El concepto de participación ciudadana se refiere normalmente, como hemos expresado a acciones
colectivas, y también se suele referir a las acciones que realizan los ciudadanos respecto de los partidos políticos. Existe, también, y se ha potenciado gracias a las posibilidades de comunicación que
brinda Internet, una participación ciudadana encaminada a que los ciudadanos aporten feedback
constructivo a las Instituciones públicas (Parés, y March, 2013). En este sentido, hay propuestas
como el Modelo para la Evaluación de Procesos Participativos en las Administraciones Públicas
(2014) del Deepartamento de administración pública y justicia del Gobierno vasco, que propone criterios para evalar cómo se producen los procesos participativos en las administraciones públicas.
Desde estas perspectivas, los procesos participativos en las administraciones públicas se entienden
como herramientas para la innovación. De esta manera, algunos de los própósitos de la
participación ciudadana en las administraciones son, según Nabatchi (2012: 12).
1. Informar al público: permitir a los ciudadanos conocer respecto de asuntos, cambios,
recursos y políticas
2. Explorar un asunto: ayudar a los ciudadanos acerca de un problema,
3. Transformar un conflicto: ayudar a resolver desacuerdos y mejorar relaciones entre grupos
4. Obtener feedback, entender las perspectivas de los ciudadanos respecto de un asunto
5. Generar ideas: ayudar a crear nuevas sugerencias y alternativas,
6. Obtener datos: obtener información acerca de las percepciones de los ciudadanos,
preocupaciones, necesidades y valores
7. Identificar problemas: obtener información acerca de ausntos actuales
8. Construir capacidad: mejorar la capacidad de la comunidad respecto de diferentes remas
9. Desarrollar colaboración: juntar personas para solucionar un problema
10. Tomar decisiones: hacer juicios acerca de problemas, alternativas y soluciones
En cuanto a los métodos de participación más comunes son, de acuerdo con Rowe y Frewer (2000:
9), los siguientes:
1. Los referéndums
2. Las consultas de audiencia pública
3. Las encuestas
4. La negociación de reglas
5. La conferencia de consenso
6. El jurado de ciudadanos
7. El comité asesor de ciudadanos y
8. focus groups.
La participación ciudadana respecto de las administraciones públicas se refiere entonces, de manera
principal a respuestas por parte de los ciudadanos ante iniciativas de las propias Instituciones.
De Marco (2013: 191) sitúa como una de las ventajas de los usos políticos de internet, la posibilidad
de poder mantener una relación más ágil y directa con la Administración pública. El investigador
detecta dos categorías de ciudadanos digitales. Una clase A, que aprovecha internet para obtener
beneficios de carácter político y, consecuentemente, para intentar influir en los procesos políticos
según sus preferencias. Una clase B, que se quedará marginada en estos procesos y que tendrá que
aceptar de forma pasiva determinadas decisiones, porque no ha podido participar en su elaboración.
Además, advierte De Marco (2013) de que las herramientas que Internet proporciona para este tipo
de usos se desarrollarán teniendo en cuenta sólo las características de los ciudadanos digitales de
clase A, por ser los únicos que las aprovechan, ralentizando aún más la integración de los
ciudadanos digitales de clase B en los procesos políticos digitales y en sus consecuencias en el
mundo “real”.
Explicación:
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yamilethgarcia50
de nd espero q me des coronita y q te sirva de mucha ayuda ;)
Respuesta:
1.1. Participación ciudadana y administraciones
El concepto de participación ciudadana se refiere normalmente, como hemos expresado a acciones
colectivas, y también se suele referir a las acciones que realizan los ciudadanos respecto de los partidos políticos. Existe, también, y se ha potenciado gracias a las posibilidades de comunicación que
brinda Internet, una participación ciudadana encaminada a que los ciudadanos aporten feedback
constructivo a las Instituciones públicas (Parés, y March, 2013). En este sentido, hay propuestas
como el Modelo para la Evaluación de Procesos Participativos en las Administraciones Públicas
(2014) del Deepartamento de administración pública y justicia del Gobierno vasco, que propone criterios para evalar cómo se producen los procesos participativos en las administraciones públicas.
Desde estas perspectivas, los procesos participativos en las administraciones públicas se entienden
como herramientas para la innovación. De esta manera, algunos de los própósitos de la
participación ciudadana en las administraciones son, según Nabatchi (2012: 12).
1. Informar al público: permitir a los ciudadanos conocer respecto de asuntos, cambios,
recursos y políticas
2. Explorar un asunto: ayudar a los ciudadanos acerca de un problema,
3. Transformar un conflicto: ayudar a resolver desacuerdos y mejorar relaciones entre grupos
4. Obtener feedback, entender las perspectivas de los ciudadanos respecto de un asunto
5. Generar ideas: ayudar a crear nuevas sugerencias y alternativas,
6. Obtener datos: obtener información acerca de las percepciones de los ciudadanos,
preocupaciones, necesidades y valores
7. Identificar problemas: obtener información acerca de ausntos actuales
8. Construir capacidad: mejorar la capacidad de la comunidad respecto de diferentes remas
9. Desarrollar colaboración: juntar personas para solucionar un problema
10. Tomar decisiones: hacer juicios acerca de problemas, alternativas y soluciones
En cuanto a los métodos de participación más comunes son, de acuerdo con Rowe y Frewer (2000:
9), los siguientes:
1. Los referéndums
2. Las consultas de audiencia pública
3. Las encuestas
4. La negociación de reglas
5. La conferencia de consenso
6. El jurado de ciudadanos
7. El comité asesor de ciudadanos y
8. focus groups.
La participación ciudadana respecto de las administraciones públicas se refiere entonces, de manera
principal a respuestas por parte de los ciudadanos ante iniciativas de las propias Instituciones.
De Marco (2013: 191) sitúa como una de las ventajas de los usos políticos de internet, la posibilidad
de poder mantener una relación más ágil y directa con la Administración pública. El investigador
detecta dos categorías de ciudadanos digitales. Una clase A, que aprovecha internet para obtener
beneficios de carácter político y, consecuentemente, para intentar influir en los procesos políticos
según sus preferencias. Una clase B, que se quedará marginada en estos procesos y que tendrá que
aceptar de forma pasiva determinadas decisiones, porque no ha podido participar en su elaboración.
Además, advierte De Marco (2013) de que las herramientas que Internet proporciona para este tipo
de usos se desarrollarán teniendo en cuenta sólo las características de los ciudadanos digitales de
clase A, por ser los únicos que las aprovechan, ralentizando aún más la integración de los
ciudadanos digitales de clase B en los procesos políticos digitales y en sus consecuencias en el
mundo “real”.
Explicación: