El proceso de la Independencia de Colombia con España no terminó con la pólvora y la sangre derramada en la Batalla de Boyacá ni con la tinta fresca de la Constitución de Cúcuta. Debieron pasar varias décadas antes de que el país dejara atrás algunas instituciones políticas y económicas de la colonia para darle vida a un sistema capitalista moderno.
Algunos economistas e historiadores sostienen que la libertad de comercio era como una hija legítima del proceso de Independencia. El establecimiento de un comercio con bajos aranceles que respondía más a necesidades de carácter fiscal y que había sido catalogado como librecambio es un tópico que sólo se discutirá con mayor énfasis a partir de 1840. Para el historiador Luis Ospina Vásquez las reformas a la tarifa obedecieron más a un criterio de filosofía política que a consideraciones puramente económicas.
Al amparo de las ideas desarrolladas por Adam Smith, David Ricardo, Juan Bautista Say y Federico Bastiat, en las que se resaltaban las ventajas que traía un comercio libre de controles estatales y con aranceles bajos, Florentino González, en diversos escritos, subrayó que la especialización agrícola era el mejor camino que tenía la República para alcanzar la prosperidad económica. Por eso, como secretario de Hacienda del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera impulsó la ley del 14 de julio de 1847, catalogada como la reforma al comercio exterior y la primera apertura de la economía colombiana. El primer paso hacia el libre cambio y la integración con el comercio internacional.
Esta ley, expedida por el Congreso en sesiones extraordinarias, sentó las bases para que las siguientes reformas, como la de 1861, 1870 y 1873 consolidaran las políticas librecambistas que marcarían el siglo XIX y apoyó las tesis de un importante segmento empresarial que, como se afirma, vio como única alternativa de crecimiento económico su vinculación al comercio exterior. De otra parte, la existencia de los aranceles se justificaba sólo por razones fiscales, puesto que sus tarifas no lograban proteger la artesanía nacional y dar paso a un desarrollo industrial.
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Por Óscar Rodríguez*
El proceso de la Independencia de Colombia con España no terminó con la pólvora y la sangre derramada en la Batalla de Boyacá ni con la tinta fresca de la Constitución de Cúcuta. Debieron pasar varias décadas antes de que el país dejara atrás algunas instituciones políticas y económicas de la colonia para darle vida a un sistema capitalista moderno.
Algunos economistas e historiadores sostienen que la libertad de comercio era como una hija legítima del proceso de Independencia. El establecimiento de un comercio con bajos aranceles que respondía más a necesidades de carácter fiscal y que había sido catalogado como librecambio es un tópico que sólo se discutirá con mayor énfasis a partir de 1840. Para el historiador Luis Ospina Vásquez las reformas a la tarifa obedecieron más a un criterio de filosofía política que a consideraciones puramente económicas.
Al amparo de las ideas desarrolladas por Adam Smith, David Ricardo, Juan Bautista Say y Federico Bastiat, en las que se resaltaban las ventajas que traía un comercio libre de controles estatales y con aranceles bajos, Florentino González, en diversos escritos, subrayó que la especialización agrícola era el mejor camino que tenía la República para alcanzar la prosperidad económica. Por eso, como secretario de Hacienda del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera impulsó la ley del 14 de julio de 1847, catalogada como la reforma al comercio exterior y la primera apertura de la economía colombiana. El primer paso hacia el libre cambio y la integración con el comercio internacional.
Esta ley, expedida por el Congreso en sesiones extraordinarias, sentó las bases para que las siguientes reformas, como la de 1861, 1870 y 1873 consolidaran las políticas librecambistas que marcarían el siglo XIX y apoyó las tesis de un importante segmento empresarial que, como se afirma, vio como única alternativa de crecimiento económico su vinculación al comercio exterior. De otra parte, la existencia de los aranceles se justificaba sólo por razones fiscales, puesto que sus tarifas no lograban proteger la artesanía nacional y dar paso a un desarrollo industrial.
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