Se supone que la separación de poderes es garantía de libertad. Dado que hemos perdido la segunda en campos importantes en nuestro tiempo, hay quien insiste en que la solución de nuestros problemas pasaría por recuperar la primera.
Explicación:
¿Qué ha pasado? La respuesta que se suele dar es: lo que ha pasado es que se ha hipertrofiado el Poder Ejecutivo, que ha terminado por controlar a los otros dos. Ahí reside la causa de la pérdida de nuestros derechos y libertades: si logramos darle la vuelta, si volvemos a un poder separado, recuperaremos lo que es nuestro y seremos libres. ¿Sería, entonces, un paraíso la genuina separación de poderes? Veamos.
Supongamos que los tres poderes del Estado estuvieran realmente separados de modo tajante. Los ciudadanos votaríamos cada cuatro años a unos legisladores. Ellos dictarían las leyes que el Ejecutivo debería simplemente obedecer y gobernar en consecuencia.
El Gobierno podría ser elegido directamente por nosotros o indirectamente a través del Parlamento, donde comparecería regularmente para dar cuenta de sus actos. Los jueces se elegirían a sí mismos del modo que fuera, pero sin interferencia alguna del Legislativo o el Ejecutivo. Todo lo que tuviera que ver con las conductas ciudadanas, contratos y conflictos, sería dirimido en los tribunales, que se limitarían a hacer cumplir las leyes que el Parlamento aprobase.
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Se supone que la separación de poderes es garantía de libertad. Dado que hemos perdido la segunda en campos importantes en nuestro tiempo, hay quien insiste en que la solución de nuestros problemas pasaría por recuperar la primera.
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¿Qué ha pasado? La respuesta que se suele dar es: lo que ha pasado es que se ha hipertrofiado el Poder Ejecutivo, que ha terminado por controlar a los otros dos. Ahí reside la causa de la pérdida de nuestros derechos y libertades: si logramos darle la vuelta, si volvemos a un poder separado, recuperaremos lo que es nuestro y seremos libres. ¿Sería, entonces, un paraíso la genuina separación de poderes? Veamos.
Supongamos que los tres poderes del Estado estuvieran realmente separados de modo tajante. Los ciudadanos votaríamos cada cuatro años a unos legisladores. Ellos dictarían las leyes que el Ejecutivo debería simplemente obedecer y gobernar en consecuencia.
El Gobierno podría ser elegido directamente por nosotros o indirectamente a través del Parlamento, donde comparecería regularmente para dar cuenta de sus actos. Los jueces se elegirían a sí mismos del modo que fuera, pero sin interferencia alguna del Legislativo o el Ejecutivo. Todo lo que tuviera que ver con las conductas ciudadanas, contratos y conflictos, sería dirimido en los tribunales, que se limitarían a hacer cumplir las leyes que el Parlamento aprobase.