La Internacional de la Educación insiste en que la educación es un derecho humano y un bien público, y en que la provisión de una educación pública de calidad a todos los hombres, mujeres, niños y niñas es responsabilidad de los gobiernos. Desde que se llevaron a cabo las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), la IE ha expresado su preocupación por el hecho de que las propuestas para aumentar de forma significativa el ámbito de la liberalización comercial puedan provocar que sean acuerdos mercantiles y comerciales los que rijan los servicios educativos. Por su parte, la IE presionó activamente para que se excluyera al sector educativo del ámbito del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). El AGCS es un acuerdo multilateral que define restricciones en una amplia variedad de medidas gubernamentales que afectan a la comercialización de servicios. Existen motivos convincentes para preocuparse, pues el AGCS supone una amenaza significativa a regulaciones fundamentales de interés público, incluidas las relacionadas con la educación.
No obstante, durante los últimos años, se ha firmado un número cada vez mayor de acuerdos de inversión y comercio bilaterales, plurilaterales y regionales fuera del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMT). Como sucede en el caso del AGCS, dichos acuerdos pueden exponer al sector educativo a presiones relacionadas con la privatización y la mercantilización. Formalmente, estos documentos se centran en el comercio y la inversión que están reduciendo las cuotas y las tarifas arancelarias; sin embargo, sus temas principales engloban la cooperación normativa y la eliminación de las llamadas barreras «no arancelarias» al comercio. El resultado es que estos nuevos acuerdos de comercio e inversión implican riesgos significativos para la educación, las escuelas públicas y otras instituciones educativas, además de para los docentes, estudiantes y sus comunidades.
El AGCS es un acuerdo de comercio, inversión multilateral y movilidad laboral con efectos de amplio alcance y restricciones a la capacidad de tomar decisiones de los gobiernos nacionales. En el fondo, el AGCS compromete a los miembros de la OMC a una agenda de liberalización, no sólo mediante la eliminación de las barreras al comercio y la inversión en servicios, sino también incitando a los países que ya han privatizado, subcontratado o desregulado sus servicios públicos a cimentar esas liberalizaciones efectuando compromisos en los servicios correspondientes a la educación en el marco del AGCS. En los nuevos acuerdos de comercio e inversión bilaterales, plurilaterales y regionales, como el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), los efectos y restricciones de amplio alcance en cuanto a la toma de decisiones de los gobiernos nacionales se están ampliando aún más. En concreto,se incluyen nuevas normas y disciplinas, como la cooperación regulatoria y el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (SCIE), con consecuencias comerciales enormes para la educación y otros servicios públicos. Es necesario que la educación, la sanidad y otros servicios públicos queden excluidos de todos los acuerdos bilaterales, plurilaterales y regionales sobre comercio e inversión.
Respuesta:
La Internacional de la Educación insiste en que la educación es un derecho humano y un bien público, y en que la provisión de una educación pública de calidad a todos los hombres, mujeres, niños y niñas es responsabilidad de los gobiernos. Desde que se llevaron a cabo las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), la IE ha expresado su preocupación por el hecho de que las propuestas para aumentar de forma significativa el ámbito de la liberalización comercial puedan provocar que sean acuerdos mercantiles y comerciales los que rijan los servicios educativos. Por su parte, la IE presionó activamente para que se excluyera al sector educativo del ámbito del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). El AGCS es un acuerdo multilateral que define restricciones en una amplia variedad de medidas gubernamentales que afectan a la comercialización de servicios. Existen motivos convincentes para preocuparse, pues el AGCS supone una amenaza significativa a regulaciones fundamentales de interés público, incluidas las relacionadas con la educación.
No obstante, durante los últimos años, se ha firmado un número cada vez mayor de acuerdos de inversión y comercio bilaterales, plurilaterales y regionales fuera del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMT). Como sucede en el caso del AGCS, dichos acuerdos pueden exponer al sector educativo a presiones relacionadas con la privatización y la mercantilización. Formalmente, estos documentos se centran en el comercio y la inversión que están reduciendo las cuotas y las tarifas arancelarias; sin embargo, sus temas principales engloban la cooperación normativa y la eliminación de las llamadas barreras «no arancelarias» al comercio. El resultado es que estos nuevos acuerdos de comercio e inversión implican riesgos significativos para la educación, las escuelas públicas y otras instituciones educativas, además de para los docentes, estudiantes y sus comunidades.
El AGCS es un acuerdo de comercio, inversión multilateral y movilidad laboral con efectos de amplio alcance y restricciones a la capacidad de tomar decisiones de los gobiernos nacionales. En el fondo, el AGCS compromete a los miembros de la OMC a una agenda de liberalización, no sólo mediante la eliminación de las barreras al comercio y la inversión en servicios, sino también incitando a los países que ya han privatizado, subcontratado o desregulado sus servicios públicos a cimentar esas liberalizaciones efectuando compromisos en los servicios correspondientes a la educación en el marco del AGCS. En los nuevos acuerdos de comercio e inversión bilaterales, plurilaterales y regionales, como el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), los efectos y restricciones de amplio alcance en cuanto a la toma de decisiones de los gobiernos nacionales se están ampliando aún más. En concreto,se incluyen nuevas normas y disciplinas, como la cooperación regulatoria y el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (SCIE), con consecuencias comerciales enormes para la educación y otros servicios públicos. Es necesario que la educación, la sanidad y otros servicios públicos queden excluidos de todos los acuerdos bilaterales, plurilaterales y regionales sobre comercio e inversión.
Explicación:
ESPERO QUE TE SIRVA :)
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ha expresado su preocupación por el hecho de que las propuestas para aumentar de forma significativa el ámbito de la liberalización comercial
Explicación:
Espero que te ayude