La Constitución liberal de 1853 dio paso a una dinámica de unificación de las provincias que pronto redundó en la creación de Estados federales soberanos, empezando por Panamá1. Bajo el gobierno conservador de Ospina Rodríguez (1858), el federalismo fue ratificado como ordenamiento constitucional por una convención bipartidista. Al poco tiempo, en 1859, sectores liberales se levantaron contra el gobierno de Ospina por considerar que algunas de sus disposiciones vulneraban la soberanía de los Estados, que reasumieron su soberanía y establecieron pactos de unión federal (1861), luego ratificados en la Convención de Rionegro2. La Constitución de 1863, signada por el exclusionismo liberal, instauró un régimen federal radical acompañado de los más amplios derechos y garantías individuales y la limitación de los poderes del gobierno central para intervenir en los Estados. Esta forma de gobierno estaría vigente hasta 1885, cuando otra guerra civil permitió la instauración de un régimen centralista bajo la Constitución de 1886.
Pese a la "hegemonía liberal" y a la conflictividad que caracterizó el período comprendido entre 1853 y 18863, es sorprendente el acuerdo que existió entre los actores protagónicos del proceso político sobre la pertinencia del federalismo, principio prácticamente incuestionable. Si bien el principal soporte del federalismo fue el ala radical del Partido Liberal, cuando su hegemonía fue cuestionada en 1875, una de las acusaciones de los nuñistas, sus principales opositores, era que no respetaban la soberanía de los Estados, lo que quiere decir que no tenían un desacuerdo fundamental con el federalismo4. Empero, todas las fracciones liberales habían manifestado la necesidad de fortalecer el poder del gobierno federal para permitir que interviniera en asuntos de orden público de los Estados. Si no lo hicieron, fue por la dificultad de conciliar diversos intereses en pugna y los excesivos requisitos para la enmienda de la Constitución de 1863. Por su parte, ciertas fracciones del Partido Conservador aceptaron el federalismo cuando podían controlar uno o más Estados soberanos como Antioquia, y más adelante Tolima y Cundinamarca5. Sólo en 1878 el Partido Conservador se pronunció explícitamente en contra del federalismo, pero los conservadores antioqueños mantendrían una posición independiente y favorable hacia éste6. Incluso Núñez, pese a su insistencia en que las naciones civilizadas iban
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La Constitución liberal de 1853 dio paso a una dinámica de unificación de las provincias que pronto redundó en la creación de Estados federales soberanos, empezando por Panamá1. Bajo el gobierno conservador de Ospina Rodríguez (1858), el federalismo fue ratificado como ordenamiento constitucional por una convención bipartidista. Al poco tiempo, en 1859, sectores liberales se levantaron contra el gobierno de Ospina por considerar que algunas de sus disposiciones vulneraban la soberanía de los Estados, que reasumieron su soberanía y establecieron pactos de unión federal (1861), luego ratificados en la Convención de Rionegro2. La Constitución de 1863, signada por el exclusionismo liberal, instauró un régimen federal radical acompañado de los más amplios derechos y garantías individuales y la limitación de los poderes del gobierno central para intervenir en los Estados. Esta forma de gobierno estaría vigente hasta 1885, cuando otra guerra civil permitió la instauración de un régimen centralista bajo la Constitución de 1886.
Pese a la "hegemonía liberal" y a la conflictividad que caracterizó el período comprendido entre 1853 y 18863, es sorprendente el acuerdo que existió entre los actores protagónicos del proceso político sobre la pertinencia del federalismo, principio prácticamente incuestionable. Si bien el principal soporte del federalismo fue el ala radical del Partido Liberal, cuando su hegemonía fue cuestionada en 1875, una de las acusaciones de los nuñistas, sus principales opositores, era que no respetaban la soberanía de los Estados, lo que quiere decir que no tenían un desacuerdo fundamental con el federalismo4. Empero, todas las fracciones liberales habían manifestado la necesidad de fortalecer el poder del gobierno federal para permitir que interviniera en asuntos de orden público de los Estados. Si no lo hicieron, fue por la dificultad de conciliar diversos intereses en pugna y los excesivos requisitos para la enmienda de la Constitución de 1863. Por su parte, ciertas fracciones del Partido Conservador aceptaron el federalismo cuando podían controlar uno o más Estados soberanos como Antioquia, y más adelante Tolima y Cundinamarca5. Sólo en 1878 el Partido Conservador se pronunció explícitamente en contra del federalismo, pero los conservadores antioqueños mantendrían una posición independiente y favorable hacia éste6. Incluso Núñez, pese a su insistencia en que las naciones civilizadas iban
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