Explicación: créditos a quien corresponda,espero y te sirva
En septiembre de 2017, en México se vivieron semanas dramáticas a raíz de dos terremotos que tuvieron gran notoriedad a nivel internacional por lo sucesivo de su ocurrencia y por la destrucción que causaron. Uno tuvo lugar el día 7 en el sur del país con epicentro en la zona de Tehuantepec y fue el de mayor magnitud en los últimos 100 años en México. La agencia de protección civil del gobierno notificó 98 defunciones y más de 120 000 edificios dañados en 4 400 comunidades de los estados de Oaxaca y Chiapas (1). El segundo sismo de septiembre acaeció el día 19 (cuando se cumplían 32 años del fatídico sismo del 19 de septiembre de 1985). Con epicentro en el estado de Morelos, tuvo una magnitud de 7,1, causó 369 defunciones y provocó daños mayores en 1 000 inmuebles que se convirtieron en no aptos para su uso (1).
Antes de estos sucesos y a lo largo de su historia, México se ha caracterizado por ser un país vulnerable a diversos fenómenos hidro-meteorológicos y geofísicos, debido a su ubicación geográfica (2), principalmente la formación de ciclones tropicales en la costa del Pacífico y del Golfo de México (3,4), además de los que se asocian con la inestabilidad de los suelos (5-7). Respecto a la incidencia de desastres en México, Naciones Unidas ha expresado que se encuentra entre los 30 países con mayor exposición a desastres, tres o más, de múltiples magnitudes al año (8). Entre los desastres históricos que han tenido efectos devastadores en este país destaca el tsunami de 1932, que afectó a las costas del Océano Pacífico de Nayarit, Jalisco y Colima, en el cual se notificaron decenas de defunciones y alrededor de 1 500 personas afectadas (5). En septiembre de 1985, México registró uno de los terremotos más devastadores de su historia, que afectó a los estados de Colima, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Morelos, Veracruz y México. En ese desastre se estimaron 9 500 defunciones, 10 000 personas afectadas con lesiones mayores y unas 20 000 personas con lesiones menores (9).
Todo ello da cuenta de que en México los fenómenos catastróficos ocurren con frecuencia (10) y con resultados que afectan directamente a las poblaciones vulnerables. Por estas razones se considera necesario abordar este problema para indagar en profundidad las consecuencias sanitarias y sociales de estos desastres. Esta información es necesaria para diseñar políticas de gestión de riesgos orientadas a proteger a las poblaciones afectadas por los efectos de los desastres.
Entre 1991 y 2010, el impacto de los desastres registrados en países pobres provocó una pérdida financiera de alrededor de 840 mil millones de dólares, además de que, en el mismo período, sólo 0,4% de los 3,3 billones de dólares que se destinaron a ayuda humanitaria se utilizaron para la prevención y la reducción de riesgos. Por otra parte, durante la década de 1990 y la primera mitad de la década de 2000, cada año hubo en el mundo un promedio de 570 desastres que afectaron a 260 millones de personas y causaron 67 000 defunciones (11).
En la esfera de la salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las situaciones de emergencias y las catástrofes pueden aumentar el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles en las comunidades afectadas, ya que la población puede compartir condiciones insalubres o consumir agua contaminada en situaciones de evacuación (12). Dados los efectos negativos que diferentes fenómenos pueden tener en los sistemas de salud locales, los procesos de mitigación y prevención son de gran importancia. Se ha demostrado que es menos costoso invertir en la prevención que en el desembolso posterior a los desastres (13).
Los objetivos de este estudio fueron caracterizar los patrones de ocurrencia de desastres, las defunciones y la población afectada y el patrón de daños económicos según los tipos de desastres en México en el período 1900-2016. Estos objetivos se justifican porque la información que aporte este estudio constituye un insumo fundamental para que las instituciones con responsabilidades en el tema elaboren políticas y acciones concretas tendientes a la reducción de desastres.
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Explicación: créditos a quien corresponda,espero y te sirva
En septiembre de 2017, en México se vivieron semanas dramáticas a raíz de dos terremotos que tuvieron gran notoriedad a nivel internacional por lo sucesivo de su ocurrencia y por la destrucción que causaron. Uno tuvo lugar el día 7 en el sur del país con epicentro en la zona de Tehuantepec y fue el de mayor magnitud en los últimos 100 años en México. La agencia de protección civil del gobierno notificó 98 defunciones y más de 120 000 edificios dañados en 4 400 comunidades de los estados de Oaxaca y Chiapas (1). El segundo sismo de septiembre acaeció el día 19 (cuando se cumplían 32 años del fatídico sismo del 19 de septiembre de 1985). Con epicentro en el estado de Morelos, tuvo una magnitud de 7,1, causó 369 defunciones y provocó daños mayores en 1 000 inmuebles que se convirtieron en no aptos para su uso (1).
Antes de estos sucesos y a lo largo de su historia, México se ha caracterizado por ser un país vulnerable a diversos fenómenos hidro-meteorológicos y geofísicos, debido a su ubicación geográfica (2), principalmente la formación de ciclones tropicales en la costa del Pacífico y del Golfo de México (3,4), además de los que se asocian con la inestabilidad de los suelos (5-7). Respecto a la incidencia de desastres en México, Naciones Unidas ha expresado que se encuentra entre los 30 países con mayor exposición a desastres, tres o más, de múltiples magnitudes al año (8). Entre los desastres históricos que han tenido efectos devastadores en este país destaca el tsunami de 1932, que afectó a las costas del Océano Pacífico de Nayarit, Jalisco y Colima, en el cual se notificaron decenas de defunciones y alrededor de 1 500 personas afectadas (5). En septiembre de 1985, México registró uno de los terremotos más devastadores de su historia, que afectó a los estados de Colima, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Morelos, Veracruz y México. En ese desastre se estimaron 9 500 defunciones, 10 000 personas afectadas con lesiones mayores y unas 20 000 personas con lesiones menores (9).
Todo ello da cuenta de que en México los fenómenos catastróficos ocurren con frecuencia (10) y con resultados que afectan directamente a las poblaciones vulnerables. Por estas razones se considera necesario abordar este problema para indagar en profundidad las consecuencias sanitarias y sociales de estos desastres. Esta información es necesaria para diseñar políticas de gestión de riesgos orientadas a proteger a las poblaciones afectadas por los efectos de los desastres.
Entre 1991 y 2010, el impacto de los desastres registrados en países pobres provocó una pérdida financiera de alrededor de 840 mil millones de dólares, además de que, en el mismo período, sólo 0,4% de los 3,3 billones de dólares que se destinaron a ayuda humanitaria se utilizaron para la prevención y la reducción de riesgos. Por otra parte, durante la década de 1990 y la primera mitad de la década de 2000, cada año hubo en el mundo un promedio de 570 desastres que afectaron a 260 millones de personas y causaron 67 000 defunciones (11).
En la esfera de la salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las situaciones de emergencias y las catástrofes pueden aumentar el riesgo de brotes de enfermedades transmisibles en las comunidades afectadas, ya que la población puede compartir condiciones insalubres o consumir agua contaminada en situaciones de evacuación (12). Dados los efectos negativos que diferentes fenómenos pueden tener en los sistemas de salud locales, los procesos de mitigación y prevención son de gran importancia. Se ha demostrado que es menos costoso invertir en la prevención que en el desembolso posterior a los desastres (13).
Los objetivos de este estudio fueron caracterizar los patrones de ocurrencia de desastres, las defunciones y la población afectada y el patrón de daños económicos según los tipos de desastres en México en el período 1900-2016. Estos objetivos se justifican porque la información que aporte este estudio constituye un insumo fundamental para que las instituciones con responsabilidades en el tema elaboren políticas y acciones concretas tendientes a la reducción de desastres.