El terrorismo tiene múltiples consecuencias en la salud mental. Los investigadores han demostrado cómo las víctimas y sus familiares presentan una importante proporción de trastornos afectivos, ansiedad y abuso de sustancias, con una prevalencia superior a la de la población general.
El terrorismo tiene consecuencias que van más allá de los afectados, ya que se extiende hasta la descendencia. Las alteraciones producidas en el cerebro de los afectados facilitarían la transmisión intergeneracional del trastorno, ya que condicionarían el ambiente prenatal.
Explicación:
Especialmente a partir de la década del 70, se evidenció una generalización de metodologías
represivas en Latinoamérica. El rasgo predominante ha sido la asunción por parte del Estado de la
eliminación del disenso social ejercitado bajo la forma de Estado terrorista, fundamentado en la llamada
“Doctrina de la Seguridad Nacional”.
El caso argentino ha sido considerado paradigmático en la aplicación de esta política, no sólo por
su carácter masivo sino por lo siniestro y clandestino de las metodologías utilizadas.
El campo de la Salud Mental también se vio afectado por el desmantelamiento de los servicios
hospitalarios y de investigación, los cierres de carreras universitarias, el secuestro y exilio de
profesionales, así como por las formas autoritarias que fueron alejando a los profesionales del
padecimiento en el campo de lo social.
Como respuesta al daño sufrido por los sujetos afectados en particular y en la comunidad en
general, algunos profesionales de la salud mental debieron dar respuesta a las diversas consecuencias.
Se generó así un campo inédito en sus prácticas llamado Salud Mental y Derechos Humanos, trauma
político, efectos psicosociales del terror de Estado, entre otras denominaciones.
Esta producción clínico asistencial, comunitaria, social, de investigación y producción teórica se
realizó en condiciones difíciles y durante mucho tiempo bajo los efectos de persecución de aquellas
mismas situaciones que intentaba resolver. En nuestro país estas tareas se llevaron adelante en torno
a los Organismos de Derechos Humanos a cargo de sus llamados “equipos psicoasistenciales”,
organizados a partir de 1981.
Hubo que redefinir conceptos y técnicas, debatir acerca del modo de nombrar patologías o hablar
de padecimiento psíquico, para dar cuenta de una situación social traumática con especificidades
individuales. Así se inauguró un campo de producción que se fue enriqueciendo con los numerosos
intercambios y debates con los equipos y profesionales de los distintos países latinoamericanos con los
que compartíamos la hermandad en el dolor, o quienes desde otros lugares, en la forzada distancia,
aportaban con su compromiso y reflexión.
Si bien esta experiencia fue rica y perduró en el tiempo, incluyendo investigación y cátedras
universitarias, fue perdiendo la fuerza de la producción inicial. Esto se debió a que luego de los primeros
años de recuperación de los gobiernos constitucionales también se fueron gestando las condiciones
de la impunidad, propicias para la instalación de la desmemoria aún vigente, a partir de las leyes e
indultos que la impusieron. Ya decíamos entonces que si la demanda de Verdad y Justicia vuelve a
ser depositada en los familiares y grupos solidarios sin que haya un cuerpo social que lo reinvindique
como propio, como reclamo colectivo, será la sociedad en su conjunto la que quedará atrapada sin
retorno en la encerrona trágica de la cual los familiares pudieron salir a través de su lucha, recreando
de esa manera el lazo social solidario dañado por el terror.
Este cuadernillo producido desde el Estado puede darse en este momento histórico debido a que
para la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del Dr. Eduardo Luis Duhalde,
los derechos humanos son considerados el eje que debe atravesar toda la política pública para la
recuperación ética del país.
Si bien muchos son los especialistas ligados a los originarios equipos que aún hoy siguen atendiendo
Respuesta:
El terrorismo tiene múltiples consecuencias en la salud mental. Los investigadores han demostrado cómo las víctimas y sus familiares presentan una importante proporción de trastornos afectivos, ansiedad y abuso de sustancias, con una prevalencia superior a la de la población general.
El terrorismo tiene consecuencias que van más allá de los afectados, ya que se extiende hasta la descendencia. Las alteraciones producidas en el cerebro de los afectados facilitarían la transmisión intergeneracional del trastorno, ya que condicionarían el ambiente prenatal.
Explicación:
Especialmente a partir de la década del 70, se evidenció una generalización de metodologías
represivas en Latinoamérica. El rasgo predominante ha sido la asunción por parte del Estado de la
eliminación del disenso social ejercitado bajo la forma de Estado terrorista, fundamentado en la llamada
“Doctrina de la Seguridad Nacional”.
El caso argentino ha sido considerado paradigmático en la aplicación de esta política, no sólo por
su carácter masivo sino por lo siniestro y clandestino de las metodologías utilizadas.
El campo de la Salud Mental también se vio afectado por el desmantelamiento de los servicios
hospitalarios y de investigación, los cierres de carreras universitarias, el secuestro y exilio de
profesionales, así como por las formas autoritarias que fueron alejando a los profesionales del
padecimiento en el campo de lo social.
Como respuesta al daño sufrido por los sujetos afectados en particular y en la comunidad en
general, algunos profesionales de la salud mental debieron dar respuesta a las diversas consecuencias.
Se generó así un campo inédito en sus prácticas llamado Salud Mental y Derechos Humanos, trauma
político, efectos psicosociales del terror de Estado, entre otras denominaciones.
Esta producción clínico asistencial, comunitaria, social, de investigación y producción teórica se
realizó en condiciones difíciles y durante mucho tiempo bajo los efectos de persecución de aquellas
mismas situaciones que intentaba resolver. En nuestro país estas tareas se llevaron adelante en torno
a los Organismos de Derechos Humanos a cargo de sus llamados “equipos psicoasistenciales”,
organizados a partir de 1981.
Hubo que redefinir conceptos y técnicas, debatir acerca del modo de nombrar patologías o hablar
de padecimiento psíquico, para dar cuenta de una situación social traumática con especificidades
individuales. Así se inauguró un campo de producción que se fue enriqueciendo con los numerosos
intercambios y debates con los equipos y profesionales de los distintos países latinoamericanos con los
que compartíamos la hermandad en el dolor, o quienes desde otros lugares, en la forzada distancia,
aportaban con su compromiso y reflexión.
Si bien esta experiencia fue rica y perduró en el tiempo, incluyendo investigación y cátedras
universitarias, fue perdiendo la fuerza de la producción inicial. Esto se debió a que luego de los primeros
años de recuperación de los gobiernos constitucionales también se fueron gestando las condiciones
de la impunidad, propicias para la instalación de la desmemoria aún vigente, a partir de las leyes e
indultos que la impusieron. Ya decíamos entonces que si la demanda de Verdad y Justicia vuelve a
ser depositada en los familiares y grupos solidarios sin que haya un cuerpo social que lo reinvindique
como propio, como reclamo colectivo, será la sociedad en su conjunto la que quedará atrapada sin
retorno en la encerrona trágica de la cual los familiares pudieron salir a través de su lucha, recreando
de esa manera el lazo social solidario dañado por el terror.
Este cuadernillo producido desde el Estado puede darse en este momento histórico debido a que
para la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del Dr. Eduardo Luis Duhalde,
los derechos humanos son considerados el eje que debe atravesar toda la política pública para la
recuperación ética del país.
Si bien muchos son los especialistas ligados a los originarios equipos que aún hoy siguen atendiendo