Desde la reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al sufragio, se entendió que la mera igualdad formal era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político.
Este clásico de FAL (vol. 11, núm. 1) argumenta a favor de seguir desarrollando acciones afirmativas para lograr una mayor equidad de género en el espacio público dada la importancia que tienen las mujeres en la participación ciudadana.
En nuestro país, la reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres el derecho al sufragio constituye uno de los acontecimientos más importantes para buscar la equidad de género en la vida política. Con el reconocimiento a nivel federal del derecho de voto a las mujeres, se vivió un gran avance democrático que generó una situación de igualdad constitucional. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que las mujeres siguieron enfrentándose a una serie de obstáculos que las ponían en desventaja frente a los hombres cuando intentaban participar activamente en la vida pública del país. Se entendió entonces que la mera igualdad formal era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político y, de esta forma, comenzaron a concebirse acciones afirmativas para perseguir esa equidad.
En 1993, por ejemplo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) recomendaba que los partidos «promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida política del país». Esta disposición no dejaba de ser una mera declaración de buena voluntad, pero, a pesar de ello, el hecho de que por primera vez se buscara abrir el camino a la reivindicación electoral del voto pasivo de las mujeres en un ordenamiento federal tuvo efectos positivos. Prueba de lo anterior es que, en la lvi Legislatura, el porcentaje de mujeres pasó del 8% a casi un 14% de participación en la Cámara de Diputados, y del 4% a un 13% en la Cámara de Senadores. No obstante, por muy diversas causas, el interés por el voto pasivo de las mujeres fue perdiendo su impulso inicial y no fue sino hasta 1996 cuando este tema se volvió a situar en el centro de la discusión de los partidos políticos, a través del establecimiento de cuotas de género. Ese año se aprobó una reforma en la que se señalaba que, en sus estatutos, los partidos políticos considerarían que las candidaturas a diputados y senadores para un mismo género no excedieran el 70% del total.
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Son muy importantes, porque sin ellas no existieramos aparte de que algunas mujeres son presidentas, astronautas, doctoras, maestras, directoras, etc
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espero te sirva si es así me puedes dar coronita o seguirme aqui en brainly y en tiktok: luna._.edits._.ff
Respuesta:
La participación política de las mujeres mexicanas
1 NOVIEMBRE, 2013 • ARTÍCULOS, DEL ARCHIVO, LATINOAMÉRICA, PORTADA • VISTAS: 134045
Archivo 20
avatarDefault María Macarita Elizondo Gasperín
Noviembre 2013
Desde la reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al sufragio, se entendió que la mera igualdad formal era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político.
Este clásico de FAL (vol. 11, núm. 1) argumenta a favor de seguir desarrollando acciones afirmativas para lograr una mayor equidad de género en el espacio público dada la importancia que tienen las mujeres en la participación ciudadana.
En nuestro país, la reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres el derecho al sufragio constituye uno de los acontecimientos más importantes para buscar la equidad de género en la vida política. Con el reconocimiento a nivel federal del derecho de voto a las mujeres, se vivió un gran avance democrático que generó una situación de igualdad constitucional. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que las mujeres siguieron enfrentándose a una serie de obstáculos que las ponían en desventaja frente a los hombres cuando intentaban participar activamente en la vida pública del país. Se entendió entonces que la mera igualdad formal era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político y, de esta forma, comenzaron a concebirse acciones afirmativas para perseguir esa equidad.
En 1993, por ejemplo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) recomendaba que los partidos «promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida política del país». Esta disposición no dejaba de ser una mera declaración de buena voluntad, pero, a pesar de ello, el hecho de que por primera vez se buscara abrir el camino a la reivindicación electoral del voto pasivo de las mujeres en un ordenamiento federal tuvo efectos positivos. Prueba de lo anterior es que, en la lvi Legislatura, el porcentaje de mujeres pasó del 8% a casi un 14% de participación en la Cámara de Diputados, y del 4% a un 13% en la Cámara de Senadores. No obstante, por muy diversas causas, el interés por el voto pasivo de las mujeres fue perdiendo su impulso inicial y no fue sino hasta 1996 cuando este tema se volvió a situar en el centro de la discusión de los partidos políticos, a través del establecimiento de cuotas de género. Ese año se aprobó una reforma en la que se señalaba que, en sus estatutos, los partidos políticos considerarían que las candidaturas a diputados y senadores para un mismo género no excedieran el 70% del total.