Que medidas tomo el Ecuador para enfrentar la crisis financiera afinales del milenio
dannaminayo
Comunicar con precisión a los ciudadanos la magnitud del déficit fiscal así como las fuentes disponibles de financiamiento para lo que resta de 2015 y 2016. También se deberían transparentar los rubros de gastos e inversiones que se verían afectados por el respectivo proceso de “optimización del Estado” anunciado por el gobierno en septiembre.
Que el proceso de elaboración del Presupuesto General del Estado sea más óptimo. Es necesario realizarlo con una metodología de Balance Estructural que —en términos simples— es estimar los ingresos del Gobierno Central, ajustándolos al ciclo económico y al precio promedio de largo plazo del petróleo y, autorizar un gasto público consecuente con dichos ingresos. Esto facilitará la consecución de una mayor sostenibilidad fiscal.
Transparentar la información pública sobre la deuda interna y externa, en especial en lo que se refiere a los contratos de preventa petrolera.
Desistir definitivamente de las iniciativas legales que atenten contra la propiedad individual o que tengan naturaleza confiscatoria, como el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza.
Instaurar una moratoria normativa que detenga el trámite de cualquier cuerpo legal que pueda afectar negativamente reglas en materia tributaria, regulatoria, financiera o monetaria hasta que la coyuntura adversa pase.
Archivar todo tipo de enmiendas constitucionales hasta que la coyuntura económica y los fenómenos naturales —como El Niño— permitan un debate más profundo.
Que el proceso de elaboración del Presupuesto General del Estado sea más óptimo. Es necesario realizarlo con una metodología de Balance Estructural que —en términos simples— es estimar los ingresos del Gobierno Central, ajustándolos al ciclo económico y al precio promedio de largo plazo del petróleo y, autorizar un gasto público consecuente con dichos ingresos. Esto facilitará la consecución de una mayor sostenibilidad fiscal.
Transparentar la información pública sobre la deuda interna y externa, en especial en lo que se refiere a los contratos de preventa petrolera.
Desistir definitivamente de las iniciativas legales que atenten contra la propiedad individual o que tengan naturaleza confiscatoria, como el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza.
Instaurar una moratoria normativa que detenga el trámite de cualquier cuerpo legal que pueda afectar negativamente reglas en materia tributaria, regulatoria, financiera o monetaria hasta que la coyuntura adversa pase.
Archivar todo tipo de enmiendas constitucionales hasta que la coyuntura económica y los fenómenos naturales —como El Niño— permitan un debate más profundo.