La constitución de un sistema eficaz de áreas naturales protegidas es tal vez el reto de mayor peso y alcance en la política ecológica. Establecerlo y desarrollarlo es una de las tareas de más alta prioridad para el gobierno y la sociedad, en el marco de todos los desafíos de la gestión ambiental.
La razón fundamental de pensar así está determinada por el hecho de mantener ciertas porciones de un territorio –acuático o terrestre– cuyo propósito es apuntalar la continuidad de los procesos ecológicos que no han sido perturbados o alterados en sus características fundamentales. Particularmente porque la diversidad biológica contiene un asombroso capital natural cuya cuantía socioeconómica y ecológica aún se desconoce.
El esfuerzo realizado a nivel internacional por desarrollar y consolidar una política para alcanzar una adecuada gestión de los espacios naturales ha permitido a la sociedad considerar las ANP como un bien público que contribuye la edificación del desarrollo sustentable. Villalobos (2000, p. 33) las considera como “espacios de convergencia de muchos actores, desde pobladores hasta los que se ocupan de la conservación y estudio de los ecosistemas y la biodiversidad”, donde se puede observar la convergencia de las tres dimensiones que constituyen el desarrollo sustentable: la ecológica, la social y la económica en derredor de esta herencia natural (Cantú-Martínez, 2015)
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La constitución de un sistema eficaz de áreas naturales protegidas es tal vez el reto de mayor peso y alcance en la política ecológica. Establecerlo y desarrollarlo es una de las tareas de más alta prioridad para el gobierno y la sociedad, en el marco de todos los desafíos de la gestión ambiental.
La razón fundamental de pensar así está determinada por el hecho de mantener ciertas porciones de un territorio –acuático o terrestre– cuyo propósito es apuntalar la continuidad de los procesos ecológicos que no han sido perturbados o alterados en sus características fundamentales. Particularmente porque la diversidad biológica contiene un asombroso capital natural cuya cuantía socioeconómica y ecológica aún se desconoce.
El esfuerzo realizado a nivel internacional por desarrollar y consolidar una política para alcanzar una adecuada gestión de los espacios naturales ha permitido a la sociedad considerar las ANP como un bien público que contribuye la edificación del desarrollo sustentable. Villalobos (2000, p. 33) las considera como “espacios de convergencia de muchos actores, desde pobladores hasta los que se ocupan de la conservación y estudio de los ecosistemas y la biodiversidad”, donde se puede observar la convergencia de las tres dimensiones que constituyen el desarrollo sustentable: la ecológica, la social y la económica en derredor de esta herencia natural (Cantú-Martínez, 2015)
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