En América Latina, finalizando el siglo XIX y durante las dos primeras décadas del siglo XX, la economía se caracterizó por la búsqueda de recursos naturales, determinada por precios favorables en los mercados internos y externos. Como parte de este proceso, inició el auge del caucho para su extracción y exportación en la zona del suroeste amazónico y se extendió a los países de Bolivia, Perú y Colombia.
En Perú, desde 1875, se fueron creando varias colonias para la explotación del caucho, inicialmente en el territorio de Iquitos (al margen izquierdo del rio Marañón), pero se fueron extendiendo hacia el Caquetá y el Putumayo. En este contexto, llegó el peruano Julio César Arana, quien se convirtió, junto a su familia, en el dueño y señor de la extracción y comercialización del caucho en la región del Amazonas. Según Juan Camilo Restrepo:
[…] la casa Arana llegó a ser propietaria de 5.872 kilómetros cuadrados, que se extendían en el occidente desde el rio Tamboryacu hasta el sitio donde el río Caguán desemboca en el Caquetá, que servía de frontera norte, hasta su confluencia con el Cahuinari, y recorría parte del Putumayo y su límite sur estaba conformado por la casi totalidad del río Yaguas, cubriendo así territorios que desde 1922 pertenecían más a Colombia que al Perú (Betancur 2001).
El Tratado Lozano-Salomón afectó los intereses económicos, no sólo de la casa Arana, sino de una hacienda llamada El Encanto, cuyo propietario peruano Enrique Vigil, observó con recelo que sus grandes extensiones de tierra en Caquetá quedaban en manos del gobierno colombiano. La zona, donde se ubicó la hacienda, fue entregada a Colombia por parte de Perú con el tratado de 1922. Enrique Vigil y la Casa Arana se convirtieron, entonces, en enemigos acérrimos del tratado Lozano-Salomón y caldearon los ánimos de los pobladores de la Provincia de Loreto, para comprometer al gobierno y a los militares en la defensa de sus propios intereses en el trapecio amazónico.
El 1 de septiembre de 1932, un grupo peruano armado, tomó la población de Leticia, depuso a las autoridades, izó una nueva bandera tricolor e instaló un gobierno peruano en suelo colombiano. Las reacciones iníciales frente a este hecho se manejaron de manera diplomática, porque fue tachado como un "problema doméstico", ya que Colombia aceptó la versión de Perú, según la cual "unos comunistas se tomaron a Leticia para provocar una perturbación en el país y atacar el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro". Tal era la confianza en la versión del presidente peruano, que el presidente Colombiano, Enrique Olaya Herrera, expidió una declaración pública alegando que la toma de Leticia no tenía "carácter internacional y las relaciones entre los dos países eran completamente cordiales" (El Tiempo 1932).
Diez días después la realidad era otra. Perú no había hecho nada para sacar a los supuestos "comunistas" del territorio colombiano, tampoco había condenado la toma, ni había pedido excusas formales a Colombia. El presidente Enrique Olaya preguntó al gobierno de Perú, si permitiría el paso de las cañoneras para las guarniciones militares apostadas en el Putumayo y así poder enfrentarse a las tropas peruanas apostadas en Leticia. La respuesta oficial de Perú fue que "Colombia debía prescindir de toda medida de fuerza si quería un arreglo pacífico del conflicto, porque la ocupación de Leticia era una espontanea manifestación de incontenibles aspiraciones nacionales" (Uribe 1994). Esta fue la llama necesaria, para que el presidente colombiano presentara ante el Congreso las verdaderas intenciones de Perú. El Congreso no vaciló en su respuesta, e inmediatamente aprobó un empréstito para la adquisición de equipos bélicos y el mantenimiento de las tropas. Colombia acababa de aprobar la guerra contra Perú.
Explicación:
l conflicto territorial entre Colombia y Perú tiene sus antecedentes desde que el Rey Felipe V expidió, en el año de 1717, una Cédula Real que erigió el Virreinato de Santafé del Nuevo Reino de Granada y le asignó la Real Audiencia de Quito con todos sus territorios. Sin embargo, seis años después, el 5 de noviembre de 1723, se suprimió este Virreinato y la Audiencia de Quito pasó a depender del Virreinato de Lima (Paredes 1999).
Respuesta:
Una gran cantidad de muertos y heridos en las fuerzas militares de ambos países.
El debilitamiento de la economía de ambos Estados debido a los recursos financieros destinados a la compra de armamentos y otros materiales bélicos.
Respuesta:
En América Latina, finalizando el siglo XIX y durante las dos primeras décadas del siglo XX, la economía se caracterizó por la búsqueda de recursos naturales, determinada por precios favorables en los mercados internos y externos. Como parte de este proceso, inició el auge del caucho para su extracción y exportación en la zona del suroeste amazónico y se extendió a los países de Bolivia, Perú y Colombia.
En Perú, desde 1875, se fueron creando varias colonias para la explotación del caucho, inicialmente en el territorio de Iquitos (al margen izquierdo del rio Marañón), pero se fueron extendiendo hacia el Caquetá y el Putumayo. En este contexto, llegó el peruano Julio César Arana, quien se convirtió, junto a su familia, en el dueño y señor de la extracción y comercialización del caucho en la región del Amazonas. Según Juan Camilo Restrepo:
[…] la casa Arana llegó a ser propietaria de 5.872 kilómetros cuadrados, que se extendían en el occidente desde el rio Tamboryacu hasta el sitio donde el río Caguán desemboca en el Caquetá, que servía de frontera norte, hasta su confluencia con el Cahuinari, y recorría parte del Putumayo y su límite sur estaba conformado por la casi totalidad del río Yaguas, cubriendo así territorios que desde 1922 pertenecían más a Colombia que al Perú (Betancur 2001).
El Tratado Lozano-Salomón afectó los intereses económicos, no sólo de la casa Arana, sino de una hacienda llamada El Encanto, cuyo propietario peruano Enrique Vigil, observó con recelo que sus grandes extensiones de tierra en Caquetá quedaban en manos del gobierno colombiano. La zona, donde se ubicó la hacienda, fue entregada a Colombia por parte de Perú con el tratado de 1922. Enrique Vigil y la Casa Arana se convirtieron, entonces, en enemigos acérrimos del tratado Lozano-Salomón y caldearon los ánimos de los pobladores de la Provincia de Loreto, para comprometer al gobierno y a los militares en la defensa de sus propios intereses en el trapecio amazónico.
El 1 de septiembre de 1932, un grupo peruano armado, tomó la población de Leticia, depuso a las autoridades, izó una nueva bandera tricolor e instaló un gobierno peruano en suelo colombiano. Las reacciones iníciales frente a este hecho se manejaron de manera diplomática, porque fue tachado como un "problema doméstico", ya que Colombia aceptó la versión de Perú, según la cual "unos comunistas se tomaron a Leticia para provocar una perturbación en el país y atacar el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro". Tal era la confianza en la versión del presidente peruano, que el presidente Colombiano, Enrique Olaya Herrera, expidió una declaración pública alegando que la toma de Leticia no tenía "carácter internacional y las relaciones entre los dos países eran completamente cordiales" (El Tiempo 1932).
Diez días después la realidad era otra. Perú no había hecho nada para sacar a los supuestos "comunistas" del territorio colombiano, tampoco había condenado la toma, ni había pedido excusas formales a Colombia. El presidente Enrique Olaya preguntó al gobierno de Perú, si permitiría el paso de las cañoneras para las guarniciones militares apostadas en el Putumayo y así poder enfrentarse a las tropas peruanas apostadas en Leticia. La respuesta oficial de Perú fue que "Colombia debía prescindir de toda medida de fuerza si quería un arreglo pacífico del conflicto, porque la ocupación de Leticia era una espontanea manifestación de incontenibles aspiraciones nacionales" (Uribe 1994). Esta fue la llama necesaria, para que el presidente colombiano presentara ante el Congreso las verdaderas intenciones de Perú. El Congreso no vaciló en su respuesta, e inmediatamente aprobó un empréstito para la adquisición de equipos bélicos y el mantenimiento de las tropas. Colombia acababa de aprobar la guerra contra Perú.
Explicación:
l conflicto territorial entre Colombia y Perú tiene sus antecedentes desde que el Rey Felipe V expidió, en el año de 1717, una Cédula Real que erigió el Virreinato de Santafé del Nuevo Reino de Granada y le asignó la Real Audiencia de Quito con todos sus territorios. Sin embargo, seis años después, el 5 de noviembre de 1723, se suprimió este Virreinato y la Audiencia de Quito pasó a depender del Virreinato de Lima (Paredes 1999).
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