Equidad: La desigualdad en el ingreso tiene su expresión física en el territorio, lo que lleva a situaciones de segregación residencial. Si bien no hay indicadores generales en América Latina para medir este fenómeno, hay datos que muestran diferentes niveles de acceso a servicios, tanto en términos de cantidad como de calidad. Por ejemplo, mientras que hay zonas del área metropolitana de Buenos Aires con cobertura total de saneamiento, otras tienen cobertura muy parcial. Por otra parte, la tasa de maternidad adolescente en un barrio informal de Buenos Aires, como el Barrio 31, duplica al del resto de la ciudad, mientras que la cantidad de jóvenes que no estudian y trabajan representa un 10% de la ciudad contra 25% en este barrio. Estas diferencias se replican en otras metrópolis. En el área metropolitana de Santiago, el acceso a áreas verdes en un municipio de mayor poder adquisitivo como Vitacura es de 18,3 m2de vegetación por habitante, mientras que Puente Alto sólo se cuenta con 1,8 m2. Lo mismo pasa en esta y otras latitudes con el acceso al transporte formal, a centros de educación y de salud, limitando así las posibilidades de desarrollo de las familias. Cerrar estas brechas y equiparar acceso y calidad de servicios, significa mejorar la ciudad.
Espacios públicos de calidad: El espacio público como lugar de encuentro ha adquirido una relevancia única durante los últimos años. Revitalizar espacios degradados, incorporar procesos de participación y apropiación en su diseño, teniendo en cuenta aspectos de género y edad, recuperar zonas de ríos y bañados, como paseos costeros, han generado lugares de encuentro ciudadano y mejor ciudad. Ejemplos como el de Rosario en Argentina –ciudad donde el 40% de la población vive a 500 metros o menos de una vía para la bicicleta, o el del 42 kilómetros pedaleables sobre la ribera del río Mapocho en Santiago, Chile- se replican en varias ciudades. Temas como la recuperación de franjas costeras para espacio público recreativo nos muestran una doble oportunidad: un lugar de encuentro ciudadano que mejora la calidad de vida y una alternativa de respuesta a los desafíos que el cambio climático trae para las ciudades del siglo XXI.
Conectividad y conexión con la ciudadanía: América Latina tendrá más de 200 millones de usuarios móviles utilizando aplicaciones inteligentes para tareas cotidianas en 2017. El acceso de los hogares urbanos a datos móviles representa una oportunidad única para los gobiernos en términos de dar un salto cualitativo en su relación con el ciudadano y amplía las posibilidades de identificar nuevas demandas, saber cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones de manera mucho más rápida y oportuna. Casos como el Centro de Control de Operaciones de Río de Janeiro, el conjunto de aplicaciones móviles para resolver problemas de movilidad o aquellas que monitorean las condiciones ambientales, están siendo replicados en múltiples ciudades. No hay posibilidad de desarrollo sin conectividad.
Seguridad: América Latina es la región más violenta del mundo, y sus números son alarmantes. Ocho de los diez países con más homicidios en el mundo están en nuestra región, así como 47 de las 50 ciudades más violentas. Uno de cada tres adultos latinoamericanos considera el crimen y la violencia como el tema de mayor prioridad. Una nota positiva es que el mayor involucramiento de los actores locales en los temas de seguridad, sobre todo en materia preventiva, está dando buenos resultados. La posibilidad de diseñar espacios públicos más seguros, realizar inteligencia con el uso de datos y detectar puntos calientes, entre otros, dan sus frutos. En el caso específico de Montevideo, se está trabajando a nivel territorial con prevención situacional a través del diseño de espacios públicos, incorporando el saber de los nativos de lugar sobre la seguridad-inseguridad del barrio Marconi.
La participación ciudadana se erige como una consecuencia del principio democrático, y se apoya en el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales que son susceptibles de causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y en la garantía de una efectiva participación
Respuesta:
Equidad: La desigualdad en el ingreso tiene su expresión física en el territorio, lo que lleva a situaciones de segregación residencial. Si bien no hay indicadores generales en América Latina para medir este fenómeno, hay datos que muestran diferentes niveles de acceso a servicios, tanto en términos de cantidad como de calidad. Por ejemplo, mientras que hay zonas del área metropolitana de Buenos Aires con cobertura total de saneamiento, otras tienen cobertura muy parcial. Por otra parte, la tasa de maternidad adolescente en un barrio informal de Buenos Aires, como el Barrio 31, duplica al del resto de la ciudad, mientras que la cantidad de jóvenes que no estudian y trabajan representa un 10% de la ciudad contra 25% en este barrio. Estas diferencias se replican en otras metrópolis. En el área metropolitana de Santiago, el acceso a áreas verdes en un municipio de mayor poder adquisitivo como Vitacura es de 18,3 m2de vegetación por habitante, mientras que Puente Alto sólo se cuenta con 1,8 m2. Lo mismo pasa en esta y otras latitudes con el acceso al transporte formal, a centros de educación y de salud, limitando así las posibilidades de desarrollo de las familias. Cerrar estas brechas y equiparar acceso y calidad de servicios, significa mejorar la ciudad.
Espacios públicos de calidad: El espacio público como lugar de encuentro ha adquirido una relevancia única durante los últimos años. Revitalizar espacios degradados, incorporar procesos de participación y apropiación en su diseño, teniendo en cuenta aspectos de género y edad, recuperar zonas de ríos y bañados, como paseos costeros, han generado lugares de encuentro ciudadano y mejor ciudad. Ejemplos como el de Rosario en Argentina –ciudad donde el 40% de la población vive a 500 metros o menos de una vía para la bicicleta, o el del 42 kilómetros pedaleables sobre la ribera del río Mapocho en Santiago, Chile- se replican en varias ciudades. Temas como la recuperación de franjas costeras para espacio público recreativo nos muestran una doble oportunidad: un lugar de encuentro ciudadano que mejora la calidad de vida y una alternativa de respuesta a los desafíos que el cambio climático trae para las ciudades del siglo XXI.
Conectividad y conexión con la ciudadanía: América Latina tendrá más de 200 millones de usuarios móviles utilizando aplicaciones inteligentes para tareas cotidianas en 2017. El acceso de los hogares urbanos a datos móviles representa una oportunidad única para los gobiernos en términos de dar un salto cualitativo en su relación con el ciudadano y amplía las posibilidades de identificar nuevas demandas, saber cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones de manera mucho más rápida y oportuna. Casos como el Centro de Control de Operaciones de Río de Janeiro, el conjunto de aplicaciones móviles para resolver problemas de movilidad o aquellas que monitorean las condiciones ambientales, están siendo replicados en múltiples ciudades. No hay posibilidad de desarrollo sin conectividad.
Seguridad: América Latina es la región más violenta del mundo, y sus números son alarmantes. Ocho de los diez países con más homicidios en el mundo están en nuestra región, así como 47 de las 50 ciudades más violentas. Uno de cada tres adultos latinoamericanos considera el crimen y la violencia como el tema de mayor prioridad. Una nota positiva es que el mayor involucramiento de los actores locales en los temas de seguridad, sobre todo en materia preventiva, está dando buenos resultados. La posibilidad de diseñar espacios públicos más seguros, realizar inteligencia con el uso de datos y detectar puntos calientes, entre otros, dan sus frutos. En el caso específico de Montevideo, se está trabajando a nivel territorial con prevención situacional a través del diseño de espacios públicos, incorporando el saber de los nativos de lugar sobre la seguridad-inseguridad del barrio Marconi.
Explicación:
Respuesta:
La participación ciudadana se erige como una consecuencia del principio democrático, y se apoya en el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales que son susceptibles de causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y en la garantía de una efectiva participación