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La Pena de Muerte, como parte de un sistema punitivo, ha sido cuestionado desde el siglo XVIII, cuando surgió el embrión del movimiento abolicionista, con la publicación del libro De los delitos y las penas, en 1764, de Cesare Beccaria. En 1946, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, creó la Comisión de Derechos Humanos, la cual debería elaborar un catálogo de los Derechos Humanos, así como un mecanismo internacional para su protección. El primer documento creado al respecto fue adoptado el 10 de diciembre de 1948 bajo el nombre de Declaración Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 3 dice: "Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona". En la actualidad, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Coalición Mundial Contra La Pena de Muerte y Hands off Cain tienen como prioridad lograr la abolición de la pena de muerte en los países retencionistas que aún la ejercen, una de sus iniciativas es establecer el 10 de octubre como "El Día Mundial contra la Pena de Muerte". La Iglesia Católica también condena la pena de muerte al considerar que "la vida humana es un don sagrado de Dios y que el hombre... no puede arrogarse el derecho de quitarla". Razones similares tienen la Iglesia Anglicana y la Iglesia Metodista, al igual que otras iglesias protestantes, para fijar la misma postura. Algunas organizaciones internacionales económicas y políticas, como la Unión Europea o el Consejo de Europa, tienen como requisito para pertenecer a ellas, la abolición de la pena de muerte, o una moratoria, como el caso de Rusia.