A pesar de un conflicto armado interno de más de cincuenta años, Colombia ha logrado un progreso significativo en mejorar las oportunidades y la calidad de vida de sus ciudadanos. Desde 1990, el Índice de Desarrollo Humano ha crecido en 20 por ciento y la economía del país se reconoce ampliamente como sólida de ingreso medio alto, con un marco legal y político avanzado que sustenta una creciente oferta de servicios sociales básicos y de seguridad.
Colombia está en condiciones favorables para cumplir muchos de sus Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin embargo, los promedios nacionales esconden inequidades persistentes al interior de las regiones y entre regiones. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en menores de un año es más del doble del promedio nacional (17,47) en departamentos del Pacífico (Chocó, 41,92) y la región Amazónica (38,44). En La Guajira, este indicador alcanza un valor crítico de 31,61. De acuerdo con el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social (2012), las tasas más altas de mortalidad materna se presentaron en tres de las cinco regiones con la más alta población rural, indígena y afro-descendiente: La Caribe, la Pacífica y la Orinoquía. En el Chocó, la tasa de mortalidad materna es 224 por 100.000 nacidos vivos, más de tres veces el promedio nacional (65,89).
Las regiones más pobres del país donde vive la mayoría de las comunidades rurales, indígenas y afro-descendientes también se enfrentan a una mayor presencia de grupos armados no estatales y de actividades de economías ilegales. Consecuentemente, la violencia impide aún más la plena garantía de los derechos de la infancia. Las cifras oficiales reflejan tanto el alto impacto del conflicto armado interno en los niños y niñas, así como también los efectos de otras formas de violencia se entrecruzan.
Los niños se ven afectados de manera particular por las Minas Antipersonal (APL), las Municiones Sin Explotar (UXO) y los Artefactos Explosivos Improvisados (IED),el reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados,la violencia sexual asociada al conflicto, el desplazamiento interno, y el confinamiento/carencia de asistencia humanitaria. Aunque es imposible saber con certeza cuántos niños, niñas y adolescentes están vinculados a grupos armados actualmente, entre 1999 y 2013 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asistió a 5,417 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales, (28 por ciento niñas y 72 por ciento niños).
La violencia basada en género, especialmente la violencia sexual contra niños y niñas, continúa constituyendo una amenaza crítica, aun cuando hay un sub-registro de su incidencia. Esta violencia persiste tanto en el contexto del conflicto armado como en la sociedad en general. La información oficial proviene de los exámenes forenses asociados con la denuncia de delitos sexuales. En 2013, 86 por ciento de estos procedimientos médicos legales se realizaron en niños, niñas y adolescentes, de los cuales 84 por ciento eran niñas y 16 por ciento niños.
Inequidad, protección y construcción de paz, son factores claves que definen los derechos del niño y su bienestar, particularmente a la luz de un momento histórico en el que está Colombia. A medida que las negociaciones de paz avanzan hay una necesidad urgente de asegurarse que los derechos del niño estén en primer lugar de la agenda, evitando que se pierda terreno en los campos ganados con mucho esfuerzo, a favor de la infancia. La educación de calidad se mantiene como un aspecto que contribuye más que cualquier otro a la equidad, la construcción de paz y a la reconciliación.
El sistema educativo del país aún trabaja en proveer educación de calidad para la inclusión y la retención de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, en especial para indígenas y afrodescendientes. De 100 estudiantes que ingresan a la escuela en las zonas urbanas, el 82 por completa su educación, en tanto que en las zonas rurales, sólo el 48 por ciento lo hace. Mientras que la tasa nacional de analfabetismo es de 7.4 por ciento, en los afrodescendientes e indígenas es de 11,2 y 28,6 por ciento, respectivamente.
Respuesta:
espero que te sirva
Explicación:
A pesar de un conflicto armado interno de más de cincuenta años, Colombia ha logrado un progreso significativo en mejorar las oportunidades y la calidad de vida de sus ciudadanos. Desde 1990, el Índice de Desarrollo Humano ha crecido en 20 por ciento y la economía del país se reconoce ampliamente como sólida de ingreso medio alto, con un marco legal y político avanzado que sustenta una creciente oferta de servicios sociales básicos y de seguridad.
Colombia está en condiciones favorables para cumplir muchos de sus Objetivos de Desarrollo del Milenio, sin embargo, los promedios nacionales esconden inequidades persistentes al interior de las regiones y entre regiones. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en menores de un año es más del doble del promedio nacional (17,47) en departamentos del Pacífico (Chocó, 41,92) y la región Amazónica (38,44). En La Guajira, este indicador alcanza un valor crítico de 31,61. De acuerdo con el Ministerio Nacional de Salud y Protección Social (2012), las tasas más altas de mortalidad materna se presentaron en tres de las cinco regiones con la más alta población rural, indígena y afro-descendiente: La Caribe, la Pacífica y la Orinoquía. En el Chocó, la tasa de mortalidad materna es 224 por 100.000 nacidos vivos, más de tres veces el promedio nacional (65,89).
Las regiones más pobres del país donde vive la mayoría de las comunidades rurales, indígenas y afro-descendientes también se enfrentan a una mayor presencia de grupos armados no estatales y de actividades de economías ilegales. Consecuentemente, la violencia impide aún más la plena garantía de los derechos de la infancia. Las cifras oficiales reflejan tanto el alto impacto del conflicto armado interno en los niños y niñas, así como también los efectos de otras formas de violencia se entrecruzan.
Los niños se ven afectados de manera particular por las Minas Antipersonal (APL), las Municiones Sin Explotar (UXO) y los Artefactos Explosivos Improvisados (IED),el reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados,la violencia sexual asociada al conflicto, el desplazamiento interno, y el confinamiento/carencia de asistencia humanitaria. Aunque es imposible saber con certeza cuántos niños, niñas y adolescentes están vinculados a grupos armados actualmente, entre 1999 y 2013 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asistió a 5,417 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales, (28 por ciento niñas y 72 por ciento niños).
La violencia basada en género, especialmente la violencia sexual contra niños y niñas, continúa constituyendo una amenaza crítica, aun cuando hay un sub-registro de su incidencia. Esta violencia persiste tanto en el contexto del conflicto armado como en la sociedad en general. La información oficial proviene de los exámenes forenses asociados con la denuncia de delitos sexuales. En 2013, 86 por ciento de estos procedimientos médicos legales se realizaron en niños, niñas y adolescentes, de los cuales 84 por ciento eran niñas y 16 por ciento niños.
Inequidad, protección y construcción de paz, son factores claves que definen los derechos del niño y su bienestar, particularmente a la luz de un momento histórico en el que está Colombia. A medida que las negociaciones de paz avanzan hay una necesidad urgente de asegurarse que los derechos del niño estén en primer lugar de la agenda, evitando que se pierda terreno en los campos ganados con mucho esfuerzo, a favor de la infancia. La educación de calidad se mantiene como un aspecto que contribuye más que cualquier otro a la equidad, la construcción de paz y a la reconciliación.
El sistema educativo del país aún trabaja en proveer educación de calidad para la inclusión y la retención de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, en especial para indígenas y afrodescendientes. De 100 estudiantes que ingresan a la escuela en las zonas urbanas, el 82 por completa su educación, en tanto que en las zonas rurales, sólo el 48 por ciento lo hace. Mientras que la tasa nacional de analfabetismo es de 7.4 por ciento, en los afrodescendientes e indígenas es de 11,2 y 28,6 por ciento, respectivamente.