La iniciativa legislativa anunciada por el Gobierno conservador para regular de nuevo la interrupción voluntaria del embarazo ha provocado una catarata de críticas de la oposición, de entre las cuales pretendemos comentar en este artículo no tanto las que se refieren al fondo de la cuestión legislada como las atinentes al proceso legislativo mismo. Es decir, las que se refieren a las condiciones de legitimidad del debate en la esfera pública de una sociedad democrática. Porque se escuchan a este respecto opiniones que parecen por lo menos altamente cuestionables, cuando no directamente erróneas.
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La iniciativa legislativa anunciada por el Gobierno conservador para regular de nuevo la interrupción voluntaria del embarazo ha provocado una catarata de críticas de la oposición, de entre las cuales pretendemos comentar en este artículo no tanto las que se refieren al fondo de la cuestión legislada como las atinentes al proceso legislativo mismo. Es decir, las que se refieren a las condiciones de legitimidad del debate en la esfera pública de una sociedad democrática. Porque se escuchan a este respecto opiniones que parecen por lo menos altamente cuestionables, cuando no directamente erróneas.