Proponemos: una asignación universal para cada menor de 16 años.
¿Por qué universal?
Porque l@s niñ2s no son responsables de su suerte y de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos del Niño, todos l@s niñ@s tienen derecho a la alimentación y a un desarrollo adecuado. Los titulares de este derecho son l@s niñ@s, no sus madres y padres. Por tanto, no pueden convertirse en derechos condicionados a la situación de los progenitores. Además, se ha demostrado en los países de nuestro entorno, como Francia, la eficacia y el apoyo social que tienen medidas universales de este tipo que no implican tests de recursos ni controles burocráticos. La perceptora sería la madre y, en caso de que esta no estuviera o no tuviera la tutela, el padre.
2. Derecho a unos ingresos mínimos.
Proponemos: articular desde el Estado español una política de garantía de ingresos para todas aquellas personas que están en situación de pobreza que llegue al umbral de la pobreza y que dé homogeneidad a un sistema fragmentado y desigualitario entre las diversas Comunidades Autónomas.
Incrementar el salario mínimo interprofesional para evitar la pobreza laboral así como establecer salarios máximos en el ámbito político, deportivo e incentivándolo en sector privado.
3. Derecho a la igualdad
Proponemos:
Una mayor dotación presupuestaria para proteger a las víctimas de la violencia de género.
Un programa educativo centrado en la igualdad como valor transversal.
Políticas de discriminación inversa en el ámbito privado que aseguren un 40% en los puestos directivos de la empresa.
Prolongar la baja por maternidad para que alcance los doce meses, pudiendo ésta distribuirse entre los dos progenitores y siendo obligatorio que el padre se coja por lo menos un mes.
4. Derecho al agua y a la energía.
Proponemos: reconocer como derecho en una norma con rango de ley el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas recuperando la gestión pública de los mismos con el objetivo de la sostenibilidad social y ambiental apostando por las energías renovables.
5. Derecho a la vivienda.
Proponemos:
Llevar a cabo una reforma del modelo de ordenación territorial y urbanística dirigido a alcanzar la sostenibilidad social y ambiental del territorio, en un modelo de ciudad compacta, que haga posible el derecho a una vivienda digna y adecuada, fomentando el alquiler, haciéndolo accesible a los sectores sociales más desfavorecidos, movilizando la vivienda desocupada, estableciendo un mercado de precios regulados para la construcción de la ciudad nueva y rehabilitando la ciudad ya construida.
Reformar la legislación hipotecaria para incluir la dación en pago.
Integrar la política de vivienda en el conjunto de políticas sociales, de forma que dependa del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad.
Desarrollar una Ley que desarrolle el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución.
6. Derecho a la educación.
Proponemos:
Llevar a cabo una reforma del modelo de ordenación territorial y urbanística dirigido a alcanzar la sostenibilidad social y ambiental del territorio, en un modelo de ciudad compacta, que haga posible el derecho a una vivienda digna y adecuada, fomentando el alquiler, haciéndolo accesible a los sectores sociales más desfavorecidos, movilizando la vivienda desocupada, estableciendo un mercado de precios regulados para la construcción de la ciudad nueva y rehabilitando la ciudad ya construida.
Reformar la legislación hipotecaria para incluir la dación en pago.
Integrar la política de vivienda en el conjunto de políticas sociales, de forma que dependa del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad.
Desarrollar una Ley que desarrolle el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución.
7. Derecho a la protección de la salud.
Proponemos:
Asegurar la garantía universal del derecho a la protección de la salud, independientemente de cuál sea la situación administrativa o laboral de la persona, bastando con el simple empadronamiento. Esto debe materializarse con la misma tarjeta sanitaria para todos.
Asegurar una mejor cobertura a los grupos y comunidades desfavorecidas o marginalizadas, con especial énfasis en salud mental, enfermedades raras, adicciones, personas migrantes, personas sin hogar, personas con enfermedades crónicas y VIH/SIDA.
Hacer una apuesta desde el Ministerio de Sanidad por la salud preventiva, intensificando campañas preventivas y de educación en estilos de vida saludables.
Explicación:
12 propuestas sobre derechos humanos.
1. Derecho de los niños.
Proponemos: una asignación universal para cada menor de 16 años.
¿Por qué universal?
Porque l@s niñ2s no son responsables de su suerte y de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos del Niño, todos l@s niñ@s tienen derecho a la alimentación y a un desarrollo adecuado. Los titulares de este derecho son l@s niñ@s, no sus madres y padres. Por tanto, no pueden convertirse en derechos condicionados a la situación de los progenitores. Además, se ha demostrado en los países de nuestro entorno, como Francia, la eficacia y el apoyo social que tienen medidas universales de este tipo que no implican tests de recursos ni controles burocráticos. La perceptora sería la madre y, en caso de que esta no estuviera o no tuviera la tutela, el padre.
2. Derecho a unos ingresos mínimos.
Proponemos: articular desde el Estado español una política de garantía de ingresos para todas aquellas personas que están en situación de pobreza que llegue al umbral de la pobreza y que dé homogeneidad a un sistema fragmentado y desigualitario entre las diversas Comunidades Autónomas.
Incrementar el salario mínimo interprofesional para evitar la pobreza laboral así como establecer salarios máximos en el ámbito político, deportivo e incentivándolo en sector privado.
3. Derecho a la igualdad
Proponemos:
Una mayor dotación presupuestaria para proteger a las víctimas de la violencia de género.
Un programa educativo centrado en la igualdad como valor transversal.
Políticas de discriminación inversa en el ámbito privado que aseguren un 40% en los puestos directivos de la empresa.
Prolongar la baja por maternidad para que alcance los doce meses, pudiendo ésta distribuirse entre los dos progenitores y siendo obligatorio que el padre se coja por lo menos un mes.
4. Derecho al agua y a la energía.
Proponemos: reconocer como derecho en una norma con rango de ley el acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas recuperando la gestión pública de los mismos con el objetivo de la sostenibilidad social y ambiental apostando por las energías renovables.
5. Derecho a la vivienda.
Proponemos:
Llevar a cabo una reforma del modelo de ordenación territorial y urbanística dirigido a alcanzar la sostenibilidad social y ambiental del territorio, en un modelo de ciudad compacta, que haga posible el derecho a una vivienda digna y adecuada, fomentando el alquiler, haciéndolo accesible a los sectores sociales más desfavorecidos, movilizando la vivienda desocupada, estableciendo un mercado de precios regulados para la construcción de la ciudad nueva y rehabilitando la ciudad ya construida.
Reformar la legislación hipotecaria para incluir la dación en pago.
Integrar la política de vivienda en el conjunto de políticas sociales, de forma que dependa del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad.
Desarrollar una Ley que desarrolle el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución.
6. Derecho a la educación.
Proponemos:
Llevar a cabo una reforma del modelo de ordenación territorial y urbanística dirigido a alcanzar la sostenibilidad social y ambiental del territorio, en un modelo de ciudad compacta, que haga posible el derecho a una vivienda digna y adecuada, fomentando el alquiler, haciéndolo accesible a los sectores sociales más desfavorecidos, movilizando la vivienda desocupada, estableciendo un mercado de precios regulados para la construcción de la ciudad nueva y rehabilitando la ciudad ya construida.
Reformar la legislación hipotecaria para incluir la dación en pago.
Integrar la política de vivienda en el conjunto de políticas sociales, de forma que dependa del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad.
Desarrollar una Ley que desarrolle el derecho a la vivienda del artículo 47 de la Constitución.
7. Derecho a la protección de la salud.
Proponemos:
Asegurar la garantía universal del derecho a la protección de la salud, independientemente de cuál sea la situación administrativa o laboral de la persona, bastando con el simple empadronamiento. Esto debe materializarse con la misma tarjeta sanitaria para todos.
Asegurar una mejor cobertura a los grupos y comunidades desfavorecidas o marginalizadas, con especial énfasis en salud mental, enfermedades raras, adicciones, personas migrantes, personas sin hogar, personas con enfermedades crónicas y VIH/SIDA.
Hacer una apuesta desde el Ministerio de Sanidad por la salud preventiva, intensificando campañas preventivas y de educación en estilos de vida saludables.