El monarquismo absolutista propugna o defiende que el Monarca o soberano debe ejercer todos los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sin ningún tipo de restricción o límite en la práctica; aunque se dé por sentado que el monarca deba gobernar teniendo como límites los preceptos religiosos y en algunos casos históricos las llamadas "Leyes Fundamentales" (leyes de carácter consuetudinario que ordenan la vida política del país, las que el rey no puede vulnerar), aunque esos límites casi siempre han sido muy difusos (por estar sujetos a la interpretación más conveniente al monarca) y poco eficaces. Por lo tanto, los monárquicos absolutistas rechazan la existencia de una Constitución en el sentido moderno y liberal y de un Parlamento, son contrarios a formas de gobierno demócratas y defienden al monarca como el único titular de la soberanía.
En la actualidad, las monarquías absolutistas y sus partidarios son prácticamente inexistentes en Europa o América y son insignificantes en la mayoría de los países de Asia; solo sobreviven en algunos países árabes como Arabia Saudita y en al menos uno de África.
El monarquismo constitucional defiende un sistema donde las leyes del gobierno reposan sobre una serie de prerrogativas reales entre el monarca (responsable máximo del Poder Ejecutivo) y el Parlamento (responsable máximo del Poder Legislativo).
Para los constitucionalistas más moderados, el rey todavía debe ejercer importantes poderes ejecutivos conjuntamente con el Gobierno que cuente con la confianza del parlamento, y de hecho proponen una soberanía compartida entre el monarca y el Pueblo (representado este último por sus representantes políticos surgidos de elecciones democráticas).
Sin embargo, para la mayoría de los monárquicos constitucionalistas toda la soberanía debe ser para el Pueblo o Nación (de allí llamarla soberanía nacional); el monarca solo lo es porque el pueblo se lo permite por medio de la Constitución Nacional y, si la mayoría del pueblo le retirara la confianza, podría destituirlo en cualquier momento mediante una reforma constitucional (para implantar la República o elegir otro Monarca). Para ellos el monarca no debe tener ningún poder real; sus funciones solo deben ser de dos tipos: ceremoniales o decorativas (presidir ceremonias públicas solemnes, servir de anfitriones de personalidades y gobernantes extranjeros, inaugurar obras públicas, y en general "relaciones públicas"); y simbólicas gubernativas (firmar los decretos y reglamentos ya redactados y aprobados por el primer ministro y su Gabinete, y también las leyes aprobadas y sancionadas por el parlamento; "nombrar" al primer ministro elegido por el Pueblo, etc.)
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El monarquismo absolutista propugna o defiende que el Monarca o soberano debe ejercer todos los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sin ningún tipo de restricción o límite en la práctica; aunque se dé por sentado que el monarca deba gobernar teniendo como límites los preceptos religiosos y en algunos casos históricos las llamadas "Leyes Fundamentales" (leyes de carácter consuetudinario que ordenan la vida política del país, las que el rey no puede vulnerar), aunque esos límites casi siempre han sido muy difusos (por estar sujetos a la interpretación más conveniente al monarca) y poco eficaces. Por lo tanto, los monárquicos absolutistas rechazan la existencia de una Constitución en el sentido moderno y liberal y de un Parlamento, son contrarios a formas de gobierno demócratas y defienden al monarca como el único titular de la soberanía.
En la actualidad, las monarquías absolutistas y sus partidarios son prácticamente inexistentes en Europa o América y son insignificantes en la mayoría de los países de Asia; solo sobreviven en algunos países árabes como Arabia Saudita y en al menos uno de África.
El monarquismo constitucional defiende un sistema donde las leyes del gobierno reposan sobre una serie de prerrogativas reales entre el monarca (responsable máximo del Poder Ejecutivo) y el Parlamento (responsable máximo del Poder Legislativo).
Para los constitucionalistas más moderados, el rey todavía debe ejercer importantes poderes ejecutivos conjuntamente con el Gobierno que cuente con la confianza del parlamento, y de hecho proponen una soberanía compartida entre el monarca y el Pueblo (representado este último por sus representantes políticos surgidos de elecciones democráticas).
Sin embargo, para la mayoría de los monárquicos constitucionalistas toda la soberanía debe ser para el Pueblo o Nación (de allí llamarla soberanía nacional); el monarca solo lo es porque el pueblo se lo permite por medio de la Constitución Nacional y, si la mayoría del pueblo le retirara la confianza, podría destituirlo en cualquier momento mediante una reforma constitucional (para implantar la República o elegir otro Monarca). Para ellos el monarca no debe tener ningún poder real; sus funciones solo deben ser de dos tipos: ceremoniales o decorativas (presidir ceremonias públicas solemnes, servir de anfitriones de personalidades y gobernantes extranjeros, inaugurar obras públicas, y en general "relaciones públicas"); y simbólicas gubernativas (firmar los decretos y reglamentos ya redactados y aprobados por el primer ministro y su Gabinete, y también las leyes aprobadas y sancionadas por el parlamento; "nombrar" al primer ministro elegido por el Pueblo, etc.)