Desde hace más de dos décadas muchos han considerado inevitable el declive social y político de las organizaciones de trabajadores. Se ha buscado explicar su debilidad apelando a la extensión desbocada de la globalización y el libre comercio, al desmantelamiento de las instituciones del estado de bienestar, a la expansión de prácticas corruptas en el seno de los sindicatos, al predominio del individualismo y de las ideologías neoliberales o al desbordamiento de los mercados informales que privan de sentido a la organización gremial. En México, por añadidura, se señala a la debacle del sistema político corporativista como contribuyente adicional del declive sindical. Estos procesos están en el origen de que nos hayamos acostumbrado a ver a la mayoría de los sindicatos como instituciones inertes, sin dinamismo y sin rumbo.
Precisamente por ese aparente predominio de un sindicalismo vegetativo y sin destino llamó la atención un hecho singular. Los días 17 y 18 de agosto tuvo lugar en Silao, Guanajuato, una votación obrera en una de las plantas más importantes de General Motors. 5877 trabajadores, de un padrón de 6494, votaron por echar abajo el contrato colectivo que durante años ha fijado las condiciones laborales de esa planta apacible que —dicen sus directivos— nunca en sus 26 años ha registrado una huelga.
La presencia en una fábrica de urnas, boletas, mamparas y demás parafernalia a la que nos ha acostumbrado la transición democrática es ya de suyo sorprendente. Pero lo es más si se considera que esta elección fue el resultado de un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos que se produjo por la inusitada queja de este último por violaciones a los derechos sindicales en la planta de Silao. Además, en otro hecho sin precedentes, fueron invitados a participar como testigos quince observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y treinta funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).
¿Cómo explicar esta sucesión de hechos extraordinarios? ¿Se trata de una circunstancia difícilmente repetible? ¿Estamos ante un punto de inflexión en el sindicalismo? ¿Qué puede deparar al futuro del trabajo el nuevo ritual democrático? Cualquier intento de respuesta a estas preguntas tendrá que tomar en cuenta al menos tres circunstancias novedosas en el entorno laboral mexicano.
En primer término, hay que comprender las consecuencias que ha tenido para México el debate global sobre la inclusión de obligaciones laborales en los tratados de libre comercio. En segundo lugar, debe considerarse el influjo que esa discusión tuvo sobre las reformas constitucionales en materia de trabajo que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017 y las consecuentes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo aprobadas en 2019, cuando Morena era ya el partido mayoritario en el Congreso. Finalmente, habrá que registrar las derivaciones del inédito Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas México-Estados Unidos que el Congreso norteamericano impuso a México en diciembre de 2019 como condición de última hora para ratificar el renovado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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Respuesta:
Cuando todo parecía tranquilo…”
Desde hace más de dos décadas muchos han considerado inevitable el declive social y político de las organizaciones de trabajadores. Se ha buscado explicar su debilidad apelando a la extensión desbocada de la globalización y el libre comercio, al desmantelamiento de las instituciones del estado de bienestar, a la expansión de prácticas corruptas en el seno de los sindicatos, al predominio del individualismo y de las ideologías neoliberales o al desbordamiento de los mercados informales que privan de sentido a la organización gremial. En México, por añadidura, se señala a la debacle del sistema político corporativista como contribuyente adicional del declive sindical. Estos procesos están en el origen de que nos hayamos acostumbrado a ver a la mayoría de los sindicatos como instituciones inertes, sin dinamismo y sin rumbo.
Precisamente por ese aparente predominio de un sindicalismo vegetativo y sin destino llamó la atención un hecho singular. Los días 17 y 18 de agosto tuvo lugar en Silao, Guanajuato, una votación obrera en una de las plantas más importantes de General Motors. 5877 trabajadores, de un padrón de 6494, votaron por echar abajo el contrato colectivo que durante años ha fijado las condiciones laborales de esa planta apacible que —dicen sus directivos— nunca en sus 26 años ha registrado una huelga.
La presencia en una fábrica de urnas, boletas, mamparas y demás parafernalia a la que nos ha acostumbrado la transición democrática es ya de suyo sorprendente. Pero lo es más si se considera que esta elección fue el resultado de un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos que se produjo por la inusitada queja de este último por violaciones a los derechos sindicales en la planta de Silao. Además, en otro hecho sin precedentes, fueron invitados a participar como testigos quince observadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y treinta funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).
¿Cómo explicar esta sucesión de hechos extraordinarios? ¿Se trata de una circunstancia difícilmente repetible? ¿Estamos ante un punto de inflexión en el sindicalismo? ¿Qué puede deparar al futuro del trabajo el nuevo ritual democrático? Cualquier intento de respuesta a estas preguntas tendrá que tomar en cuenta al menos tres circunstancias novedosas en el entorno laboral mexicano.
En primer término, hay que comprender las consecuencias que ha tenido para México el debate global sobre la inclusión de obligaciones laborales en los tratados de libre comercio. En segundo lugar, debe considerarse el influjo que esa discusión tuvo sobre las reformas constitucionales en materia de trabajo que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017 y las consecuentes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo aprobadas en 2019, cuando Morena era ya el partido mayoritario en el Congreso. Finalmente, habrá que registrar las derivaciones del inédito Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas México-Estados Unidos que el Congreso norteamericano impuso a México en diciembre de 2019 como condición de última hora para ratificar el renovado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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