El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya profirió sentencia sobre delimitación de los límites marítimos entre el Archipiélago de San Andrés y Providencia, y la República de Nicaragua, acogiendo gran parte de las pretensiones del vecino país.
Colombia y la población nativa del archipiélago perdieron los derechos exclusivos de explotación de los recursos pesqueros en los puntos más importantes y estratégicos de esta área del caribe insular occidental.
El archipiélago fue desmembrado y, perdiendo su unidad, le fueron amputados más de 75.000 km2 de mar y plataforma continental, en un fallo limítrofe que no tuvo en cuenta la existencia de nuestros derechos y la seguridad alimentaria del pueblo de este Archipiélago.
Los graves errores, y ambigüedades cometidas por la defensa de Colombia ante la Corte de La Haya, ya comienzan a sentirse. La Reserva de Biosfera “Sea Flower” ha sido desarticulada, y en gran parte desmembrada. La normatividad desarrollada por espacio de muchos años por la Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago, en las Áreas Marítimas Protegidas, se ha tornado aplicable solamente para aquella en donde aún conservamos la jurisdicción.
En efecto, mientras las empresas nicaragüenses dedicadas a la pesca industrial rastrean el hábitat de las langostas, a diestra y siniestra, el Gobierno colombiano mira hacia un lado, “haciéndose el de la vista gorda”, imposibilitando que los pescadores artesanales del Archipiélago puedan arribar a los bancos de pesca que otrora fueron su fuente vital de sobrevivencia.
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El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya profirió sentencia sobre delimitación de los límites marítimos entre el Archipiélago de San Andrés y Providencia, y la República de Nicaragua, acogiendo gran parte de las pretensiones del vecino país.
Colombia y la población nativa del archipiélago perdieron los derechos exclusivos de explotación de los recursos pesqueros en los puntos más importantes y estratégicos de esta área del caribe insular occidental.
El archipiélago fue desmembrado y, perdiendo su unidad, le fueron amputados más de 75.000 km2 de mar y plataforma continental, en un fallo limítrofe que no tuvo en cuenta la existencia de nuestros derechos y la seguridad alimentaria del pueblo de este Archipiélago.
Los graves errores, y ambigüedades cometidas por la defensa de Colombia ante la Corte de La Haya, ya comienzan a sentirse. La Reserva de Biosfera “Sea Flower” ha sido desarticulada, y en gran parte desmembrada. La normatividad desarrollada por espacio de muchos años por la Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago, en las Áreas Marítimas Protegidas, se ha tornado aplicable solamente para aquella en donde aún conservamos la jurisdicción.
En efecto, mientras las empresas nicaragüenses dedicadas a la pesca industrial rastrean el hábitat de las langostas, a diestra y siniestra, el Gobierno colombiano mira hacia un lado, “haciéndose el de la vista gorda”, imposibilitando que los pescadores artesanales del Archipiélago puedan arribar a los bancos de pesca que otrora fueron su fuente vital de sobrevivencia.