La historia antigua de la deuda externa en México comienza con el nacimiento de la república en 1824, habiendo sido relatada y analizada en diversos trabajos que incluyen los estudios clásicos de Turlington y Bazant hasta una gama más reciente de ensayos históricos. De hecho, desde la independencia y durante gran parte el siglo XIX, la historia financiera y política de la república mexicana estuvo signada por el sinoaparentemente fatal e ineluctable de la imposibilidad de pagar la deuda, lo que provocó la intervención militar europeo en México y la ocupación del país durante el Imperio de Maximiliano. Luego, vendrían las renegociaciones de la deuda y el regreso a los mercados de capitales en el porfiriato, tema que también ha merecido un cierto número de estudios recientes.
Después del comienzo de la revolución mexicana, la situación financiera comenzó a complicarse y en 1914- en medio de las violentas luchas entre fracciones políticas- el gobierno federal suspendió pagos sobre la deuda externa. Para entonces, el valor nominal de la deuda pública consolidada era de aproximadamente 300 millones de dólares, al que había que agregar otros 300 millones de los bonos externos pagaderos en oro de la empresa paraestatal de Ferrocarriles Nacionales de México. El gobierno mexicano declaró una moratoria unilateral de pagos desde 1914 cuando, a raíz de la revolución, las arcas del Tesoro simplemente quedaron vacías. Durante las décadas siguientes se llevaron a cabo repetidas negociaciones con los banqueros (que representaban a los acreedores extranjeros) pero el monto de los pagos concedidos por el gobierno fue siempre insignificante.
La primera renegociación importante de la deuda externa después de la revolución tuvo lugar en 1922. Los principales personajes involucrados fueron el ministro mexicano de Hacienda, Adolfo de la Huerta, y Thomas Lamont, presidente del Comité Internacional de Banqueros en México. Este último organismo representaba a los inversores norteamericanos y europeos que habían adquirido bonos estatales antes de 1914, así como a los accionistas extranjeros de los Ferrocarriles Nacionales Mexicanos. En 1921 los banqueros habían ejercido una gran presión sobre el Departamento de Estado para que se tomasen medidas para el reconocimiento formal del gobierno mexicano postrevolucionario. A este reconocimiento se opusieron las compañías petroleras norteamericanas que exigían la intervención política y/o militar de los Estados Unidos para proteger sus intereses en Veracruz y Tampico. Sin embargo, en última instancia prevalecieron los argumentos de los banqueros. Por ello, la administración del presidente Alvaro Obregón recibió con beneplácito a los financieros en la ciudad de México, esperando conseguir una reducción del servicio de la deuda y confiando en la posibilidad obtener un empréstito para coayudar al establecimiento de un BancoCentral.
No obstante las muestras preliminares de buena voluntad, las negociaciones entre Lamont y el ministro de finanzas mexicano no resultaron cordiales De la Huerta insistía en que su gobierno estaba preparado a reconocer las deudas pre-revolucionarias, pero que no sacrificaría el bienestar del pueblo mexicano. Afirmaba:
"Por encima de todo, México debe sobrevivir ... Si una familia se encuentra en apuros económicos, la primera consideración debe ser el pan y la leche y, después de ello, los acreedores...".
La historia antigua de la deuda externa en México comienza con el nacimiento de la república en 1824, habiendo sido relatada y analizada en diversos trabajos que incluyen los estudios clásicos de Turlington y Bazant hasta una gama más reciente de ensayos históricos. De hecho, desde la independencia y durante gran parte el siglo XIX, la historia financiera y política de la república mexicana estuvo signada por el sinoaparentemente fatal e ineluctable de la imposibilidad de pagar la deuda, lo que provocó la intervención militar europeo en México y la ocupación del país durante el Imperio de Maximiliano. Luego, vendrían las renegociaciones de la deuda y el regreso a los mercados de capitales en el porfiriato, tema que también ha merecido un cierto número de estudios recientes.
Después del comienzo de la revolución mexicana, la situación financiera comenzó a complicarse y en 1914- en medio de las violentas luchas entre fracciones políticas- el gobierno federal suspendió pagos sobre la deuda externa. Para entonces, el valor nominal de la deuda pública consolidada era de aproximadamente 300 millones de dólares, al que había que agregar otros 300 millones de los bonos externos pagaderos en oro de la empresa paraestatal de Ferrocarriles Nacionales de México. El gobierno mexicano declaró una moratoria unilateral de pagos desde 1914 cuando, a raíz de la revolución, las arcas del Tesoro simplemente quedaron vacías. Durante las décadas siguientes se llevaron a cabo repetidas negociaciones con los banqueros (que representaban a los acreedores extranjeros) pero el monto de los pagos concedidos por el gobierno fue siempre insignificante.
La primera renegociación importante de la deuda externa después de la revolución tuvo lugar en 1922. Los principales personajes involucrados fueron el ministro mexicano de Hacienda, Adolfo de la Huerta, y Thomas Lamont, presidente del Comité Internacional de Banqueros en México. Este último organismo representaba a los inversores norteamericanos y europeos que habían adquirido bonos estatales antes de 1914, así como a los accionistas extranjeros de los Ferrocarriles Nacionales Mexicanos. En 1921 los banqueros habían ejercido una gran presión sobre el Departamento de Estado para que se tomasen medidas para el reconocimiento formal del gobierno mexicano postrevolucionario. A este reconocimiento se opusieron las compañías petroleras norteamericanas que exigían la intervención política y/o militar de los Estados Unidos para proteger sus intereses en Veracruz y Tampico. Sin embargo, en última instancia prevalecieron los argumentos de los banqueros. Por ello, la administración del presidente Alvaro Obregón recibió con beneplácito a los financieros en la ciudad de México, esperando conseguir una reducción del servicio de la deuda y confiando en la posibilidad obtener un empréstito para coayudar al establecimiento de un BancoCentral.
No obstante las muestras preliminares de buena voluntad, las negociaciones entre Lamont y el ministro de finanzas mexicano no resultaron cordiales De la Huerta insistía en que su gobierno estaba preparado a reconocer las deudas pre-revolucionarias, pero que no sacrificaría el bienestar del pueblo mexicano. Afirmaba:
"Por encima de todo, México debe sobrevivir ... Si una familia se encuentra en apuros económicos, la primera consideración debe ser el pan y la leche y, después de ello, los acreedores...".