Existe en el Paraguay un marco constitucional de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, dicho marco normativo no se ha traducido en las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias para que los pueblos indígenas gocen de sus derechos humanos, en particular de sus derechos fundamentales a la libre determinación y los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Son también preocupantes la falta de acceso a la justicia y la persistencia del racismo y la discriminación.
Se ha constatado una situación de desprotección generalizada de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, vitales para su supervivencia y dignidad, lo cual genera conflictos y violaciones de los derechos humanos. El Gobierno del Paraguay debe considerar la actual situación como una emergencia. Según los datos del III Censo Nacional de Pueblos Indígenas 2012, la población indígena en el Paraguay consta de 115.944 personas (aproximadamente el 2% de la población total del país) y vive en 13 departamentos, tanto en la región Oriental como en el Chaco y en la ciudad de Asunción[1]. El III Censo identifica 19 pueblos indígenas pertenecientes a cinco familias lingüísticas: guaraní (aché, avá guaraní, mbya guaraní, paï tavytera, guaraní ñandeva, guaraní occidental), maskoy (toba maskoy, enlhet norte, enxet sur, sanapaná, angaité, guaná), mataco mataguayo (nivaclé, maká, manjui), zambuco (ayoreo, yvytoso, tomáraho) y guaicurú (qom). Habitan en 493 comunidades y 218 aldeas o barrios, que suman un total de 711 entidades. De dichas 493 comunidades indígenas, el 86,2% tiene personería jurídica.
7. Durante la conquista y colonización españolas del territorio del actual Paraguay, iniciadas en el siglo XVI, la población indígena se vio tremendamente mermada, especialmente en la región Oriental. La colonización del Chaco se intensificó en el siglo XIX. Desde la independencia del país en 1811, sucesivos regímenes autoritarios adoptaron medidas confiscatorias que obviaban los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos. En 1918 el Gobierno comenzó a adoptar medidas para incentivar la migración extranjera ofreciendo tierras. En los años 20, se produjo la llegada de inmigrantes menonitas que se asentaron sobre territorios indígenas y convirtieron a los indígenas en trabajadores de sus colonias, con el apoyo de una legislación que les otorgaba privilegios.
8. Bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), los pueblos indígenas se vieron masivamente despojados de tierras y sufrieron violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, incluidos ataques civiles y militares contra los aché, ayoreo, maskoy y toba qom, ejecuciones extrajudiciales y secuestro de los niños indígenas de sus familias, documentadas por la Comisión de Verdad y Justicia, que trabajó entre 2003 y 2008 para esclarecer los crímenes cometidos bajo la dictadura[2]. Según la Comisión, algunas de estas prácticas continuaron durante la transición democrática.
9. En los años 70, los pueblos indígenas comenzaron a organizarse para la defensa de sus derechos e intereses en el nivel regional y nacional y se consolidaron diferentes organizaciones y articulaciones indígenas. Con la llegada de la democracia, el Paraguay adoptó en 1992 una nueva Constitución que reconoce la preexistencia y derechos de los pueblos indígenas, aunque las medidas legislativas, administrativas y de políticas públicas adoptadas han resultado insuficientes para hacer efectivo dicho reconocimiento.
Existe en el Paraguay un marco constitucional de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, dicho marco normativo no se ha traducido en las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias para que los pueblos indígenas gocen de sus derechos humanos, en particular de sus derechos fundamentales a la libre determinación y los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Son también preocupantes la falta de acceso a la justicia y la persistencia del racismo y la discriminación.
Se ha constatado una situación de desprotección generalizada de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, vitales para su supervivencia y dignidad, lo cual genera conflictos y violaciones de los derechos humanos. El Gobierno del Paraguay debe considerar la actual situación como una emergencia. Según los datos del III Censo Nacional de Pueblos Indígenas 2012, la población indígena en el Paraguay consta de 115.944 personas (aproximadamente el 2% de la población total del país) y vive en 13 departamentos, tanto en la región Oriental como en el Chaco y en la ciudad de Asunción[1]. El III Censo identifica 19 pueblos indígenas pertenecientes a cinco familias lingüísticas: guaraní (aché, avá guaraní, mbya guaraní, paï tavytera, guaraní ñandeva, guaraní occidental), maskoy (toba maskoy, enlhet norte, enxet sur, sanapaná, angaité, guaná), mataco mataguayo (nivaclé, maká, manjui), zambuco (ayoreo, yvytoso, tomáraho) y guaicurú (qom). Habitan en 493 comunidades y 218 aldeas o barrios, que suman un total de 711 entidades. De dichas 493 comunidades indígenas, el 86,2% tiene personería jurídica.
7. Durante la conquista y colonización españolas del territorio del actual Paraguay, iniciadas en el siglo XVI, la población indígena se vio tremendamente mermada, especialmente en la región Oriental. La colonización del Chaco se intensificó en el siglo XIX. Desde la independencia del país en 1811, sucesivos regímenes autoritarios adoptaron medidas confiscatorias que obviaban los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos. En 1918 el Gobierno comenzó a adoptar medidas para incentivar la migración extranjera ofreciendo tierras. En los años 20, se produjo la llegada de inmigrantes menonitas que se asentaron sobre territorios indígenas y convirtieron a los indígenas en trabajadores de sus colonias, con el apoyo de una legislación que les otorgaba privilegios.
8. Bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), los pueblos indígenas se vieron masivamente despojados de tierras y sufrieron violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, incluidos ataques civiles y militares contra los aché, ayoreo, maskoy y toba qom, ejecuciones extrajudiciales y secuestro de los niños indígenas de sus familias, documentadas por la Comisión de Verdad y Justicia, que trabajó entre 2003 y 2008 para esclarecer los crímenes cometidos bajo la dictadura[2]. Según la Comisión, algunas de estas prácticas continuaron durante la transición democrática.
9. En los años 70, los pueblos indígenas comenzaron a organizarse para la defensa de sus derechos e intereses en el nivel regional y nacional y se consolidaron diferentes organizaciones y articulaciones indígenas. Con la llegada de la democracia, el Paraguay adoptó en 1992 una nueva Constitución que reconoce la preexistencia y derechos de los pueblos indígenas, aunque las medidas legislativas, administrativas y de políticas públicas adoptadas han resultado insuficientes para hacer efectivo dicho reconocimiento.