El estudio de la política de México debe considerar el hecho de que los Estados Unidos Mexicanos (el nombre oficial de ese país) son una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta por Estados libres y soberanos (y estos, a su vez, por municipios) en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, la capital del país, unidos en una federación establecida según los principios de su Constitución. De acuerdo con esta ley fundamental, la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo, y es este el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes: el Ejecutivo (Presidente), el Legislativo (Congreso de la Unión) y un Poder Judicial, depositado en distintas instituciones, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia.[1][2][3][4]
La representatividad del poder público se deposita principalmente en un sistema multipartidista, donde los partidos políticos son el principal ente de participación ciudadana, todo ello regulado por instituciones electorales autónomas (Instituto Nacional Electoral, Tribunal electoral y Fiscalía electoral), no obstante lo cual, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 74 por ciento de los mexicanos consideran que el sistema electoral de su país no es transparente, y desconfían de los resultados oficiales.[5][6][7] El sistema político mexicano incluye órganos autónomos que sirven de contrapeso en áreas específicas (Fiscalía General de la República, CNDH, Auditoría Superior, Banco de México, INEGI, Cofece, IFT e INAI).
Respuesta:
El estudio de la política de México debe considerar el hecho de que los Estados Unidos Mexicanos (el nombre oficial de ese país) son una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta por Estados libres y soberanos (y estos, a su vez, por municipios) en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, la capital del país, unidos en una federación establecida según los principios de su Constitución. De acuerdo con esta ley fundamental, la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo, y es este el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes: el Ejecutivo (Presidente), el Legislativo (Congreso de la Unión) y un Poder Judicial, depositado en distintas instituciones, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia.[1][2][3][4]
La representatividad del poder público se deposita principalmente en un sistema multipartidista, donde los partidos políticos son el principal ente de participación ciudadana, todo ello regulado por instituciones electorales autónomas (Instituto Nacional Electoral, Tribunal electoral y Fiscalía electoral), no obstante lo cual, según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 74 por ciento de los mexicanos consideran que el sistema electoral de su país no es transparente, y desconfían de los resultados oficiales.[5][6][7] El sistema político mexicano incluye órganos autónomos que sirven de contrapeso en áreas específicas (Fiscalía General de la República, CNDH, Auditoría Superior, Banco de México, INEGI, Cofece, IFT e INAI).