Demandas sociales de los pueblos y nacionalidades del ecuador
homeroalexiscueva La CONAIE se solidariza con los pueblos afectados por las inundaciones y responsabiliza a los gobiernos anteriores por no haber tomado medidas oportunas y adecuadas tendientes a evitar y afrontar las estaciones naturales de nuestro Territorio. Rechazamos la invasión y agresión militar del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y del gobierno Estadounidense de George W. Bush, quienes pretenden regionalizar el conflicto armado de Colombia en Sudamérica. Esta acción beligerante, significa:No facilitar la solución política al conflicto colombiano Desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región Controlar y apropiarse los recursos naturales (agua, petróleos, minería) de la Región.Exigimos la inclusión del Modelo de Estado Plurinacional en la Constitución Ecuatoriana por ser el espacio democrático para resolver los problemas históricos neocoloniales. Además, es una nueva forma de organización política, economía, jurídica y cultural del Estado-nación ecuatoriana, que da cuenta la democracia intercultural y directa, equidad y justicia económica.Reversión de todas las concesiones mineras al Estado. No a la minería de mediana y gran escala. Las concesiones de la pequeña minería y artesanal se sometan a lo estrictamente regulado poniendo límites a su expansión. Las áreas degradadas por la actividad minera se recupere para dar uso agrícola y conservación ambiental.Exigimos la reversión de las concesiones hidroeléctricas privadas, por que causan perjuicio al Estado, incumplimiento lo establecido en la Constitución (derecho a la consulta, principio de precaución y la indivisibilidad de derechos). Ponen en riesgo la soberanía alimentaria del país; privatizan territorios de páramos y biodiversidad (fuentes de agua, ríos); y amenazan la integridad de las tierras y territorios comunitarios.Exigimos que el Estado reafirme el Derecho de Consulta y Libre Consentimiento de los Pueblos Indígenas, frente a cualquier proyecto de explotación de los recursos naturales dentro de los territorios, tierras indígenas y comunitarias, como manda la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT.Que el Gobierno Nacional brinde apoyo político y jurídico a los afectados por las operaciones petroleras de la Texaco en el Nororiente dentro del Juicio que se ventila en la Corte Superior de Nueva Loja. Así también, el Estado haga respetar la soberanía nacional y garantice los derechos de los ecuatorianos frente las acciones que la transnacional Texaco ha emprendido en tribunales arbitrales internacionales.Respeto por parte del Estado a las formas propias de administración de justicia, incluida respecto de los niños y adolescentes infractores de las nacionalidades, como prevee la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.El agua y páramos es propiedad del Estado, su administración y manejos de los sistemas de agua de riego y sistema de agua potable estará bajo la responsabilidad de los usuarios comunitarios a nivel rural, y la creación del Consejo Nacional de Agua.Demandamos al Estado ecuatoriano investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del exterminio de los Taromenane y Tagaeri; así como respetar y proteger los territorios de estos pueblos libres, como única forma de garantizar su pervivencia histórica. Por estas razones apoyamos la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra en el bloque ITT.Dar cumplimiento al dictamen de la Procuraduría General del Estado sobre la caducidad del contrato petrolero con Petrobras, de explotación petrolera bloque 18, y demandamos incluir en este proceso al bloque 31 por estar inmerso en las mismas causales.Dar por terminado los contratos de las empresas petroleras que han violado derechos humanos de los pueblos indígenas como la empresa CGC en el Bloque 23, la empresa Burlington en el Bloque 24, la empresa AGIP en el Bloque 10 y otras.Declarar la suspensión nacional de la explotación maderera industrial y comercial, por que está exterminando con los bosques nativos, afectando al medio ambiente mundial y local. Afecta directamente al 80% del bosque nativo que se encuentra en los territorios de los pueblos indígenas.Demandamos del gobierno políticas conducentes a evitar la privatización de la biodiversidad, practicadas mediante venta de servicios ambientales, biopiratería. Demandamos del Gobierno Nacional que el proyecto de regionalización, no afecte la integridad de los territorios indígenas.Respaldamos al Gobierno Nacional en la actitud de exigencia al respeto de la soberanía nacional al gobierno colombiano; así como las acciones políticas y judiciales para impedir las fumigaciones en la frontera; como así también repare los daños ambientales y de salud humana ya causados.Rescindir inmediatamente el Convenio de la Base de Manta, firmado entre el gobierno ecuatoriano y el estadounidense.Demandar respeto de las instituciones indígenas estatales (CODENPE, FODEPI, DINEIB y Salud Indígena).
La CONAIE se solidariza con los pueblos afectados por las inundaciones y responsabiliza a los gobiernos anteriores por no haber tomado medidas oportunas y adecuadas tendientes a evitar y afrontar las estaciones naturales de nuestro Territorio.
Rechazamos la invasión y agresión militar del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, y del gobierno Estadounidense de George W. Bush, quienes pretenden regionalizar el conflicto armado de Colombia en Sudamérica.
Esta acción beligerante, significa:No facilitar la solución política al conflicto colombiano
Desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región
Controlar y apropiarse los recursos naturales (agua, petróleos, minería) de la Región.Exigimos la inclusión del Modelo de Estado Plurinacional en la Constitución Ecuatoriana por ser el espacio democrático para resolver los problemas históricos neocoloniales. Además, es una nueva forma de organización política, economía, jurídica y cultural del Estado-nación ecuatoriana, que da cuenta la democracia intercultural y directa, equidad y justicia económica.Reversión de todas las concesiones mineras al Estado. No a la minería de mediana y gran escala. Las concesiones de la pequeña minería y artesanal se sometan a lo estrictamente regulado poniendo límites a su expansión. Las áreas degradadas por la actividad minera se recupere para dar uso agrícola y conservación ambiental.Exigimos la reversión de las concesiones hidroeléctricas privadas, por que causan perjuicio al Estado, incumplimiento lo establecido en la Constitución (derecho a la consulta, principio de precaución y la indivisibilidad de derechos). Ponen en riesgo la soberanía alimentaria del país; privatizan territorios de páramos y biodiversidad (fuentes de agua, ríos); y amenazan la integridad de las tierras y territorios comunitarios.Exigimos que el Estado reafirme el Derecho de Consulta y Libre Consentimiento de los Pueblos Indígenas, frente a cualquier proyecto de explotación de los recursos naturales dentro de los territorios, tierras indígenas y comunitarias, como manda la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT.Que el Gobierno Nacional brinde apoyo político y jurídico a los afectados por las operaciones petroleras de la Texaco en el Nororiente dentro del Juicio que se ventila en la Corte Superior de Nueva Loja. Así también, el Estado haga respetar la soberanía nacional y garantice los derechos de los ecuatorianos frente las acciones que la transnacional Texaco ha emprendido en tribunales arbitrales internacionales.Respeto por parte del Estado a las formas propias de administración de justicia, incluida respecto de los niños y adolescentes infractores de las nacionalidades, como prevee la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.El agua y páramos es propiedad del Estado, su administración y manejos de los sistemas de agua de riego y sistema de agua potable estará bajo la responsabilidad de los usuarios comunitarios a nivel rural, y la creación del Consejo Nacional de Agua.Demandamos al Estado ecuatoriano investigar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del exterminio de los Taromenane y Tagaeri; así como respetar y proteger los territorios de estos pueblos libres, como única forma de garantizar su pervivencia histórica. Por estas razones apoyamos la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra en el bloque ITT.Dar cumplimiento al dictamen de la Procuraduría General del Estado sobre la caducidad del contrato petrolero con Petrobras, de explotación petrolera bloque 18, y demandamos incluir en este proceso al bloque 31 por estar inmerso en las mismas causales.Dar por terminado los contratos de las empresas petroleras que han violado derechos humanos de los pueblos indígenas como la empresa CGC en el Bloque 23, la empresa Burlington en el Bloque 24, la empresa AGIP en el Bloque 10 y otras.Declarar la suspensión nacional de la explotación maderera industrial y comercial, por que está exterminando con los bosques nativos, afectando al medio ambiente mundial y local. Afecta directamente al 80% del bosque nativo que se encuentra en los territorios de los pueblos indígenas.Demandamos del gobierno políticas conducentes a evitar la privatización de la biodiversidad, practicadas mediante venta de servicios ambientales, biopiratería.
Demandamos del Gobierno Nacional que el proyecto de regionalización, no afecte la integridad de los territorios indígenas.Respaldamos al Gobierno Nacional en la actitud de exigencia al respeto de la soberanía nacional al gobierno colombiano; así como las acciones políticas y judiciales para impedir las fumigaciones en la frontera; como así también repare los daños ambientales y de salud humana ya causados.Rescindir inmediatamente el Convenio de la Base de Manta, firmado entre el gobierno ecuatoriano y el estadounidense.Demandar respeto de las instituciones indígenas estatales (CODENPE, FODEPI, DINEIB y Salud Indígena).