En 2010 la FNCA llevó a cabo este proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos exteriores con el objeto de ofrecer un apoyo argumental al proceso iniciado dentro de Naciones Unidas y en particular al trabajo de la experta independiente Catarina de Albuquerque, sobre la declaración del acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento como derecho humano.
Los objetivos fueron:
A nuestro entender el trabajo a realizar debe:
1 - Clarificar el diagnóstico de la crisis global del agua
En un contexto en el que convergen de tres grandes fallas críticas:
La falla de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos
La falla de inequidad y pobreza
La falla de gobernanza en los servicios básicos de agua y saneamiento.
2 – Categorizar desde un punto de vista ético los diversos usos del agua
Diferenciando lo que podría caracterizarse como:
Agua-vida: vinculada al ámbito de los derechos humanos
Agua-ciudadanía: vinculada al interés general de la sociedad, en un sistema de derechos y deberes ciudadanos
Agua-economía: vinculada a actividades productivas generadoras de riqueza por encima de los niveles básicos de dignidad y suficiencia.
3 – Identificar las claves, responsabilidades y obligaciones públicas que deben garantizar el acceso universal al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
En este punto es esencial comprender la estrecha vinculación que existe entre las dificultades actuales para acceder al agua potable y la crisis de insostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos motivada por muy diversas causas, pero particularmente:
por la falta de sistemas de saneamiento doméstico y urbano
por la falta de control efectivo sobre los vertidos industriales y mineros
por la creciente contaminación difusa de la agricultura
4 – Clarificar la agenda pública, tanto a nivel internacional como nacional, que debe promoverse para crear las condiciones que hagan efectivo el acceso a este derecho.
Clarificados los valores en juego, cuando hablamos de derechos humanos y de acceso universal, el carácter público de las obligaciones que se derivan exige diseñar y asumir una agenda pública que hasta la fecha no existe o es sumamente confusa. Una vez clarificada esta agenda, podrá debatirse mejor el polémico papel de la iniciativa privada.
Respuesta:
En 2010 la FNCA llevó a cabo este proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos exteriores con el objeto de ofrecer un apoyo argumental al proceso iniciado dentro de Naciones Unidas y en particular al trabajo de la experta independiente Catarina de Albuquerque, sobre la declaración del acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento como derecho humano.
Los objetivos fueron:
A nuestro entender el trabajo a realizar debe:
1 - Clarificar el diagnóstico de la crisis global del agua
En un contexto en el que convergen de tres grandes fallas críticas:
La falla de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos
La falla de inequidad y pobreza
La falla de gobernanza en los servicios básicos de agua y saneamiento.
2 – Categorizar desde un punto de vista ético los diversos usos del agua
Diferenciando lo que podría caracterizarse como:
Agua-vida: vinculada al ámbito de los derechos humanos
Agua-ciudadanía: vinculada al interés general de la sociedad, en un sistema de derechos y deberes ciudadanos
Agua-economía: vinculada a actividades productivas generadoras de riqueza por encima de los niveles básicos de dignidad y suficiencia.
3 – Identificar las claves, responsabilidades y obligaciones públicas que deben garantizar el acceso universal al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
En este punto es esencial comprender la estrecha vinculación que existe entre las dificultades actuales para acceder al agua potable y la crisis de insostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos motivada por muy diversas causas, pero particularmente:
por la falta de sistemas de saneamiento doméstico y urbano
por la falta de control efectivo sobre los vertidos industriales y mineros
por la creciente contaminación difusa de la agricultura
4 – Clarificar la agenda pública, tanto a nivel internacional como nacional, que debe promoverse para crear las condiciones que hagan efectivo el acceso a este derecho.
Clarificados los valores en juego, cuando hablamos de derechos humanos y de acceso universal, el carácter público de las obligaciones que se derivan exige diseñar y asumir una agenda pública que hasta la fecha no existe o es sumamente confusa. Una vez clarificada esta agenda, podrá debatirse mejor el polémico papel de la iniciativa privada.
Explicación:
Tiene argumentos, fundamentos y propuestas :)
Dame coronita