La participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa, y cuya acción pretende influir en el proceso político en el resultado del mismo. En otras palabras, la participación política describe actividades directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en las decisiones o en la elección de los gobernantes y se puede llevar a cabo de forma convencional por ejemplo la participación electoral y el activismo partidario o de forma no convencional como las actividades de protesta y el contacto con las autoridades.
Como primera aproximación al concepto, Gianfranco Pasquino nos ofrece una definición sintética y plurifuncional. Entiende este autor que la participación política comprende aquel
«conjunto de actos y actitudes dirigidos a influir de forma más o menos directa y más o menos legal en las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas así como en su misma selección con vistas a modificar o conservar la estructura (y por lo tanto, los valores) del sistema de intereses dominante» (Pasquino, 1996)[1].
Esta conceptualización de la participación política nos permite al tiempo de una primera aproximación a la idea de la misma, una descripción sistemática de sus componentes estructurales. Podemos formular una serie de consideraciones que en gran medida afectan a los principales puntos de desacuerdo entre los distintos autores en el momento de dar una definición de participación política que nos permite distinguir entre:
Formas activas versus pasivas. Mientras que algunos autores como Pasquino incluyen dentro del concepto de participación política tanto los actos como las actitudes, otros autores por el contrario, limitan el concepto de participación a las actividades. Así, Milbrath (1977)[2] y Verba, Nie y Kim (1978)[3], excluyen del concepto de participación política las actitudes como el grado de interés e implicación política.
Objetos estructurales versus no estructurales. Para algunos autores como Milbrath el concepto de participación política incluye tanto las actividades de apoyo al gobierno como aquellas que intentan influir en las decisiones de los dirigentes políticos, otros como Verba, Nie y Kim limitan el concepto de participación política a las actividades dirigidas a influir en la toma de decisiones, excluyendo la participación ceremonial o de simple apoyo al gobierno.
Objetivos gubernamentales versus no gubernamentales. La mayoría de autores limitan el concepto de participación política a aquellas actividades que tienen como objetivo influir en la esfera gubernamental, mientras que otros autores consideran como forma de participación política aquellas actividades realizadas en la comunidad, fuera de la esfera institucional. En la actualidad, se tiende a reconocer que las fronteras entre la participación política y la participación social en tanto colaboración en asociaciones voluntarias no son nítidas. Así, Verba, Scholozman y Brady (1995)[4] reconocen que la participación voluntaria en la comunidad se entrelaza con la política de diversas formas.
Acciones agresivas versus no agresivas. Durante los años 50 y 60 algunos autores limitaban el estudio de la participación política a las actividades socialmente aceptadas o legales, excluyendo las actividades de protesta. Estas eran vistas como disfuncionales para la democracia y una actividad utilizada por los actores fuera del sistema. No obstante, a partir de los años 70, con la extensión de los movimientos de protesta y las prácticas de civil desobedience, se empezará a prestar atención a las formas de protesta e incluso aquellas que implican alguna manifestación de violencia. Así, se establecerá la distinción entre formas convencionales y no convencionales, mientras que las primeras serían socialmente aceptables, las segundas no se producirían por canales institucionalizados y son consideradas ilegitimas e incluso se incluirían formas ilegales o alegales de participación política. Del mismo modo existe una cierta resistencia a catalogar la violencia política como forma de participación.
Acciones voluntarias versus obligatorias. La mayoría de los autores coincide en destacar el carácter voluntario de la participación política de tal forma que se distingue entre la participación política cuya iniciativa emana de los propios ciudadanos de la movilización en tanto que acciones promovidas por el Estado.
La participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa, y cuya acción pretende influir en el proceso político en el resultado del mismo. En otras palabras, la participación política describe actividades directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en las decisiones o en la elección de los gobernantes y se puede llevar a cabo de forma convencional por ejemplo la participación electoral y el activismo partidario o de forma no convencional como las actividades de protesta y el contacto con las autoridades.
Como primera aproximación al concepto, Gianfranco Pasquino nos ofrece una definición sintética y plurifuncional. Entiende este autor que la participación política comprende aquel
«conjunto de actos y actitudes dirigidos a influir de forma más o menos directa y más o menos legal en las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas así como en su misma selección con vistas a modificar o conservar la estructura (y por lo tanto, los valores) del sistema de intereses dominante» (Pasquino, 1996)[1].
Esta conceptualización de la participación política nos permite al tiempo de una primera aproximación a la idea de la misma, una descripción sistemática de sus componentes estructurales. Podemos formular una serie de consideraciones que en gran medida afectan a los principales puntos de desacuerdo entre los distintos autores en el momento de dar una definición de participación política que nos permite distinguir entre:
Formas activas versus pasivas. Mientras que algunos autores como Pasquino incluyen dentro del concepto de participación política tanto los actos como las actitudes, otros autores por el contrario, limitan el concepto de participación a las actividades. Así, Milbrath (1977)[2] y Verba, Nie y Kim (1978)[3], excluyen del concepto de participación política las actitudes como el grado de interés e implicación política.
Objetos estructurales versus no estructurales. Para algunos autores como Milbrath el concepto de participación política incluye tanto las actividades de apoyo al gobierno como aquellas que intentan influir en las decisiones de los dirigentes políticos, otros como Verba, Nie y Kim limitan el concepto de participación política a las actividades dirigidas a influir en la toma de decisiones, excluyendo la participación ceremonial o de simple apoyo al gobierno.
Objetivos gubernamentales versus no gubernamentales. La mayoría de autores limitan el concepto de participación política a aquellas actividades que tienen como objetivo influir en la esfera gubernamental, mientras que otros autores consideran como forma de participación política aquellas actividades realizadas en la comunidad, fuera de la esfera institucional. En la actualidad, se tiende a reconocer que las fronteras entre la participación política y la participación social en tanto colaboración en asociaciones voluntarias no son nítidas. Así, Verba, Scholozman y Brady (1995)[4] reconocen que la participación voluntaria en la comunidad se entrelaza con la política de diversas formas.
Acciones agresivas versus no agresivas. Durante los años 50 y 60 algunos autores limitaban el estudio de la participación política a las actividades socialmente aceptadas o legales, excluyendo las actividades de protesta. Estas eran vistas como disfuncionales para la democracia y una actividad utilizada por los actores fuera del sistema. No obstante, a partir de los años 70, con la extensión de los movimientos de protesta y las prácticas de civil desobedience, se empezará a prestar atención a las formas de protesta e incluso aquellas que implican alguna manifestación de violencia. Así, se establecerá la distinción entre formas convencionales y no convencionales, mientras que las primeras serían socialmente aceptables, las segundas no se producirían por canales institucionalizados y son consideradas ilegitimas e incluso se incluirían formas ilegales o alegales de participación política. Del mismo modo existe una cierta resistencia a catalogar la violencia política como forma de participación.
Acciones voluntarias versus obligatorias. La mayoría de los autores coincide en destacar el carácter voluntario de la participación política de tal forma que se distingue entre la participación política cuya iniciativa emana de los propios ciudadanos de la movilización en tanto que acciones promovidas por el Estado.
Espero te sirva