Los Estados han adquirido el compromiso de hacer valer los derechos humanos al firmar y ratificar tratados de derechos humanos y apoyar otros compromisos internacionales. Tienen que cumplir con ese compromiso asegurándose de que las leyes, políticas y programas –incluidos los relativos a la salud sexual y reproductiva– están basados en los derechos humanos y hacen valer la igualdad de género y los derechos de la juventud. Además, los Estados deben garantizar que se respetan y protegen principios fundamentales de derechos humanos como el derecho a no sufrir discriminación, violencia ni coacción y la libertad de creencias y de expresión.
A fin de cumplir plenamente con el compromiso de hacer valer el derecho de todas las personas a la salud sexual y reproductiva sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, los Estados deben tomar determinadas medidas en todos los niveles del gobierno y las instituciones. Los defensores y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos que trabajan en instituciones oficiales, en coaliciones de promoción y defensa y otras organizaciones no gubernamentales y en las comunidades locales pueden hacer rendir cuentas a un Estado por sus acciones.
Respuesta:
Los Estados han adquirido el compromiso de hacer valer los derechos humanos al firmar y ratificar tratados de derechos humanos y apoyar otros compromisos internacionales. Tienen que cumplir con ese compromiso asegurándose de que las leyes, políticas y programas –incluidos los relativos a la salud sexual y reproductiva– están basados en los derechos humanos y hacen valer la igualdad de género y los derechos de la juventud. Además, los Estados deben garantizar que se respetan y protegen principios fundamentales de derechos humanos como el derecho a no sufrir discriminación, violencia ni coacción y la libertad de creencias y de expresión.
A fin de cumplir plenamente con el compromiso de hacer valer el derecho de todas las personas a la salud sexual y reproductiva sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, los Estados deben tomar determinadas medidas en todos los niveles del gobierno y las instituciones. Los defensores y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos que trabajan en instituciones oficiales, en coaliciones de promoción y defensa y otras organizaciones no gubernamentales y en las comunidades locales pueden hacer rendir cuentas a un Estado por sus acciones.