como el derecho de la identidad fue vulnerado por la pandemia
En los últimos 20 años, en América Latina y el Caribe presenciamos una reducción de casi 20 puntos en los niveles de pobreza y el desarrollo de una nueva clase media emergente. Sin embargo, como veíamos previamente en este blog, esta nueva clase nació expuesta a choques económicos y sin esquemas de seguridad social: en 2018, solo el 42% de los trabajadores de la región tenía acceso a la seguridad social de su país, y en aquella clase media emergente el porcentaje era mucho menor. En 1998, este porcentaje era de 38%, por lo que el avance en este ámbito fue bastante moderado.
Los choques derivados de las medidas de aislamiento social impuestas para frenar el avance del coronavirus han dejado en evidencia la fragilidad de este avance. En tan solo cuatro meses, millones de personas han perdido su empleo, tanto en el sector formal como en el informal. Solo una minoría de los afectados está cubierta por seguros de desempleo o tiene acceso a seguros de salud, lo que es altamente preocupante en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Ante este panorama, los países han recurrido a mecanismos ad hoc para repartir recursos mediante transferencias especiales. Hay que reconocer que lo han hecho extraordinariamente rápido, pero encontrar de la noche a la mañana a toda esta población, que a menudo es invisible para los gobiernos, ha supuesto un enorme reto de ejecución. En algunos casos, se habla de que los mecanismos establecidos para distribuir estos bonos pueden haber incluso contribuido a aumentar el número de contagios, y todavía se estima que muchas personas que los requieren pueden haber quedado por fuera.
como el derecho de la identidad fue vulnerado por la pandemia
En los últimos 20 años, en América Latina y el Caribe presenciamos una reducción de casi 20 puntos en los niveles de pobreza y el desarrollo de una nueva clase media emergente. Sin embargo, como veíamos previamente en este blog, esta nueva clase nació expuesta a choques económicos y sin esquemas de seguridad social: en 2018, solo el 42% de los trabajadores de la región tenía acceso a la seguridad social de su país, y en aquella clase media emergente el porcentaje era mucho menor. En 1998, este porcentaje era de 38%, por lo que el avance en este ámbito fue bastante moderado.
Los choques derivados de las medidas de aislamiento social impuestas para frenar el avance del coronavirus han dejado en evidencia la fragilidad de este avance. En tan solo cuatro meses, millones de personas han perdido su empleo, tanto en el sector formal como en el informal. Solo una minoría de los afectados está cubierta por seguros de desempleo o tiene acceso a seguros de salud, lo que es altamente preocupante en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Ante este panorama, los países han recurrido a mecanismos ad hoc para repartir recursos mediante transferencias especiales. Hay que reconocer que lo han hecho extraordinariamente rápido, pero encontrar de la noche a la mañana a toda esta población, que a menudo es invisible para los gobiernos, ha supuesto un enorme reto de ejecución. En algunos casos, se habla de que los mecanismos establecidos para distribuir estos bonos pueden haber incluso contribuido a aumentar el número de contagios, y todavía se estima que muchas personas que los requieren pueden haber quedado por fuera.