Buenos Aires y las provincias del Litoral (Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones) defendían el libre comercio, pero hasta ahí llegaban sus coincidencias.
¿Por qué? ¿Qué opinaban unos y otros?
¿Por qué? ¿Qué opinaban unos y otros?
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El papel crucial jugado por la poderosa caballería entrerriana en la guerra librada por Rosas contra sus opositores tanto en territorio oriental como en el ámbito de la Confederación otorgó a esa provincia litoraleña independencia respecto de la autoridad de Rosas. En este sentido, el "pronunciamiento" de Urquiza contra Rosas del 1º de mayo de 1851 confirmó que el primero, aunque hasta entonces "aliado" del segundo, tenía intereses contradictorios con el mismo.
La mayoría de los autores interpretan el pronunciamiento de Urquiza como un producto de las ambiciones de poder de un caudillo con ascendente prestigio militar y económico, y de la tardanza del jefe de la Confederación en cumplir con la convocatoria de un Congreso que sancionase una Constitución, promesa convenida entre Buenos Aires y las provincias del Litoral en el Pacto Federal de 1831. Por cierto, ambos factores constituyeron causas evidentes del pronunciamiento urquicista. Pero a estos factores se deben agregar otros, vinculados a intereses económicos y políticos que enfrentaban a Buenos Aires con las provincias del Litoral y del Interior desde los lejanos tiempos del virreinato.
La persistencia en el tiempo de estos factores demuestra que si bien las provincias habían delegado en Rosas el manejo de los asuntos exteriores de la Confederación, nunca estuvieron dispuestas a resignar del todo sus intereses económicos y políticos a los de Buenos Aires. Esta resistencia fue particularmente vigorosa en el caso de las provincias del Litoral, ricas en hombres y caballos, recursos necesarios para las guerras que los rosistas debían emprender contra sus enemigos en ambas orillas del Plata. Siguiendo este razonamiento, el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas constituyó el capítulo final de una historia signada por el rechazo no sólo de Entre Ríos, sino también de Corrientes y Santa Fe, a la política económica de Buenos Aires, que a través del control de la Aduana y de los ríos interiores cercenaba la posibilidad del desarrollo autónomo de las mismas.
La libre navegación de los ríos fue una permanente aspiración de las provincias litoraleñas, siendo estipulada para las partes contratantes en cada uno de los pactos interprovinciales negociados entre ellas y Buenos Aires. Así lo demuestran los artículos 4º del Tratado del Pilar del 23 de febrero de 1820, firmado entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; el apartado 3º del Pacto de Benegas entre Buenos Aires y Santa Fe; el artículo 8º del Tratado del Cuadrilátero del 25 de enero de 1822, entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes; y los artículos 8º, 9º y 16º del Pacto Federal del 4 de enero de 1831.
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