El 16 de agosto de 2014 se derramaron más de 4000 barriles de petróleo crudo provenientes de un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) al río San Juan. Un río que cruza el estado de Nuevo León, desde Coahuila hasta Tamaulipas y nutre la presa El Cuchillo, una de las presas de mayor importancia para el suministro de agua a la ciudad de Monterrey. Según La Jornada (2014), el derrame fue ocasionado por lo que se presume fue una toma clandestina en el oleoducto Madero-Cadereyta, por lo que fueron afectados 23 km del río San Juan. A lo largo de esta extensión, la efusión ocasionó daños a los ejidos circundantes,1 cuya principal actividad económica es la producción de naranja, un fruto con altos requerimientos de agua. Según lo reportado por Vázquez (2014a), el director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, Ramón Villagómez, señaló: "La contaminación afectó el canal de riego de la zona afectada, el daño mayor va a ser por el hecho de dejar de regar". El funcionario estimó que las consecuencias del derrame afectan a 200 productores y 1120 ha de cítricos y unas 25 000 t de naranja.
Las consecuencias del suceso, por tanto, se vieron reflejadas, principalmente, en la producción agrícola, donde gran parte se perdió debido a la mala calidad del agua y la contaminación con petróleo en algunas de las acequias y, con ello, los ingresos y empleos para buena parte de la población. Pemex se ocupó de la limpieza superficial del río San Juan, dado que es propietario de los oleoductos de donde provino el derrame, pero ha optado por reducir la problemática y así minimizar el monto a indemnizar. El 21 de noviembre de 2014, el mismo Vásquez (2014b) reportó que Víctor Cabrera, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, anunció que concluían los trabajos de limpieza a nivel superficial en el río San Juan).
Casi 400 comunidades de la Amazonia peruana afectadas desde 2014 por frecuentes derrames de petróleo padecen altos niveles de pobreza (del 45% al 59%), desnutrición crónica y falta de acceso a servicios de salud y educación.
En marzo de 2015, el Gobierno de Perú se comprometió a realizar un estudio toxicológico de la población y tres años después se han conocido resultados preliminares: los habitantes de cuatro cuencas de la selva norte tienen en el organismo plomo, cadmio, mercurio y otros metales pesados.
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El 16 de agosto de 2014 se derramaron más de 4000 barriles de petróleo crudo provenientes de un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) al río San Juan. Un río que cruza el estado de Nuevo León, desde Coahuila hasta Tamaulipas y nutre la presa El Cuchillo, una de las presas de mayor importancia para el suministro de agua a la ciudad de Monterrey. Según La Jornada (2014), el derrame fue ocasionado por lo que se presume fue una toma clandestina en el oleoducto Madero-Cadereyta, por lo que fueron afectados 23 km del río San Juan. A lo largo de esta extensión, la efusión ocasionó daños a los ejidos circundantes,1 cuya principal actividad económica es la producción de naranja, un fruto con altos requerimientos de agua. Según lo reportado por Vázquez (2014a), el director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León, Ramón Villagómez, señaló: "La contaminación afectó el canal de riego de la zona afectada, el daño mayor va a ser por el hecho de dejar de regar". El funcionario estimó que las consecuencias del derrame afectan a 200 productores y 1120 ha de cítricos y unas 25 000 t de naranja.
Las consecuencias del suceso, por tanto, se vieron reflejadas, principalmente, en la producción agrícola, donde gran parte se perdió debido a la mala calidad del agua y la contaminación con petróleo en algunas de las acequias y, con ello, los ingresos y empleos para buena parte de la población. Pemex se ocupó de la limpieza superficial del río San Juan, dado que es propietario de los oleoductos de donde provino el derrame, pero ha optado por reducir la problemática y así minimizar el monto a indemnizar. El 21 de noviembre de 2014, el mismo Vásquez (2014b) reportó que Víctor Cabrera, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado, anunció que concluían los trabajos de limpieza a nivel superficial en el río San Juan).
Explicación:
Casi 400 comunidades de la Amazonia peruana afectadas desde 2014 por frecuentes derrames de petróleo padecen altos niveles de pobreza (del 45% al 59%), desnutrición crónica y falta de acceso a servicios de salud y educación.
En marzo de 2015, el Gobierno de Perú se comprometió a realizar un estudio toxicológico de la población y tres años después se han conocido resultados preliminares: los habitantes de cuatro cuencas de la selva norte tienen en el organismo plomo, cadmio, mercurio y otros metales pesados.