Esta iniciativa fue presentada en años anteriores por el expresidente César Gaviria Trujillo, con el nombre de ‘Borrón y cuenta nueva’, que lamentablemente no tuvo mayor incidencia, puesto que el proceso de paz aún se encontraba en pañales; pero, ahora, que se avanza con pasos firmes y seguros, valdría la pena reconsiderarla, pero tramitando una ley con el fin de que se evalúe lo mas profusamente posible, se identifiquen los sectores a los cuales va a beneficiar, pero, sobre todo, que guarde un sano equilibrio y relación entre los tres poderes públicos.
La ley de perdón y olvido o de punto final fue aplicada a partir de 1.990, cuando fueron indultados más de cinco mil guerrilleros y paramilitares, pero veinte años después, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Sería conveniente hacer una evaluación si las personas que se acogieron a ella han cumplido con lo acordado, esto con el fin de detectar las falencias que se hayan podido cometer y no incurrir en nuevos errores.
En los actuales momentos esta ley puede ser el escenario soñado para lograr una paz sincera y duradera. No olvidemos que cada uno de los tres poderes públicos está hasta el tope, atiborrados por causas que en honor a la verdad, no ameritan seguir todo un proceso de desgaste, puesto que víctimas y victimarios mediante un programa abreviado de reconciliación, pueden saldar sus cuentas, de paso la justicia se ahorraría un inmenso trabajo y presupuesto.
Son reconfortantes las experiencias que se han visto desde diferentes escenarios del conflicto, cuando víctimas y victimarios se encuentran frente a frente, se dan el abrazo del perdón, se prometen estar reconciliados para el resto de sus vidas, sin embargo, quedan muchas dudas y cabos sueltos, para que las cuentas queden realmente saldadas debe existir un documento de reconciliación expedido por autoridad competente, en invocación de la Ley de Perdón y Olvido cual es la que estamos proponiendo.
En nuestro concepto, desde el punto de vista de comunidad y desarrollo, todos estos actos de fe y reconciliación, deben estar protegidos por la ley, para que las partes una vez se den el abrazo sincero del perdón,- sea declarado como acto oficial-, firmen un acta ante autoridad competente, donde consten las condiciones y exigencias que se acordaron, y los motivos que los llevaron a los escenarios de la reconciliación.
Esta iniciativa fue presentada en años anteriores por el expresidente César Gaviria Trujillo, con el nombre de ‘Borrón y cuenta nueva’, que lamentablemente no tuvo mayor incidencia, puesto que el proceso de paz aún se encontraba en pañales; pero, ahora, que se avanza con pasos firmes y seguros, valdría la pena reconsiderarla, pero tramitando una ley con el fin de que se evalúe lo mas profusamente posible, se identifiquen los sectores a los cuales va a beneficiar, pero, sobre todo, que guarde un sano equilibrio y relación entre los tres poderes públicos.
La ley de perdón y olvido o de punto final fue aplicada a partir de 1.990, cuando fueron indultados más de cinco mil guerrilleros y paramilitares, pero veinte años después, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Sería conveniente hacer una evaluación si las personas que se acogieron a ella han cumplido con lo acordado, esto con el fin de detectar las falencias que se hayan podido cometer y no incurrir en nuevos errores.
En los actuales momentos esta ley puede ser el escenario soñado para lograr una paz sincera y duradera. No olvidemos que cada uno de los tres poderes públicos está hasta el tope, atiborrados por causas que en honor a la verdad, no ameritan seguir todo un proceso de desgaste, puesto que víctimas y victimarios mediante un programa abreviado de reconciliación, pueden saldar sus cuentas, de paso la justicia se ahorraría un inmenso trabajo y presupuesto.
Son reconfortantes las experiencias que se han visto desde diferentes escenarios del conflicto, cuando víctimas y victimarios se encuentran frente a frente, se dan el abrazo del perdón, se prometen estar reconciliados para el resto de sus vidas, sin embargo, quedan muchas dudas y cabos sueltos, para que las cuentas queden realmente saldadas debe existir un documento de reconciliación expedido por autoridad competente, en invocación de la Ley de Perdón y Olvido cual es la que estamos proponiendo.
En nuestro concepto, desde el punto de vista de comunidad y desarrollo, todos estos actos de fe y reconciliación, deben estar protegidos por la ley, para que las partes una vez se den el abrazo sincero del perdón,- sea declarado como acto oficial-, firmen un acta ante autoridad competente, donde consten las condiciones y exigencias que se acordaron, y los motivos que los llevaron a los escenarios de la reconciliación.