La ley de Inmigración y Colonización, promulgada en 1876 por el
presidente Avellaneda luego de un debate que se extendió por dos períodos parlamentarios, es a menudo mencionada como uno de los pilares legislativos de la modernización de la Argentina. A ello contribuye
en primer lugar la tradicional asignación al inmigrante de una serie de
atributos vinculados con dicha modernización, tanto en el plano de la
economía como en el de la sociedad. En segundo lugar, la llamativa
perduración secular de la ley, pese a los varios intentos de reformarla o
derogarla a lo largo de las décadas y a las limitaciones que, en cuanto
a las prácticas administrativas de recepción y admisión de los extranjeros, mellaron parte de su espíritu original.1
Por último, la apelación,
tanto en los fundamentos del proyecto de ley como en los argumentos
del debate a que dio lugar y en los antecedentes que en el mismo fueron
mencionados, al nuevo horizonte de transformaciones que se abriría
para la Argentina en el caso de que aquél fuese finalmente aprobado.
El presente artículo tiene como objetivo examinar las condiciones históricas de aprobación y aplicación de esta ley. La hipótesis que
sostenemos es que el texto legislativo resumía los propósitos intervencionistas del Estado argentino en cuanto a la promoción de la inmigración mediante una serie de instrumentos concurrentes, algunos de los
cuales ya estaban en vigencia. La sanción de la ley se produciría en un
contexto caracterizado en parte importante por la crisis económica de
1873-76, a cuya superación aquélla debía contribuir, y en otra parte por
la adopción de políticas de intervención en materia inmigratoria por
parte de los Estados vecinos, especialmente Brasil. Ambos motivos propiciaron la aprobación del proyecto de ley de Avellaneda, que sin embargo debió soportar importantes cuestionamientos durante el trámite
legislativo, en particular en el Senado. En los años siguientes, la puesta
en práctica de la ley fue lenta y parcial, revelándose ineficaz en alguno
Respuesta:
Explicación:
La ley de Inmigración y Colonización, promulgada en 1876 por el
presidente Avellaneda luego de un debate que se extendió por dos períodos parlamentarios, es a menudo mencionada como uno de los pilares legislativos de la modernización de la Argentina. A ello contribuye
en primer lugar la tradicional asignación al inmigrante de una serie de
atributos vinculados con dicha modernización, tanto en el plano de la
economía como en el de la sociedad. En segundo lugar, la llamativa
perduración secular de la ley, pese a los varios intentos de reformarla o
derogarla a lo largo de las décadas y a las limitaciones que, en cuanto
a las prácticas administrativas de recepción y admisión de los extranjeros, mellaron parte de su espíritu original.1
Por último, la apelación,
tanto en los fundamentos del proyecto de ley como en los argumentos
del debate a que dio lugar y en los antecedentes que en el mismo fueron
mencionados, al nuevo horizonte de transformaciones que se abriría
para la Argentina en el caso de que aquél fuese finalmente aprobado.
El presente artículo tiene como objetivo examinar las condiciones históricas de aprobación y aplicación de esta ley. La hipótesis que
sostenemos es que el texto legislativo resumía los propósitos intervencionistas del Estado argentino en cuanto a la promoción de la inmigración mediante una serie de instrumentos concurrentes, algunos de los
cuales ya estaban en vigencia. La sanción de la ley se produciría en un
contexto caracterizado en parte importante por la crisis económica de
1873-76, a cuya superación aquélla debía contribuir, y en otra parte por
la adopción de políticas de intervención en materia inmigratoria por
parte de los Estados vecinos, especialmente Brasil. Ambos motivos propiciaron la aprobación del proyecto de ley de Avellaneda, que sin embargo debió soportar importantes cuestionamientos durante el trámite
legislativo, en particular en el Senado. En los años siguientes, la puesta
en práctica de la ley fue lenta y parcial, revelándose ineficaz en alguno