Todas ellas son mujeres. A la de 14 años la violaron cinco hombres de su mismo barrio; a la de 17 la acosa desde hace cuatro años uno de 60 que vive en el mismo andén de Las Américas 3; a la de 27, su expareja le secuestró a la pequeña de cinco años que procrearon, mientras ella estaba en el salón donde trabaja; y la última, quien no se identifica, era acosada por su patrón, y sus compañeros no quisieron servirle de testigos ante el juez.
Esa es la realidad que pretende ser cambiada con la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, aprobada la semana pasada en la Asamblea Nacional, y que penaliza, entre otras cosas, el hecho que los hombres le prohíban trabajar a las mujeres.
El año pasado, el Movimiento María Elena Cuadra atendió a 3,536 mujeres, 834 llegaron por casos de violencia sexual o intrafamiliar, y 157 por casos de violencia laboral.
“La Ley va a sancionar las prácticas anormales. Algunas mujeres son obligadas a no ir a trabajar. Una cosa es que la pareja acuerde voluntariamente no ir a trabajar, pero otra es que te obliguen a permanecer en la pobreza extrema y que todavía te golpeen. Hay mujeres que no trabajan porque el hombre se siente celoso, molesto, siente que la mujer se le va a salir de las manos”, explicó Sandra Ramos, directora del Movimiento María Elena Cuadra, uno de los organismos impulsores de la ley.
Extremismo en cultura patriarcal
Según Ramos, “no es que la ley sea extremista, es que hay un extremismo en la población y en la cultura patriarcal que la ley viene a ordenar”.
Como ejemplo, Ramos mencionó el artículo 14, denominado “Sustracción de hijos o hijas”, que establece que “cuando el padre u otro familiar ejerza o haya ejercido violencia contra la mujer y como un medio de continuar ejerciendo violencia hacia esta, sustraiga a su hijo o hija del poder de su madre, que legítimamente está encargada de la custodia, del tutor o persona encargada de su crianza y lo retenga sin su consentimiento, será castigado con pena de dos a cuatro años de prisión”.
Según la ley, cometerá delito patrimonial quien limite, impida o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación o la disposición de uno o varios bienes que formen parte del patrimonio familiar o del patrimonio de la mujer y será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.
Durante un breve sondeo realizado por EL NUEVO DIARIO en los mercados de la capital, algunos hombres se mostraron de acuerdo con el contenido de la ley.
Sergio Navas, soldador de 67 años, opinó que es positiva la existencia de la ley, pues garantiza los derechos de las mujeres.
“Es buena la ley, pero cuando uno tiene pareja opina lo contrario”, expresó por su parte Álvaro Medrano, de 39 años y de oficio mecánico.
Todas ellas son mujeres. A la de 14 años la violaron cinco hombres de su mismo barrio; a la de 17 la acosa desde hace cuatro años uno de 60 que vive en el mismo andén de Las Américas 3; a la de 27, su expareja le secuestró a la pequeña de cinco años que procrearon, mientras ella estaba en el salón donde trabaja; y la última, quien no se identifica, era acosada por su patrón, y sus compañeros no quisieron servirle de testigos ante el juez.
Esa es la realidad que pretende ser cambiada con la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, aprobada la semana pasada en la Asamblea Nacional, y que penaliza, entre otras cosas, el hecho que los hombres le prohíban trabajar a las mujeres.
El año pasado, el Movimiento María Elena Cuadra atendió a 3,536 mujeres, 834 llegaron por casos de violencia sexual o intrafamiliar, y 157 por casos de violencia laboral.
“La Ley va a sancionar las prácticas anormales. Algunas mujeres son obligadas a no ir a trabajar. Una cosa es que la pareja acuerde voluntariamente no ir a trabajar, pero otra es que te obliguen a permanecer en la pobreza extrema y que todavía te golpeen. Hay mujeres que no trabajan porque el hombre se siente celoso, molesto, siente que la mujer se le va a salir de las manos”, explicó Sandra Ramos, directora del Movimiento María Elena Cuadra, uno de los organismos impulsores de la ley.
Extremismo en cultura patriarcal
Según Ramos, “no es que la ley sea extremista, es que hay un extremismo en la población y en la cultura patriarcal que la ley viene a ordenar”.
Como ejemplo, Ramos mencionó el artículo 14, denominado “Sustracción de hijos o hijas”, que establece que “cuando el padre u otro familiar ejerza o haya ejercido violencia contra la mujer y como un medio de continuar ejerciendo violencia hacia esta, sustraiga a su hijo o hija del poder de su madre, que legítimamente está encargada de la custodia, del tutor o persona encargada de su crianza y lo retenga sin su consentimiento, será castigado con pena de dos a cuatro años de prisión”.
Según la ley, cometerá delito patrimonial quien limite, impida o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación o la disposición de uno o varios bienes que formen parte del patrimonio familiar o del patrimonio de la mujer y será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.
Durante un breve sondeo realizado por EL NUEVO DIARIO en los mercados de la capital, algunos hombres se mostraron de acuerdo con el contenido de la ley.
Sergio Navas, soldador de 67 años, opinó que es positiva la existencia de la ley, pues garantiza los derechos de las mujeres.
“Es buena la ley, pero cuando uno tiene pareja opina lo contrario”, expresó por su parte Álvaro Medrano, de 39 años y de oficio mecánico.
ley del instituto nacional de las mujeres
ley federal para prevenir y eliminar la discriminacion
ley general para la igualdad entre mujeres y hombres