El acuerdo de paz colombiano de 2016 ha llevado a más de 10.000 guerrilleros de las FARC al umbral de la vida civil. Sin embargo, en el camino ha dejado a grupos rivales luchando por el control de los territorios desalojados y por el rentable cultivo de coca. Para contener la floreciente producción de estupefacientes y frenar la expansión de grupos no estatales, el Gobierno colombiano deberá proporcionar medios de subsistencia alternativos para los campesinos locales, así como desarrollar mejoras en la seguridad y la gobernanza a nivel comunitario.
El proceso de paz con el mayor y más antiguo grupo guerrillero de Colombia ha desafiado a sus detractores y ha llevado a 11.200 excombatientes a las puertas de la vida civil, pero el periodo posterior a la guerra no le ha ofrecido seguridad a todos. Desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se retiraron de sus núcleos rurales para agruparse en campamentos a principios de 2017, actores armados rivales han ocupado su lugar, librando una batalla por los despojos: el control de comunidades y territorios aislados, muchos de ellos ricos en negocios ilícitos. En Tumaco, centro de distribución de cocaína del Pacífico, en las aldeas de Chocó, o en zonas de contrabando en la frontera con Venezuela, grupos armados establecidos y nuevas facciones disidentes han atacado a las fuerzas estatales, intimidando a comunidades y pujando por convertirse en los indiscutibles caciques locales.
Respuesta:
El acuerdo de paz colombiano de 2016 ha llevado a más de 10.000 guerrilleros de las FARC al umbral de la vida civil. Sin embargo, en el camino ha dejado a grupos rivales luchando por el control de los territorios desalojados y por el rentable cultivo de coca. Para contener la floreciente producción de estupefacientes y frenar la expansión de grupos no estatales, el Gobierno colombiano deberá proporcionar medios de subsistencia alternativos para los campesinos locales, así como desarrollar mejoras en la seguridad y la gobernanza a nivel comunitario.
El proceso de paz con el mayor y más antiguo grupo guerrillero de Colombia ha desafiado a sus detractores y ha llevado a 11.200 excombatientes a las puertas de la vida civil, pero el periodo posterior a la guerra no le ha ofrecido seguridad a todos. Desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se retiraron de sus núcleos rurales para agruparse en campamentos a principios de 2017, actores armados rivales han ocupado su lugar, librando una batalla por los despojos: el control de comunidades y territorios aislados, muchos de ellos ricos en negocios ilícitos. En Tumaco, centro de distribución de cocaína del Pacífico, en las aldeas de Chocó, o en zonas de contrabando en la frontera con Venezuela, grupos armados establecidos y nuevas facciones disidentes han atacado a las fuerzas estatales, intimidando a comunidades y pujando por convertirse en los indiscutibles caciques locales.