En la nueva Constitución, Ecuador incluyó la soberanía alimentaria entre los derechos del buen vivir; es decir, colocó la cuestión agroalimentaria en un horizonte alternativo al régimen alimentario corporativo, priorizando la garantía del derecho universal a la alimentación. De esta forma, se ha planteado la centralidad de los sistemas alimentarios locales y el reconocimiento de un papel protagónico de la agricultura en pequeña escala. En la primera parte del artículo se introduce a La Vía Campesina, el movimiento internacional promotor de la soberanía alimentaria, para luego explorar los principios que fundan esta propuesta y la manera en que opera un replanteamiento de la cuestión agraria. El objetivo es delinear el enfoque a través del cual se analiza el caso ecuatoriano. La segunda parte del artículo contextualiza la estructura agraria del país, mientras que la tercera presenta a los actores y las acciones colectivas que han facilitado la constitucionalización de la soberanía alimentaria. Finalmente, en la cuarta parte se analiza la correspondencia de la agenda agraria oficial con los desafíos constituyentes. Una pregunta entrecruza el texto: ¿en qué medida el proceso de cambio en curso en Ecuador ha incluido una agenda agraria post-neoliberal, afirmando los principios de la soberanía alimentaria y, por ende, logrando superar los mandatos del desarrollismo y de la modernización en agricultura? En este marco, el artículo analiza las políticas dirigidas a las agriculturas campesinas durante los primeros años luego de la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2007-2008, mirando hacia el modelo agrario que las ha guíado, la relación impulsada con el patrimonio natural, los circuitos alimentarios priorizados y los posibles impactos en los niveles de dependencia del mercado.
Soberanía alimentaria y agricultura campesina
Gracias a la construcción en común entre sujetos heterogéneos, el movimiento internacional Vía Campesina, nacido en 1993, se ha empeñado en denunciar al mundo las relaciones de poder que gobiernan el régimen alimentario global, denominado corporativo en tanto se basa en la hegemonía de las corporaciones y en cadenas extremadamente largas, en la mercantilización de los alimentos y del patrimonio natural necesario para producirlos (McMichael, 2013).
En oposición al régimen corporativo, Vía Campesina, a través de un flujo poiético entre local y global,3 ha luchado en contra de la invisibilidad que se ha impuesto a nivel global y ha afirmado que el sujeto campesino y su modo de producir persisten y se reproducen, a pesar de que las políticas de modernización agrícola les hayan tomado de blanco y les hayan representado como inviables o hasta extintos.
Con estas premisas, Vía Campesina ha replanteado epistémicamente la cuestión agraria bajo la perspectiva de cuestión alimentaria, empujando la propuesta de la soberanía alimentaria, lanzada en 19964. Tal propuesta con el tiempo ha ganado reconocimiento y a sus principios han adherido otros actores, como las redes alimentarias alternativas, el mundo de la economía solidaria y el ecologismo.
En líneas generales, soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos y a poder producir, localmente, comida sana, nutritiva y culturalmente adecuada.
A diferencia de la propuesta mainstream de la seguridad alimentaria, no solo se reivindica el acceso a los alimentos, sino también el derecho a acceder a los medios necesarios para su producción (principalmente tierra, agua y semillas). Tal redistribución de los medios de producción hacia el campesinado se justifica por su rol protagónico en la garantía del derecho a la alimentación para todos.
Este paradigma se centra en los pueblos, países y estados, contraponiéndose al enfoque neoliberal que impone la mercantilización y desterritorialización de los alimentos. Mientras que la propuesta tradicional de la seguridad alimentaria implica una definición ambigua en torno a los sujetos productivos privilegiados y cómo y dónde los alimentos deben ser producidos y distribuidos, el enfoque de la soberanía alimentaria favorece explícitamente la producción agroecológica, en pequeña y mediana escala, a través de una agricultura diversificada y saludable, enraizada en los territorios, que ofrezca comida de calidad y culturalmente apropiada a los sistemas alimentarios locales, a expensas de las cadenas largas. Este enfoque se opone, por lo tanto, a los monocultivos agroindustriales y al uso intensivo de insumos químicos, así como, en general, a la lógica homologante propia del régimen corporativo que somete la producción y el consumo de alimentos a los procesos de acumulación de capital. La intención es reducir la brecha entre productores y consumidores y garantizar una calidad de los alimentos vinculada no solo a las propiedades nutricionales, sino también a los impactos sociales y ambientales de los procesos de producción.
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En la nueva Constitución, Ecuador incluyó la soberanía alimentaria entre los derechos del buen vivir; es decir, colocó la cuestión agroalimentaria en un horizonte alternativo al régimen alimentario corporativo, priorizando la garantía del derecho universal a la alimentación. De esta forma, se ha planteado la centralidad de los sistemas alimentarios locales y el reconocimiento de un papel protagónico de la agricultura en pequeña escala. En la primera parte del artículo se introduce a La Vía Campesina, el movimiento internacional promotor de la soberanía alimentaria, para luego explorar los principios que fundan esta propuesta y la manera en que opera un replanteamiento de la cuestión agraria. El objetivo es delinear el enfoque a través del cual se analiza el caso ecuatoriano. La segunda parte del artículo contextualiza la estructura agraria del país, mientras que la tercera presenta a los actores y las acciones colectivas que han facilitado la constitucionalización de la soberanía alimentaria. Finalmente, en la cuarta parte se analiza la correspondencia de la agenda agraria oficial con los desafíos constituyentes. Una pregunta entrecruza el texto: ¿en qué medida el proceso de cambio en curso en Ecuador ha incluido una agenda agraria post-neoliberal, afirmando los principios de la soberanía alimentaria y, por ende, logrando superar los mandatos del desarrollismo y de la modernización en agricultura? En este marco, el artículo analiza las políticas dirigidas a las agriculturas campesinas durante los primeros años luego de la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2007-2008, mirando hacia el modelo agrario que las ha guíado, la relación impulsada con el patrimonio natural, los circuitos alimentarios priorizados y los posibles impactos en los niveles de dependencia del mercado.
Soberanía alimentaria y agricultura campesina
Gracias a la construcción en común entre sujetos heterogéneos, el movimiento internacional Vía Campesina, nacido en 1993, se ha empeñado en denunciar al mundo las relaciones de poder que gobiernan el régimen alimentario global, denominado corporativo en tanto se basa en la hegemonía de las corporaciones y en cadenas extremadamente largas, en la mercantilización de los alimentos y del patrimonio natural necesario para producirlos (McMichael, 2013).
En oposición al régimen corporativo, Vía Campesina, a través de un flujo poiético entre local y global,3 ha luchado en contra de la invisibilidad que se ha impuesto a nivel global y ha afirmado que el sujeto campesino y su modo de producir persisten y se reproducen, a pesar de que las políticas de modernización agrícola les hayan tomado de blanco y les hayan representado como inviables o hasta extintos.
Con estas premisas, Vía Campesina ha replanteado epistémicamente la cuestión agraria bajo la perspectiva de cuestión alimentaria, empujando la propuesta de la soberanía alimentaria, lanzada en 19964. Tal propuesta con el tiempo ha ganado reconocimiento y a sus principios han adherido otros actores, como las redes alimentarias alternativas, el mundo de la economía solidaria y el ecologismo.
En líneas generales, soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos y a poder producir, localmente, comida sana, nutritiva y culturalmente adecuada.
A diferencia de la propuesta mainstream de la seguridad alimentaria, no solo se reivindica el acceso a los alimentos, sino también el derecho a acceder a los medios necesarios para su producción (principalmente tierra, agua y semillas). Tal redistribución de los medios de producción hacia el campesinado se justifica por su rol protagónico en la garantía del derecho a la alimentación para todos.
Este paradigma se centra en los pueblos, países y estados, contraponiéndose al enfoque neoliberal que impone la mercantilización y desterritorialización de los alimentos. Mientras que la propuesta tradicional de la seguridad alimentaria implica una definición ambigua en torno a los sujetos productivos privilegiados y cómo y dónde los alimentos deben ser producidos y distribuidos, el enfoque de la soberanía alimentaria favorece explícitamente la producción agroecológica, en pequeña y mediana escala, a través de una agricultura diversificada y saludable, enraizada en los territorios, que ofrezca comida de calidad y culturalmente apropiada a los sistemas alimentarios locales, a expensas de las cadenas largas. Este enfoque se opone, por lo tanto, a los monocultivos agroindustriales y al uso intensivo de insumos químicos, así como, en general, a la lógica homologante propia del régimen corporativo que somete la producción y el consumo de alimentos a los procesos de acumulación de capital. La intención es reducir la brecha entre productores y consumidores y garantizar una calidad de los alimentos vinculada no solo a las propiedades nutricionales, sino también a los impactos sociales y ambientales de los procesos de producción.