párrafo plis ayuda doy coronita es como un resumen
Salvo la expresa exclusión de los niños desvinculados del conflicto de cualquier actividad de inteligencia, las nuevas normas convirtieron la reinserción individual en un campo de batalla. La extensión de la reinserción individual a los miembros de los grupos de autodefensa o paramilitares, se acompañó de un incentivo que militarizó la desmovilización según el artículo 9 del decreto 128 de 2003 que establece beneficios por colaboración al disponer: "el desmovilizado que voluntariamente desee hacer un aporte eficaz a la justicia entregando información conducente a evitar atentados terroristas, que suministre información que permita liberar secuestrados, encontrar caletas de armamento, equipos de comunicación, dinero producto del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilícita realizada por organizaciones armadas al margen de la ley... o la captura de cabecillas, recibirá del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica acorde con el resultado..."
Como si fuera poco, el decreto 2767 de 2004 explicita la articulación de la desmovilización a la estrategia de seguridad promovida por el actual gobierno. En sus considerandos advierte que "el Plan Nacional de Desarrollo... busca que los ciudadanos cumplan con su deber de apoyar el esfuerzo estatal de brindar seguridad, y de este modo acompañen al Estado y se sientan respaldados por este. El núcleo inicial de este apoyo lo constituye la conformación de redes de cooperantes" y en efecto, el artículo 4 de dicho decreto establece que "los desmovilizados o reincorporados que voluntariamente deseen desarrollar actividades de cooperación para la Fuerza Pública podrán recibir del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica...".
Despolitización
La actual política de reinserción constituye una deliberada despolitización, asunto estructuralmente crítico en la desmovilización individual, que proviene del decreto 1385 de 1994 a pesar del favorable ambiente político institucional. Ante la fragmentación derivada de la forma como se produce la desmovilización -mediante la deserción del grupo madre- la institucionalidad pública no logra responder con el estímulo de mecanismos de asociación, representación colectiva e interlocución política y más bien, se asume a la población como simple receptora de acciones de asistencia social. Por su parte, los decretos 128 y 2767 insisten en limitar las favorabilidades al campo jurídico y a los "beneficios" económicos y sociales, que a lo sumo se extienden a su núcleo familiar.
Esta intrascendencia política de los desmovilizados individuales y la imposibilidad para ser considerados interlocutores válidos en la estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de reinserción tiene un impacto directo en los procesos de reincorporación. El fraccionamiento de sus proyectos económicos y sociales se fortalece, la ausencia de cooperación aumenta las dificultades para integrarse a un mundo urbano que les ofrece un anonimato relativamente seguro y las barreras para articularse en calidad de ciudadanos a procesos sociales y comunitarios los envían a los extramuros de la marginalidad social y política.
Es indiscutible que la experiencia en políticas de paz y en procesos de reincorporación y reinserción, a lo largo de 20 años, no ha sido el resultado de un acuerdo global de paz que signifique un cierre definitivo de la confrontación armada y dé paso a un proyecto de reconciliación nacional y al posconflicto. Paradójicamente, el ejercicio de la paz negociada se ha vivido en medio de la guerra. Se ha fraguado un modelo de paz parcelada que ha convivido con el incremento -en extensión e intensidad- de la contienda militar entre Estado, paramilitares y guerrillas. No obstante, esta circunstancia no debe alterar el carácter pacifista de las políticas de reinserción.
Salvo la expresa exclusión de los niños desvinculados del conflicto de cualquier actividad de inteligencia, las nuevas normas convirtieron la reinserción individual en un campo de batalla. La extensión de la reinserción individual a los miembros de los grupos de autodefensa o paramilitares, se acompañó de un incentivo que militarizó la desmovilización según el artículo 9 del decreto 128 de 2003 que establece beneficios por colaboración al disponer: "el desmovilizado que voluntariamente desee hacer un aporte eficaz a la justicia entregando información conducente a evitar atentados terroristas, que suministre información que permita liberar secuestrados, encontrar caletas de armamento, equipos de comunicación, dinero producto del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilícita realizada por organizaciones armadas al margen de la ley... o la captura de cabecillas, recibirá del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica acorde con el resultado..."
Como si fuera poco, el decreto 2767 de 2004 explicita la articulación de la desmovilización a la estrategia de seguridad promovida por el actual gobierno. En sus considerandos advierte que "el Plan Nacional de Desarrollo... busca que los ciudadanos cumplan con su deber de apoyar el esfuerzo estatal de brindar seguridad, y de este modo acompañen al Estado y se sientan respaldados por este. El núcleo inicial de este apoyo lo constituye la conformación de redes de cooperantes" y en efecto, el artículo 4 de dicho decreto establece que "los desmovilizados o reincorporados que voluntariamente deseen desarrollar actividades de cooperación para la Fuerza Pública podrán recibir del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica...".
Despolitización
La actual política de reinserción constituye una deliberada despolitización, asunto estructuralmente crítico en la desmovilización individual, que proviene del decreto 1385 de 1994 a pesar del favorable ambiente político institucional. Ante la fragmentación derivada de la forma como se produce la desmovilización -mediante la deserción del grupo madre- la institucionalidad pública no logra responder con el estímulo de mecanismos de asociación, representación colectiva e interlocución política y más bien, se asume a la población como simple receptora de acciones de asistencia social. Por su parte, los decretos 128 y 2767 insisten en limitar las favorabilidades al campo jurídico y a los "beneficios" económicos y sociales, que a lo sumo se extienden a su núcleo familiar.
Esta intrascendencia política de los desmovilizados individuales y la imposibilidad para ser considerados interlocutores válidos en la estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de reinserción tiene un impacto directo en los procesos de reincorporación. El fraccionamiento de sus proyectos económicos y sociales se fortalece, la ausencia de cooperación aumenta las dificultades para integrarse a un mundo urbano que les ofrece un anonimato relativamente seguro y las barreras para articularse en calidad de ciudadanos a procesos sociales y comunitarios los envían a los extramuros de la marginalidad social y política.
Es indiscutible que la experiencia en políticas de paz y en procesos de reincorporación y reinserción, a lo largo de 20 años, no ha sido el resultado de un acuerdo global de paz que signifique un cierre definitivo de la confrontación armada y dé paso a un proyecto de reconciliación nacional y al posconflicto. Paradójicamente, el ejercicio de la paz negociada se ha vivido en medio de la guerra. Se ha fraguado un modelo de paz parcelada que ha convivido con el incremento -en extensión e intensidad- de la contienda militar entre Estado, paramilitares y guerrillas. No obstante, esta circunstancia no debe alterar el carácter pacifista de las políticas de reinserción.
Respuesta:
Salvo la expresa exclusión de los niños desvinculados del conflicto de cualquier actividad de inteligencia, las nuevas normas convirtieron la reinserción individual en un campo de batalla. Como si fuera poco, el decreto 2767 de 2004 explicita la articulación de la desmovilización a la estrategia de seguridad promovida por el actual gobierno. En sus considerandos advierte que «el Plan Nacional de Desarrollo... busca que los ciudadanos cumplan con su deber de apoyar el esfuerzo estatal de brindar seguridad, y de este modo acompañen al Estado y se sientan respaldados por este. El núcleo inicial de este apoyo lo constituye la conformación de redes de cooperantes» y en efecto, el artículo 4 de dicho decreto establece que «los desmovilizados o reincorporados que voluntariamente deseen desarrollar actividades de cooperación para la Fuerza Pública podrán recibir del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica...».
Despolitización
La actual política de reinserción constituye una deliberada despolitización, asunto estructuralmente crítico en la desmovilización individual, que proviene del decreto 1385 de 1994 a pesar del favorable ambiente político institucional. Esta intrascendencia política de los desmovilizados individuales y la imposibilidad para ser considerados interlocutores válidos en la estructuración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de reinserción tiene un impacto directo en los procesos de reincorporación. Es indiscutible que la experiencia en políticas de paz y en procesos de reincorporación y reinserción, a lo largo de 20 años, no ha sido el resultado de un acuerdo global de paz que signifique un cierre definitivo de la confrontación armada y dé paso a un proyecto de reconciliación nacional y al posconflicto. No obstante, esta circunstancia no debe alterar el carácter pacifista de las políticas de reinserción
Explicación:
espero te sirva por cierto te ahorras también te ahorras escribir el 50% de las palabras