tsaquer
El problema aparece cuando las respuestas son custodiadas por la Administración pública, únicamente porque su función y gestión así lo presupone. ¿Qué países compran tecnología de doble uso a España y cuánto dinero representa en la balanza comercial? ¿Qué diputados asistieron (no qué votaron) a la última reunión de la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados? Estas y otras preguntas cuya respuesta tutela el Estado son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos, que encuentran innumerables trabas y excusas por parte de los funcionarios, que desatienden estas peticiones sin otro argumento que la confidencialidad, la seguridad o, básicamente, "a usted qué le importa"