Con un veloz tratamiento legislativo, ambas cámaras dieron el visto bueno al proyecto presentado por el Gobierno de Alberto Fernández. La norma dispone medidas de urgencia como el congelamiento de tarifas, la suspensión de la fórmula para jubilaciones y un impuesto a la compra de divisas, entre otras.
En menos de 72 horas, Alberto Fernández concretó su primera gran victoria legislativa desde su asunción como presidente el pasado 10 de diciembre. El proyecto de ley de emergencia pública recibió el apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores en sendas sesiones maratónicas con votaciones de madrugada.
En concreto, la norma –denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva- declara la emergencia en once áreas, que van desde lo social a lo sanitario, las cuales regirán hasta el 31 de diciembre de 2020.
Pese al tratamiento a contrarreloj –el Gobierno insistió a los parlamentarios en la necesidad de poner en marcha la norma cuanto antes y, por eso, habilitó el desarrollo de sesiones extraordinarias en el Congreso-, la ley sufrió varias modificaciones en su paso por la cámara de Diputados, que respaldó la norma el viernes 20 de diciembre en la madrugada, luego de 19 horas de debate.
Precisamente, el conocimiento al detalle de todas las modificaciones estiró el tratamiento de la ley en el Senado, que ratificó la norma en la madrugada del sábado 21 de diciembre, tras otra extensa sesión, que contó con el debut de la expresidenta Cristina Fernández como mandataria de la Cámara Alta.
En esta última votación, la mayoría oficialista fue clave para imponerse por 41 votos a favor –que también incluyó a tres legisladores independientes- contra 23 negativos –con el conjunto de la bancada de Juntos por el Cambio, el espacio del expresidente Mauricio Macri- y una abstención.
Las concesiones de Fernández: sin “superpoderes”, revisión de jubilaciones y fondos para el campo
Pese a su rápido tratamiento en el Congreso, la ley de emergencia pública debió atravesar múltiples obstáculos para su aprobación y sufrió varias modificaciones, producto de las negociaciones entre oficialismo y oposición.
El primer punto que puso en riesgo incluso el quórum para debatir la norma en el Congreso fue el artículo 85 que, según la oposición, era un cheque en blanco para que el Gobierno de Alberto Fernández implementara reformas en organismos del Estado. Ante la férrea postura opositora de no permitir el tratamiento del proyecto si contenía ese punto, el oficialismo accedió a eliminarlo.
Otro punto de controversia fue el impuesto a las exportaciones de productos agrícolas, llamadas retenciones. Si bien el Ejecutivo logró mantener los topes de 33% en las tasas para la soja, de 15% para el maíz y de 5% para el trigo, también debió ceder y establecer la creación de un Fondo Solidario destinado a pequeños productores y cooperativas.
Pero una de las mayores discusiones –y que generó más controversia social- se dio sobre las jubilaciones. Para el nuevo Gobierno, la fórmula de actualización que define los aumentos en las jubilaciones establecida por la gestión anterior no es acorde y, por eso, la ley de emergencia dispone la suspensión de esa fórmula.
Sin embargo, la oposición acusó al Gobierno de querer hacer “pagar el ajuste” a los jubilados y redireccionar los fondos de pensiones. Para calmar las aguas, Fernández dispuso el pago de bonos en diciembre y enero, a la vez que garantizó los aumentos trimestrales por decreto, sin especificar el porcentaje de esas subas.
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jimenadoyam
Es sobre la ley de emergencia publica en argentina
Con un veloz tratamiento legislativo, ambas cámaras dieron el visto bueno al proyecto presentado por el Gobierno de Alberto Fernández. La norma dispone medidas de urgencia como el congelamiento de tarifas, la suspensión de la fórmula para jubilaciones y un impuesto a la compra de divisas, entre otras.
En menos de 72 horas, Alberto Fernández concretó su primera gran victoria legislativa desde su asunción como presidente el pasado 10 de diciembre. El proyecto de ley de emergencia pública recibió el apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores en sendas sesiones maratónicas con votaciones de madrugada.
En concreto, la norma –denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva- declara la emergencia en once áreas, que van desde lo social a lo sanitario, las cuales regirán hasta el 31 de diciembre de 2020.
Pese al tratamiento a contrarreloj –el Gobierno insistió a los parlamentarios en la necesidad de poner en marcha la norma cuanto antes y, por eso, habilitó el desarrollo de sesiones extraordinarias en el Congreso-, la ley sufrió varias modificaciones en su paso por la cámara de Diputados, que respaldó la norma el viernes 20 de diciembre en la madrugada, luego de 19 horas de debate.
Precisamente, el conocimiento al detalle de todas las modificaciones estiró el tratamiento de la ley en el Senado, que ratificó la norma en la madrugada del sábado 21 de diciembre, tras otra extensa sesión, que contó con el debut de la expresidenta Cristina Fernández como mandataria de la Cámara Alta.
En esta última votación, la mayoría oficialista fue clave para imponerse por 41 votos a favor –que también incluyó a tres legisladores independientes- contra 23 negativos –con el conjunto de la bancada de Juntos por el Cambio, el espacio del expresidente Mauricio Macri- y una abstención.
Las concesiones de Fernández: sin “superpoderes”, revisión de jubilaciones y fondos para el campo
Pese a su rápido tratamiento en el Congreso, la ley de emergencia pública debió atravesar múltiples obstáculos para su aprobación y sufrió varias modificaciones, producto de las negociaciones entre oficialismo y oposición.
El primer punto que puso en riesgo incluso el quórum para debatir la norma en el Congreso fue el artículo 85 que, según la oposición, era un cheque en blanco para que el Gobierno de Alberto Fernández implementara reformas en organismos del Estado. Ante la férrea postura opositora de no permitir el tratamiento del proyecto si contenía ese punto, el oficialismo accedió a eliminarlo.
Otro punto de controversia fue el impuesto a las exportaciones de productos agrícolas, llamadas retenciones. Si bien el Ejecutivo logró mantener los topes de 33% en las tasas para la soja, de 15% para el maíz y de 5% para el trigo, también debió ceder y establecer la creación de un Fondo Solidario destinado a pequeños productores y cooperativas.
Pero una de las mayores discusiones –y que generó más controversia social- se dio sobre las jubilaciones. Para el nuevo Gobierno, la fórmula de actualización que define los aumentos en las jubilaciones establecida por la gestión anterior no es acorde y, por eso, la ley de emergencia dispone la suspensión de esa fórmula.
Sin embargo, la oposición acusó al Gobierno de querer hacer “pagar el ajuste” a los jubilados y redireccionar los fondos de pensiones. Para calmar las aguas, Fernández dispuso el pago de bonos en diciembre y enero, a la vez que garantizó los aumentos trimestrales por decreto, sin especificar el porcentaje de esas subas.
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Con un veloz tratamiento legislativo, ambas cámaras dieron el visto bueno al proyecto presentado por el Gobierno de Alberto Fernández. La norma dispone medidas de urgencia como el congelamiento de tarifas, la suspensión de la fórmula para jubilaciones y un impuesto a la compra de divisas, entre otras.
En menos de 72 horas, Alberto Fernández concretó su primera gran victoria legislativa desde su asunción como presidente el pasado 10 de diciembre. El proyecto de ley de emergencia pública recibió el apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores en sendas sesiones maratónicas con votaciones de madrugada.
En concreto, la norma –denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva- declara la emergencia en once áreas, que van desde lo social a lo sanitario, las cuales regirán hasta el 31 de diciembre de 2020.
Pese al tratamiento a contrarreloj –el Gobierno insistió a los parlamentarios en la necesidad de poner en marcha la norma cuanto antes y, por eso, habilitó el desarrollo de sesiones extraordinarias en el Congreso-, la ley sufrió varias modificaciones en su paso por la cámara de Diputados, que respaldó la norma el viernes 20 de diciembre en la madrugada, luego de 19 horas de debate.
Precisamente, el conocimiento al detalle de todas las modificaciones estiró el tratamiento de la ley en el Senado, que ratificó la norma en la madrugada del sábado 21 de diciembre, tras otra extensa sesión, que contó con el debut de la expresidenta Cristina Fernández como mandataria de la Cámara Alta.
En esta última votación, la mayoría oficialista fue clave para imponerse por 41 votos a favor –que también incluyó a tres legisladores independientes- contra 23 negativos –con el conjunto de la bancada de Juntos por el Cambio, el espacio del expresidente Mauricio Macri- y una abstención.
Las concesiones de Fernández: sin “superpoderes”, revisión de jubilaciones y fondos para el campo
Pese a su rápido tratamiento en el Congreso, la ley de emergencia pública debió atravesar múltiples obstáculos para su aprobación y sufrió varias modificaciones, producto de las negociaciones entre oficialismo y oposición.
El primer punto que puso en riesgo incluso el quórum para debatir la norma en el Congreso fue el artículo 85 que, según la oposición, era un cheque en blanco para que el Gobierno de Alberto Fernández implementara reformas en organismos del Estado. Ante la férrea postura opositora de no permitir el tratamiento del proyecto si contenía ese punto, el oficialismo accedió a eliminarlo.
Otro punto de controversia fue el impuesto a las exportaciones de productos agrícolas, llamadas retenciones. Si bien el Ejecutivo logró mantener los topes de 33% en las tasas para la soja, de 15% para el maíz y de 5% para el trigo, también debió ceder y establecer la creación de un Fondo Solidario destinado a pequeños productores y cooperativas.
Pero una de las mayores discusiones –y que generó más controversia social- se dio sobre las jubilaciones. Para el nuevo Gobierno, la fórmula de actualización que define los aumentos en las jubilaciones establecida por la gestión anterior no es acorde y, por eso, la ley de emergencia dispone la suspensión de esa fórmula.
Sin embargo, la oposición acusó al Gobierno de querer hacer “pagar el ajuste” a los jubilados y redireccionar los fondos de pensiones. Para calmar las aguas, Fernández dispuso el pago de bonos en diciembre y enero, a la vez que garantizó los aumentos trimestrales por decreto, sin especificar el porcentaje de esas subas.
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Con un veloz tratamiento legislativo, ambas cámaras dieron el visto bueno al proyecto presentado por el Gobierno de Alberto Fernández. La norma dispone medidas de urgencia como el congelamiento de tarifas, la suspensión de la fórmula para jubilaciones y un impuesto a la compra de divisas, entre otras.
En menos de 72 horas, Alberto Fernández concretó su primera gran victoria legislativa desde su asunción como presidente el pasado 10 de diciembre. El proyecto de ley de emergencia pública recibió el apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores en sendas sesiones maratónicas con votaciones de madrugada.
En concreto, la norma –denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva- declara la emergencia en once áreas, que van desde lo social a lo sanitario, las cuales regirán hasta el 31 de diciembre de 2020.
Pese al tratamiento a contrarreloj –el Gobierno insistió a los parlamentarios en la necesidad de poner en marcha la norma cuanto antes y, por eso, habilitó el desarrollo de sesiones extraordinarias en el Congreso-, la ley sufrió varias modificaciones en su paso por la cámara de Diputados, que respaldó la norma el viernes 20 de diciembre en la madrugada, luego de 19 horas de debate.
Precisamente, el conocimiento al detalle de todas las modificaciones estiró el tratamiento de la ley en el Senado, que ratificó la norma en la madrugada del sábado 21 de diciembre, tras otra extensa sesión, que contó con el debut de la expresidenta Cristina Fernández como mandataria de la Cámara Alta.
En esta última votación, la mayoría oficialista fue clave para imponerse por 41 votos a favor –que también incluyó a tres legisladores independientes- contra 23 negativos –con el conjunto de la bancada de Juntos por el Cambio, el espacio del expresidente Mauricio Macri- y una abstención.
Las concesiones de Fernández: sin “superpoderes”, revisión de jubilaciones y fondos para el campo
Pese a su rápido tratamiento en el Congreso, la ley de emergencia pública debió atravesar múltiples obstáculos para su aprobación y sufrió varias modificaciones, producto de las negociaciones entre oficialismo y oposición.
El primer punto que puso en riesgo incluso el quórum para debatir la norma en el Congreso fue el artículo 85 que, según la oposición, era un cheque en blanco para que el Gobierno de Alberto Fernández implementara reformas en organismos del Estado. Ante la férrea postura opositora de no permitir el tratamiento del proyecto si contenía ese punto, el oficialismo accedió a eliminarlo.
Otro punto de controversia fue el impuesto a las exportaciones de productos agrícolas, llamadas retenciones. Si bien el Ejecutivo logró mantener los topes de 33% en las tasas para la soja, de 15% para el maíz y de 5% para el trigo, también debió ceder y establecer la creación de un Fondo Solidario destinado a pequeños productores y cooperativas.
Pero una de las mayores discusiones –y que generó más controversia social- se dio sobre las jubilaciones. Para el nuevo Gobierno, la fórmula de actualización que define los aumentos en las jubilaciones establecida por la gestión anterior no es acorde y, por eso, la ley de emergencia dispone la suspensión de esa fórmula.
Sin embargo, la oposición acusó al Gobierno de querer hacer “pagar el ajuste” a los jubilados y redireccionar los fondos de pensiones. Para calmar las aguas, Fernández dispuso el pago de bonos en diciembre y enero, a la vez que garantizó los aumentos trimestrales por decreto, sin especificar el porcentaje de esas subas.