La rebelión de los comuneros,[1] también denominada insurrección o levantamiento de los comuneros pero correctamente la revuelta de los comuneros (revuelta significa cambio de leyes no de gobierno), fue un movimiento armado sofocado por la autoridad virreinal, gestado en el Virreinato de la Nueva Granada (actual Colombia) en marzo de 1781, en el marco de las múltiples protestas que se generaron al avance del reformismo borbón en América durante el gobierno de Carlos III. Tuvo su epicentro en la localidad de El Socorro, perteneciente a lo que hoy es el departamento de Santander (Colombia). La insurrección se desencadenó por la implementación de reformas fiscales y económicas en el nivel virreinato que implicaron una mayor carga fiscal sobre la población, el avance sobre ciertos privilegios y exenciones y la restricción del cultivo de tabaco y aguardiente favoreciendo al fabricado en España, lo que afectó sensiblemente a los productores locales. Medidas que alimentaron un clima generalizado de descontento que cristalizó en la insurrección y se dirigió especialmente contra las autoridades locales que implementaron las reformas.[2]
Respuesta:
La rebelión de los comuneros,[1] también denominada insurrección o levantamiento de los comuneros pero correctamente la revuelta de los comuneros (revuelta significa cambio de leyes no de gobierno), fue un movimiento armado sofocado por la autoridad virreinal, gestado en el Virreinato de la Nueva Granada (actual Colombia) en marzo de 1781, en el marco de las múltiples protestas que se generaron al avance del reformismo borbón en América durante el gobierno de Carlos III. Tuvo su epicentro en la localidad de El Socorro, perteneciente a lo que hoy es el departamento de Santander (Colombia). La insurrección se desencadenó por la implementación de reformas fiscales y económicas en el nivel virreinato que implicaron una mayor carga fiscal sobre la población, el avance sobre ciertos privilegios y exenciones y la restricción del cultivo de tabaco y aguardiente favoreciendo al fabricado en España, lo que afectó sensiblemente a los productores locales. Medidas que alimentaron un clima generalizado de descontento que cristalizó en la insurrección y se dirigió especialmente contra las autoridades locales que implementaron las reformas.[2]