Las relaciones ambiguas que existen entre el poder judicial y el poder político en el
marco del Estado de Derecho han sido tema de debate central, motivante tanto para los
teóricos clásicos como para los estudiosos contemporáneos. En términos polémicos,
es una relación de odio y amor al mismo tiempo.
Nadie pone en duda que la independencia y la separación de los poderes públicos
son trascendentales e indispensables para el Estado de Derecho. Sin embargo, estos
dos poderes no se encuentran en un vacío, son conceptos que se solapan. Para que el
sistema funcione y para que la justicia pueda controlar la legalidad y legitimidad de
las decisiones políticas, deben interactuar y entrar en diálogo según la teoría americana del checks and balances. Ahora bien, la pregunta es: ¿hasta qué punto debe llegar
su interacción y cuándo se vuelve peligroso, cuándo se pierde el balance, cuándo se
cruza la línea roja?
El contenido de esta interdependencia integra cuestiones nucleares que encuentran
su origen histórico en la pretensión de consolidar el paso del absolutismo a los Estados
liberales de derecho y, por supuesto, en la importancia de los controles y limitaciones al poder para proteger las garantías y libertades individuales y sociales. Así, la
historia de la estatalidad occidental dio lugar a la promesa de una institución judicial
reconocida, independiente e imparcial capaz de no tomar partido en el ámbito político
y de funcionar como instrumento al servicio de los derechos de los ciudadanos y de
las leyes fundamentales, previamente establecidas, constitucionales y últimamente
convencionales. Con ella nació la idea del nexo indispensable entre justicia, control
de la administración pública y democracia; y la afirmación de que la estabilidad del
sistema judicial es ciertamente necesaria para la paz social y el orden político.
en que grado estas por que no vi el link
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Respuesta:
Las relaciones ambiguas que existen entre el poder judicial y el poder político en el
marco del Estado de Derecho han sido tema de debate central, motivante tanto para los
teóricos clásicos como para los estudiosos contemporáneos. En términos polémicos,
es una relación de odio y amor al mismo tiempo.
Nadie pone en duda que la independencia y la separación de los poderes públicos
son trascendentales e indispensables para el Estado de Derecho. Sin embargo, estos
dos poderes no se encuentran en un vacío, son conceptos que se solapan. Para que el
sistema funcione y para que la justicia pueda controlar la legalidad y legitimidad de
las decisiones políticas, deben interactuar y entrar en diálogo según la teoría americana del checks and balances. Ahora bien, la pregunta es: ¿hasta qué punto debe llegar
su interacción y cuándo se vuelve peligroso, cuándo se pierde el balance, cuándo se
cruza la línea roja?
El contenido de esta interdependencia integra cuestiones nucleares que encuentran
su origen histórico en la pretensión de consolidar el paso del absolutismo a los Estados
liberales de derecho y, por supuesto, en la importancia de los controles y limitaciones al poder para proteger las garantías y libertades individuales y sociales. Así, la
historia de la estatalidad occidental dio lugar a la promesa de una institución judicial
reconocida, independiente e imparcial capaz de no tomar partido en el ámbito político
y de funcionar como instrumento al servicio de los derechos de los ciudadanos y de
las leyes fundamentales, previamente establecidas, constitucionales y últimamente
convencionales. Con ella nació la idea del nexo indispensable entre justicia, control
de la administración pública y democracia; y la afirmación de que la estabilidad del
sistema judicial es ciertamente necesaria para la paz social y el orden político.
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