crisis argentina de 2001/2002 en multitudinarias marchas de protesta o pintadas
con aerosol en los muros. La consigna no solo estaba dirigida contra el gobierno y
“los políticos” en general, sino también contra miembros del Poder Judicial, en
particular los propios jueces. Desde que estallara la crisis económica, se repitieron
manifestaciones masivas, por ejemplo, delante de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en Buenos Aires, que exigían incluso la renuncia de los magistrados.
La crisis institucional que vivió la Argentina se alcanza a apreciar en toda su
dimensión cuando se analizan los resultados de las encuestas realizadas en su
momento para medir la confianza ciudadana en la justicia. Apenas 5% de los
encuestados se manifestó en forma positiva, en tanto que 95% de los argentinos
indicó haber perdido la confianza en la justicia, una institución que para su funcionamiento requiere necesariamente de la confianza. Hasta la fecha es muy poco lo
que ha cambiado en ese sentido.
El argentino común considera a “los jueces” lisa y llanamente corruptos.
Debe tenerse en cuenta que aun en los casos en los que la corrupción judicial
constituye la gran excepción, basta con que algunos pocos casos tomen estado
público para dañar fuertemente la imagen de la justicia en su conjunto. En Argentina, sin embargo, fueron tantos los casos de corrupción registrados año tras año
que la confianza de los ciudadanos necesariamente debió descender hasta los niveles mínimos mencionados. A ello se agrega que la selección y el nombramiento de
los jueces no reúnen las condiciones de objetividad necesarias. Para el observador
extranjero, la discusión en torno al nombramiento de los miembros de la Corte
Suprema, en particular, alcanza niveles de politización difícilmente justificables.
Estas circunstancias determinaron que amplios sectores de la propia magistratura argentina comprendieran la necesidad de encarar una profunda renovación
ética de la justicia que restituyera la proximidad de la institución con el ciudadano. El Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer viene
Respuesta:
crisis argentina de 2001/2002 en multitudinarias marchas de protesta o pintadas
con aerosol en los muros. La consigna no solo estaba dirigida contra el gobierno y
“los políticos” en general, sino también contra miembros del Poder Judicial, en
particular los propios jueces. Desde que estallara la crisis económica, se repitieron
manifestaciones masivas, por ejemplo, delante de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en Buenos Aires, que exigían incluso la renuncia de los magistrados.
La crisis institucional que vivió la Argentina se alcanza a apreciar en toda su
dimensión cuando se analizan los resultados de las encuestas realizadas en su
momento para medir la confianza ciudadana en la justicia. Apenas 5% de los
encuestados se manifestó en forma positiva, en tanto que 95% de los argentinos
indicó haber perdido la confianza en la justicia, una institución que para su funcionamiento requiere necesariamente de la confianza. Hasta la fecha es muy poco lo
que ha cambiado en ese sentido.
El argentino común considera a “los jueces” lisa y llanamente corruptos.
Debe tenerse en cuenta que aun en los casos en los que la corrupción judicial
constituye la gran excepción, basta con que algunos pocos casos tomen estado
público para dañar fuertemente la imagen de la justicia en su conjunto. En Argentina, sin embargo, fueron tantos los casos de corrupción registrados año tras año
que la confianza de los ciudadanos necesariamente debió descender hasta los niveles mínimos mencionados. A ello se agrega que la selección y el nombramiento de
los jueces no reúnen las condiciones de objetividad necesarias. Para el observador
extranjero, la discusión en torno al nombramiento de los miembros de la Corte
Suprema, en particular, alcanza niveles de politización difícilmente justificables.
Estas circunstancias determinaron que amplios sectores de la propia magistratura argentina comprendieran la necesidad de encarar una profunda renovación
ética de la justicia que restituyera la proximidad de la institución con el ciudadano. El Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer viene
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