La corrupción es uno de los principales problemas que aquejan a la administración de justicia en Guatemala y de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fundación Myrna Mack (FMM)1, a partir del estudio de casos judiciales concretos, es un mecanismo fundamental en el proceso de generación de la impunidad y de las condiciones de fragilidad, deficiencia y atrofia, características del sistema judicial.
Un primer enunciado al respecto, es la percepción generalizada de que el fenómeno de la corrupción se extiende a todas las instituciones de justicia. Sin embargo, resulta difícil y complejo determinar con precisión su amplitud, manifestaciones concretas e implicaciones. No obstante, sí es posible determinar la existencia de sistemas que producen o que facilitan la corrupción, y de ahí la importancia de poner en marcha métodos dirigidos al diagnóstico de estos sistemas y a la definición de políticas de prevención y combate.
Es claro que este fenómeno obstaculiza la labor de la justicia. Por eso, el soborno a funcionarios judiciales, incluso a testigos y otros sujetos procesales, con el fin de entorpecer un trámite tribunalicio, manipular la investigación criminal, retardar o negar justicia, constituye una de las principales preocupaciones asentadas en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC)2, y en el informe "Una nueva justicia para la paz" de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia (CFJ)3.
Ambos documentos realizan recomendaciones que deben ser ejecutadas con urgencia, a efecto de asegurar el buen funcionamiento del sistema y erradicar la corrupción. Con respecto del tema, el AFPC declara como prioridad la erradicación de la corrupción en el ámbito concreto del sistema de justicia, siendo que tal práctica se considera obstáculo principal en el acceso a la justicia y en la adecuada prestación de ese servicio público esencial. (Considerando III, numerales 8, 9 y 10)
La corrupción es uno de los principales problemas que aquejan a la administración de justicia en Guatemala y de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fundación Myrna Mack (FMM)1, a partir del estudio de casos judiciales concretos, es un mecanismo fundamental en el proceso de generación de la impunidad y de las condiciones de fragilidad, deficiencia y atrofia, características del sistema judicial.
Un primer enunciado al respecto, es la percepción generalizada de que el fenómeno de la corrupción se extiende a todas las instituciones de justicia. Sin embargo, resulta difícil y complejo determinar con precisión su amplitud, manifestaciones concretas e implicaciones. No obstante, sí es posible determinar la existencia de sistemas que producen o que facilitan la corrupción, y de ahí la importancia de poner en marcha métodos dirigidos al diagnóstico de estos sistemas y a la definición de políticas de prevención y combate.
Es claro que este fenómeno obstaculiza la labor de la justicia. Por eso, el soborno a funcionarios judiciales, incluso a testigos y otros sujetos procesales, con el fin de entorpecer un trámite tribunalicio, manipular la investigación criminal, retardar o negar justicia, constituye una de las principales preocupaciones asentadas en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC)2, y en el informe "Una nueva justicia para la paz" de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia (CFJ)3.
Ambos documentos realizan recomendaciones que deben ser ejecutadas con urgencia, a efecto de asegurar el buen funcionamiento del sistema y erradicar la corrupción. Con respecto del tema, el AFPC declara como prioridad la erradicación de la corrupción en el ámbito concreto del sistema de justicia, siendo que tal práctica se considera obstáculo principal en el acceso a la justicia y en la adecuada prestación de ese servicio público esencial. (Considerando III, numerales 8, 9 y 10)