Respuesta:
Desde hace ya más de una década, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
acompaña el progreso de las políticas públicas con enfoque de género. Fiel a su mandato, la CEPAL ha
propuesto un marco de desarrollo basado en los derechos humanos, con el fin de producir sinergias
positivas entre el crecimiento económico y la equidad social en el contexto de la modernización
productiva.
En los últimos tiempos, la CEPAL ha planteado unlversalizar y mejorar la protección social; se
trata fundamentalmente de establecer un pacto fiscal y social que permita el acceso a los sistemas de
protección social y su financiamiento en un marco de solidaridad.
En ese contexto, El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe vuelve
¡ más visibles dos temas clave en la estructuración de la desigualdad entre mujeres y hombres: por una
parte, la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos
los niveles y, por otra, la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente
en relación con el trabajo no remunerado.
Como evidencia del progreso logrado, en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe se analizará el tema de la paridad como un horizonte democrático posible.
Mientras todos los países de la región muestran una amplia participación de las mujeres a lo largo de su
historia política, y sobre todo durante los últimos veinte años, las cifras de representación femenina en los
parlamentos y los poderes ejecutivos revelan el desafío que deben encarar las élites políticas de la región
para realzar el equilibrio de género. El surgimiento de liderazgos femeninos en la región, el
comportamiento electoral crecientemente autónomo de las mujeres y el voto femenino a favor de las
mujeres constituyen parte del nuevo escenario democrático. La paridad es uno de los símbolos de las
nuevas democracias, que se presenta como un recurso ético para fortalecer la legitimidad de las
instituciones democráticas.
En la primera parte del presente documento se demuestra con datos concluyentes que las mujeres,
que constituyen la mitad de la población, están mínimamente representadas en la mayoría de los
parlamentos. Brechas similares se advierten en los otros poderes del Estado y, en general, en los ámbitos
de toma de decisiones. Mientras el derecho a voto fúe conquistado a lo largo de tres décadas, entre los
años veinte y sesenta del siglo pasado, el derecho a que las mujeres sean efectivamente electas tardó casi
cincuenta años en consagrarse y recién a partir de los últimos años del siglo XX se puede advertir un
incremento significativo de mujeres electas, en gran parte gracias a medidas de acción positiva, entre
otras de cuotas, que afortunadamente se están generalizando. En todos los países que han adoptado ley de
cuotas estas han tenido efectos positivos, como lo demuestra el hecho de que en algunos el porcentaje de
mujeres electas ascienda a alrededor del 40%. Sin embargo, diferentes estudios muestran que, además de
las reformas de los sistemas electorales, es necesario modificar numerosos aspectos de la cultura política
que provocan sesgos discriminatorios, tales como el acceso inequitativo al financiamiento, la influencia
desigual de las redes sociales y el uso injusto del tiempo que, como se demuestra en la segunda parte de
este estudio, exige a las mujeres centrar su atención en las labores reproductivas.
En la región, el ingreso laboral de las mujeres equivale al 70% del ingreso de los hombres. A
pesar de esa desventaja, el aporte femenino es fundamental para mitigar la pobreza, tanto si las mujeres
perciben ingresos monetarios como si hacen un aporte no remunerado al hogar, aporte que se transforma
en un impuesto “reproductivo”, que permite un ahorro en gastos de salud, cuidado de los niños y de sus
2
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Desde hace ya más de una década, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
acompaña el progreso de las políticas públicas con enfoque de género. Fiel a su mandato, la CEPAL ha
propuesto un marco de desarrollo basado en los derechos humanos, con el fin de producir sinergias
positivas entre el crecimiento económico y la equidad social en el contexto de la modernización
productiva.
En los últimos tiempos, la CEPAL ha planteado unlversalizar y mejorar la protección social; se
trata fundamentalmente de establecer un pacto fiscal y social que permita el acceso a los sistemas de
protección social y su financiamiento en un marco de solidaridad.
En ese contexto, El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe vuelve
¡ más visibles dos temas clave en la estructuración de la desigualdad entre mujeres y hombres: por una
parte, la participación política y la paridad de género en los procesos de adopción de decisiones en todos
los niveles y, por otra, la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente
en relación con el trabajo no remunerado.
Como evidencia del progreso logrado, en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe se analizará el tema de la paridad como un horizonte democrático posible.
Mientras todos los países de la región muestran una amplia participación de las mujeres a lo largo de su
historia política, y sobre todo durante los últimos veinte años, las cifras de representación femenina en los
parlamentos y los poderes ejecutivos revelan el desafío que deben encarar las élites políticas de la región
para realzar el equilibrio de género. El surgimiento de liderazgos femeninos en la región, el
comportamiento electoral crecientemente autónomo de las mujeres y el voto femenino a favor de las
mujeres constituyen parte del nuevo escenario democrático. La paridad es uno de los símbolos de las
nuevas democracias, que se presenta como un recurso ético para fortalecer la legitimidad de las
instituciones democráticas.
En la primera parte del presente documento se demuestra con datos concluyentes que las mujeres,
que constituyen la mitad de la población, están mínimamente representadas en la mayoría de los
parlamentos. Brechas similares se advierten en los otros poderes del Estado y, en general, en los ámbitos
de toma de decisiones. Mientras el derecho a voto fúe conquistado a lo largo de tres décadas, entre los
años veinte y sesenta del siglo pasado, el derecho a que las mujeres sean efectivamente electas tardó casi
cincuenta años en consagrarse y recién a partir de los últimos años del siglo XX se puede advertir un
incremento significativo de mujeres electas, en gran parte gracias a medidas de acción positiva, entre
otras de cuotas, que afortunadamente se están generalizando. En todos los países que han adoptado ley de
cuotas estas han tenido efectos positivos, como lo demuestra el hecho de que en algunos el porcentaje de
mujeres electas ascienda a alrededor del 40%. Sin embargo, diferentes estudios muestran que, además de
las reformas de los sistemas electorales, es necesario modificar numerosos aspectos de la cultura política
que provocan sesgos discriminatorios, tales como el acceso inequitativo al financiamiento, la influencia
desigual de las redes sociales y el uso injusto del tiempo que, como se demuestra en la segunda parte de
este estudio, exige a las mujeres centrar su atención en las labores reproductivas.
En la región, el ingreso laboral de las mujeres equivale al 70% del ingreso de los hombres. A
pesar de esa desventaja, el aporte femenino es fundamental para mitigar la pobreza, tanto si las mujeres
perciben ingresos monetarios como si hacen un aporte no remunerado al hogar, aporte que se transforma
en un impuesto “reproductivo”, que permite un ahorro en gastos de salud, cuidado de los niños y de sus
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