Las primeras desapariciones y los primeros centros clandestinos de detención se instalaron en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y continuaron hasta 1984, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Tradicionalmente los organismos de derechos humanos, el movimiento sindical y la mayoría de los partidos políticos, realizaron una estimación de la cantidad de desapariciones en un número redondo de 30 000 personas.[3][4] En una carta escrita Eduardo Luis Duhalde en el año 2009, el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación defendía este número como el resultado de diversas variables tenidas en cuenta para su valoración, entre las que se encuentran por ejemplo la cantidad de centros de detención y exterminio, el número proporcional de habeas corpus presentados y los dichos de los propios militares.[5][6] Aseguraba que "la cifra de 30.000 no es ni arbitraria ni caprichosa, aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable" ya que "el carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad".
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Las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en Argentina son víctimas del crimen de desaparición forzada antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar que hubo en Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983. Encerradas en centros clandestinos de detención, eran sometidas a torturas y en muchos casos asesinadas. Las primeras desapariciones y los primeros centros clandestinos de detención se instalaron en 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y continuaron hasta 1984, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Tradicionalmente los organismos de derechos humanos, el movimiento sindical y la mayoría de los partidos políticos, realizaron una estimación de la cantidad de desapariciones en un número redondo de 30 000 personas.[3][4] En una carta escrita Eduardo Luis Duhalde en el año 2009, el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación defendía este número como el resultado de diversas variables tenidas en cuenta para su valoración, entre las que se encuentran por ejemplo la cantidad de centros de detención y exterminio, el número proporcional de habeas corpus presentados y los dichos de los propios militares.[5][6] Aseguraba que "la cifra de 30.000 no es ni arbitraria ni caprichosa, aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problema contable" ya que "el carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad".