La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia.
En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República (S.XIX) hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz.
Que Colombia sea el país más conflictivo de Latinoamérica se debe a la inseguridad ciudadana. Así lo afirman las conclusiones del Índice de Paz elaborado por el Institute for Economics and Peace, que analiza 162 Estados y encuentra que Colombia obtiene el puesto 150, lo que le deja más atrás que México (138), Venezuela (129), Perú (119), Brasil (91) o Chile (30).
Son cuatro escalones de descenso para Colombia con respecto al anterior ranking, y en el resultado pesó especialmente el sector sociedad y seguridad, que obtiene una puntuación de 3,4 sobre 5. Los otros dos factores, militarización y conflictos domésticos nacionales e internacionales, se quedan más lejos del máximo al cifrarse en 1,7 y 2,4 sobre 5, respectivamente.
El problema es de imagen, pero también de gasto, pues esta inseguridad tuvo un costo nacional de US$50.670 millones en 2013, lo que equivale a 13,52% de su Producto Interno Bruto (PIB) ese año. México, el país más cercano, invierte en seguridad hasta US$172.785 que suponen 9,4% de su PIB.
“Obviamente es relevante, pero hay que ponderar que si se adelante el proceso de paz ese gasto se usará a futuro para financiar la paz, por lo que se mantendrá. El conflicto requiere no solo inversión militar, sino educación y salud como costos adicionales”, explicó Juan Camilo Rojas, analista internacional de Credicorp Capital.
La financiación para atajar estos problemas resta recursos a áreas que resultan imprescindibles para garantizar la competetitividad entre los vecinos regionales, que no derivan cantidades tan elevadas. Dentro de la Alianza del Pacífico (AP), Chile destina US$12.500 millones, cantidad ínfima para su tamaño. Perú desvió US$15.470 millones para combatir la violencia e incluso Venezuela, con US$41.135 millones, permanece alejada de Colombia.
Mientras, el reporte recuerda que el impacto de la violencia en el mundo ascendió en 2013 a US$9.800 billones, lo que representa 11,3% del PIB global, o, si se prefiere, US$1.350 por persona.
Liderando el ranking se encuentran Islandia, Dinamarca y Austria. Los europeos son preponderantes en los 20 primeros puestos, al mantener sus tres elementos por debajo de 1,5 sobre 5 en promedio. A la contra, Sudán del Sur, Afganistán y Siria cierran la lista, con puntuaciones cercanas a 4 sobre 5.
“Lo obvio es que los recursos se dejan dedicar a temas como infraestructura, pero también se sienten en las áreas rurales y explotaciones mineras, así como actividades petroleras y abastecimiento energético. La suma de todo eso implica una pérdida de recursos importantes”, afirmó César Ferrari, experto en economía de Universidad Javeriana.
Según sus estimaciones, solo la desaparición del conflicto de la guerrilla supondría una aportación a la economía equivalente a 2% del PIB nacional.
Y cuanto más se retrasan determinadas inversiones, más se ralentiza la competitividad en aspectos como infraestructura dentro de la AP, eterna exigencia de exportadores, impotentes frente a los puertos chilenos o la conectividad peruana y mexicana.
Cuando se trata de inseguridad ciudadana, Chile registra 1,9 sobre 5; México puntúa en este apartado 3,2 sobre 5, y Perú, 2,9 sobre 5. Con respecto al año anterior, México y Perú repunta una décima en este segmento, mientras que Chile se mantiene sin cambios.
¿Qué consecuencias tiene esta tendencia para la economía? A nivel local, la seguridad individual en materia de inversión se desvanece, como argumentó Eduardo Sarmiento, director del centro de Investigaciones Económicas (CIE) en la Escuela de Ingeniería Julio Garavito.
“Cuanto existe inseguridad la gente invierte en actividades de corto plazo, como la construcción. Eso puede observarse en la agricultura, donde la inversión es baja, y en la minería, donde la mayoría del flujo corresponde a inversión extranjera”, afirmó Sarmiento.
Así las cosas, lo que se genera es una inestabilidad financiera donde, según este experto, se tiende a colocar los ahorros en el exterior, provocando así un déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos.
Y mientras, a nivel exterior la confianza empeora, tanto para inversionistas extranjeros que conocen el país, como los que no.
“Si ya tienen negocios aquí, les frena la movilidad en las regiones, ya que fuera de las grandes ciudades aumentan los índices de violencia, y eso los frena a expandir su negocio. Para ello buscan asociados en Colombia que asuman el riesgo”, subrayó Rojas.
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Explicación:
La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia.
En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República (S.XIX) hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz.
Respuesta:
Que Colombia sea el país más conflictivo de Latinoamérica se debe a la inseguridad ciudadana. Así lo afirman las conclusiones del Índice de Paz elaborado por el Institute for Economics and Peace, que analiza 162 Estados y encuentra que Colombia obtiene el puesto 150, lo que le deja más atrás que México (138), Venezuela (129), Perú (119), Brasil (91) o Chile (30).
Son cuatro escalones de descenso para Colombia con respecto al anterior ranking, y en el resultado pesó especialmente el sector sociedad y seguridad, que obtiene una puntuación de 3,4 sobre 5. Los otros dos factores, militarización y conflictos domésticos nacionales e internacionales, se quedan más lejos del máximo al cifrarse en 1,7 y 2,4 sobre 5, respectivamente.
El problema es de imagen, pero también de gasto, pues esta inseguridad tuvo un costo nacional de US$50.670 millones en 2013, lo que equivale a 13,52% de su Producto Interno Bruto (PIB) ese año. México, el país más cercano, invierte en seguridad hasta US$172.785 que suponen 9,4% de su PIB.
“Obviamente es relevante, pero hay que ponderar que si se adelante el proceso de paz ese gasto se usará a futuro para financiar la paz, por lo que se mantendrá. El conflicto requiere no solo inversión militar, sino educación y salud como costos adicionales”, explicó Juan Camilo Rojas, analista internacional de Credicorp Capital.
La financiación para atajar estos problemas resta recursos a áreas que resultan imprescindibles para garantizar la competetitividad entre los vecinos regionales, que no derivan cantidades tan elevadas. Dentro de la Alianza del Pacífico (AP), Chile destina US$12.500 millones, cantidad ínfima para su tamaño. Perú desvió US$15.470 millones para combatir la violencia e incluso Venezuela, con US$41.135 millones, permanece alejada de Colombia.
Mientras, el reporte recuerda que el impacto de la violencia en el mundo ascendió en 2013 a US$9.800 billones, lo que representa 11,3% del PIB global, o, si se prefiere, US$1.350 por persona.
Liderando el ranking se encuentran Islandia, Dinamarca y Austria. Los europeos son preponderantes en los 20 primeros puestos, al mantener sus tres elementos por debajo de 1,5 sobre 5 en promedio. A la contra, Sudán del Sur, Afganistán y Siria cierran la lista, con puntuaciones cercanas a 4 sobre 5.
“Lo obvio es que los recursos se dejan dedicar a temas como infraestructura, pero también se sienten en las áreas rurales y explotaciones mineras, así como actividades petroleras y abastecimiento energético. La suma de todo eso implica una pérdida de recursos importantes”, afirmó César Ferrari, experto en economía de Universidad Javeriana.
Según sus estimaciones, solo la desaparición del conflicto de la guerrilla supondría una aportación a la economía equivalente a 2% del PIB nacional.
Y cuanto más se retrasan determinadas inversiones, más se ralentiza la competitividad en aspectos como infraestructura dentro de la AP, eterna exigencia de exportadores, impotentes frente a los puertos chilenos o la conectividad peruana y mexicana.
Cuando se trata de inseguridad ciudadana, Chile registra 1,9 sobre 5; México puntúa en este apartado 3,2 sobre 5, y Perú, 2,9 sobre 5. Con respecto al año anterior, México y Perú repunta una décima en este segmento, mientras que Chile se mantiene sin cambios.
¿Qué consecuencias tiene esta tendencia para la economía? A nivel local, la seguridad individual en materia de inversión se desvanece, como argumentó Eduardo Sarmiento, director del centro de Investigaciones Económicas (CIE) en la Escuela de Ingeniería Julio Garavito.
“Cuanto existe inseguridad la gente invierte en actividades de corto plazo, como la construcción. Eso puede observarse en la agricultura, donde la inversión es baja, y en la minería, donde la mayoría del flujo corresponde a inversión extranjera”, afirmó Sarmiento.
Así las cosas, lo que se genera es una inestabilidad financiera donde, según este experto, se tiende a colocar los ahorros en el exterior, provocando así un déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos.
Y mientras, a nivel exterior la confianza empeora, tanto para inversionistas extranjeros que conocen el país, como los que no.
“Si ya tienen negocios aquí, les frena la movilidad en las regiones, ya que fuera de las grandes ciudades aumentan los índices de violencia, y eso los frena a expandir su negocio. Para ello buscan asociados en Colombia que asuman el riesgo”, subrayó Rojas.